GUADALAJARA.- La fotografía de un desahucio ha cambiado por completo la vida de Diego Herchhoren. Este abogado de movimientos sociales y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) será juzgado el próximo 9 de diciembre por difundir las imágenes de un lanzamiento judicial en Guadalajara. La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión.
Los hechos se remontan al 26 de marzo de 2019, cuando una comisión judicial acudía rodeada de agentes de Policía a desalojar una vivienda en ruinas en el barrio guadalajareño del Alamín, propiedad de la institución católica Sociedad San Vicente de Paúl.
En el inmueble residía una pareja de jóvenes, una chica de 17 años y un varón de 19, que habían ocupado el espacio -inhabitado hasta entonces- ante la imposibilidad de encontrar un lugar mejor para cuidar de su bebé, de apenas cinco meses.
El desahucio se hizo por sorpresa, sin notificar previamente a la familia, a la que apenas dieron tiempo de recoger los pocos enseres que guardaban en la vivienda. Tampoco se les ofreció una alternativa habitacional.
Desde los balcones del vecindario, residentes y activistas de la PAH lanzaron gritos de repulsa frente a lo que estaba pasando. Diego comenzó a fotografiarlo todo, con la intención de difundir las imágenes a través de las cuentas y la página web de la plataforma antidesahucios.
Una de las fotografías que se publicaron mostraba los rostros de las dos mujeres y el hombre que formaron parte de la comisión judicial encargada de ejecutar aquel desahucio. Acompañada de la imagen, el mensaje "Recordad estas caras […] Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle". Diego nunca se esperó lo que ocurriría después.
El 4 de abril de 2019, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ordenó la retirada inmediata de las redes y de la página web de la PAH de todas las imágenes y comentarios relacionados con el alzamiento, al ver un posible delito de injurias con publicidad y otro de revelación de secretos.
Una medida cautelar que fue dictada por la titular del Juzgado, Cristina Guerra Pérez, quien también exigía en el auto que los actores implicados se abstuvieran de publicar fotos de la comisión judicial o de realizar comentarios sobre la actuación, amenazando con la imputación de un delito de desobediencia si reincidían.
La PAH decidió borrar el tuit, pero en junio compartió el auto que contemplaba las medidas cautelares y declararon que seguirían fotografiando los "abusos" del Poder Judicial. La Fiscalía no obvió el mensaje y actuó en consecuencia.
El atestado policial que se emitió el mismo día del desahucio señala a Diego como el autor de las imágenes y el responsable de las publicaciones en la cuenta de la PAH de Guadalajara. No lo identificaron en aquel momento, aunque ya era conocido por actuaciones anteriores en otros lanzamientos.
La Fiscalía pide que el activista sea condenado a una pena económica de 10 euros diarios durante un año por el presunto delito de injurias con publicidad o, en el supuesto de no abonar la sanción, a seis meses de prisión. También ven probado el delito de revelación de secretos, por el que solicitan tres años de cárcel, y el de desobediencia grave, por el que el Ministerio Fiscal pide un año de cárcel. En total, se enfrenta a cuatro años y medio de prisión.
Desde la PAH critican que "la respuesta de la Administración" a esta forma de protesta haya sido tan "contundente", y lamentan que "el delito no sea dejar a una familia en la calle, sino señalar a los responsables".
Por su parte, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara considera que con esta acusación se busca "silenciar cualquier vergüenza" del Estado, limitando principios reconocidos en la Constitución Española y en los tratados internacionales, como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Señalan que la actuación se realizó en un lugar abierto al público por parte de la autoridad pública, excepción contemplada en el artículo octavo de la Ley 1/1982 del derecho al honor y a la intimidad personal.
Asimismo, han recordado las declaraciones del ex letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, quien describió los hechos acaecidos como un acto de "censura" y afirmó que "un juez no puede prohibir con carácter general tomar fotos de un tema".
Por ello, la PAH ha lanzado la campaña #NoInformaras, que ha reunido hasta la fecha más de 68.500 firmas a través de change.org, así como un centenar de autoinculpaciones que han sido entregadas al Juzgado encargado del proceso.
En ellas piden la retirada de todos los cargos, ya que, según denuncian, "el ejercicio de un derecho fundamental como lo es informar a la sociedad de hechos graves como es la actuación de agentes estatales dejando sin alternativa habitacional a niños y niñas sin recursos, no puede ser objeto de enjuiciamiento".
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público hace dos años, por la gravedad de las acusaciones que se realizan y "el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del derecho a la información".
A JUICIO POR COMENTAR LA NOTICIA
Diego no es el único encausado a raíz del desahucio del Alamín. El proceso consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, la imputación del autor de las fotografías, y por otro, la de los internautas que compartieron o denunciaron la noticia sobre las medidas cautelares, publicada en PeriódicoCLM.
Un total de 16 personas procedentes de diferentes puntos del país tuvieron que declarar a inicios de año en los juzgados de Guadalajara acusados de un presunto delito de injurias con publicidad contra la magistrada que prohibió la publicación de las fotografías a la PAH.
Los ciudadanos afectados no se conocen entre sí, pero todos han sido investigados previamente por la Brigada provincial de Información de la Policía Nacional que, en un atestado de más de 76 páginas, apuntaba indicios de criminalidad en varias publicaciones que se realizaron a través de Twitter y Facebook.
Desde Antirrepresiva Guadalajara opinan que la "persecución judicial" a Diego y al resto de ciudadanos enjuiciados "es una herida muy grave al derecho a la libertad de expresión", mostrando su preocupación por el "potencial efecto paralizador" que el juicio podría tener sobre aquellas personas que denuncian a la Administración cuando vulnera los derechos humanos.
