GUADALAJARA.- La víspera del juicio contra Diego Herchhoren, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para el que piden cuatro años y medio de cárcel por realizar una fotografía de un desahucio, no ha estado exenta de debate para parte de la sociedad civil y política, que considera el proceso un peligroso precedente contra la libertad de información.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado una concentración a las puertas de los Juzgados de la capital alcarreña a las diez horas del próximo nueve de diciembre, mismo día en el que el activista se tendrá que sentar ante el banquillo de los acusados. El portavoz nacional de la PAH, Paco Morote, ha confirmado su asistencia.
? CONCENTRACIÓN ?
— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) December 2, 2021
? 9 de diciembre
? 10.00h
Lugar: Avenida Mirador del Balconcillo s/N. Puerta del Juzgado (Guadalajara).#Noinformaras pic.twitter.com/7y40XAoRIV
Desde la asociación también han emprendido una campaña en redes sociales para denunciar el caso, han colgado carteles en barios balcones de la ciudad y han conseguido reunir cerca de 70.000 firmas para impedir el encarcelamiento del activista, quien ejerce de abogado para varios movimientos sociales.
Los hechos se remontan al 26 de marzo de 2019, cuando una comisión judicial acudía rodeada de agentes de la Policía Local y Nacional a desalojar una vivienda en ruinas ubicada dentro de un bloque de pisos del barrio del Alamín, propiedad de la sociedad católica San Vicente de Paúl.
En el inmueble residía una pareja de jóvenes, una chica de 17 años y un varón de 19, que habían ocupado el espacio -inhabitado hasta entonces- ante la imposibilidad de encontrar un lugar mejor para cuidar de su bebé, de apenas cinco meses.
El desahucio se realizó por sorpresa y sin notificar previamente a la familia, a la que apenas dieron tiempo de recoger los pocos enseres que guardaban en la vivienda. Tampoco se les ofreció una alternativa habitacional.
En ese contexto, un grupo de activistas protestaron desde las ventanas y Diego fotografió todo lo ocurrido, difundiendo posteriormente las imágenes en las redes sociales y en la página web de la PAH. En una de ellas se podían ver los rostros de los agentes judiciales.
A los pocos días, el Juzgado de Instrucción número uno de Guadalajara ordenó como medida cautelar la retirada de todas las fotografías relacionadas con el alzamiento, al ver un posible delito de revelación de secretos y otro de injurias con publicidad.
La magistrada que dictó el auto, Cristina Guerra Pérez, también exigía a los actores implicados que se abstuvieran de realizar nuevos comentarios sobre el desahucio, amenazando con la imputación de un delito de desobediencia si reincidían.
La PAH decidió borrar el tuit, pero en junio compartió el auto que contemplaba las medidas cautelares y declararon que seguirían fotografiando los "abusos" del Poder Judicial. La Fiscalía no obvió el mensaje y actuó en consecuencia.
El juicio por el desahucio ha llegado a tener trascendencia nacional, llegando a tratarse en el Senado, donde el parlamentario valenciano Carles Mulet ha preguntado al Gobierno central sobre los hechos acontecidos.
En una pregunta escrita, el representante de Compromís en la Cámara Alta recuerda que el próximo diecisiete de diciembre vence el plazo que tiene España para incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo, relativa a la protección de los denunciantes de infracciones del Derecho de la Unión.
Dicho reglamento prohíbe a los estados perseguir o acusar a las personas que denuncien abusos ejercidos por funcionarios de la Administración, y señala la necesidad de "proteger la revelación pública de información", teniendo en cuenta "principios fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación".
En el escrito, el senador de Compromís pregunta al Poder Ejecutivo si va a realizar una "rápida trasposición" del texto comunicatorio, y solicita la modificación del Código Penal para que la Fiscalía deje de emplear el delito de revelación de secretos en casos "de prevalente interés público para la ciudadanía".
Sin embargo, el afectado se muestra pesimista con que Gobierno o las Cortes cumplan con la fecha límite, pese al hecho de que la Unión Europea pueda imponer sanciones millonarias por no hacerlo. "España no tiene ningún interés en incorporar ese derecho porque se sigue protegiendo a quien abusa", sostiene el activista.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público hace dos años, por la gravedad de las acusaciones que se realizan y "el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del derecho a la información".
