TOLEDO.- Alrededor de 9.000 trabajadores en Castilla-La Mancha han visto transformado su contrato temporal en indefinido tras la acción de la Inspección de Trabajo. Un balance que, hasta el 30 de septiembre, incluye los resultados del Plan de Choque de 2021, con la regularización de 5.510 contratos, y la actuación ordinaria del organismo inspector, que sumó la regularización de otros 3.424 contratos.
En total 8.934 personas se han visto beneficiadas de esta actuación, de cuyos datos ha informado en nota de prensa el sindicato Comisiones Obreras. Su secretaria de Acción Sindical, Nunzia Castelli, ha subrayado cómo la realidad que muestran las estadísticas es "incontestable". "No es que lo digamos nosotros en CCOO o que nos lo cuenten los trabajadores y trabajadoras, lo dicen los datos", ha recalcado, "los contratos temporales se usan a menudo para tareas que no cumplen las condiciones de temporalidad, son empleos que deberían ser indefinidos; quien paga las consecuencias es la gente trabajadora que sigue en trabajos precarios, esperando siempre saber si les renuevan o no, con menos posibilidades de defender sus derechos y acceder a condiciones dignas".
Para Castelli este resultado es un indicador más que se contrapone "a los mensajes que ahora lanza la patronal buscando una reforma laboral que permita seguir adelante con los abusos. Con estas evidencias, está más claro que necesitamos derogar la reforma laboral y poner freno a los abusos, los años pasan y han dejado sin argumentos a quienes decían que la reforma laboral iba a hacer un mercado de trabajo más productivo".
Los 5.510 contratos que las empresas castellanomanchegas han transformado en indefinidos tras recibir una carta de la Inspección de Trabajo tienen que ver solamente con dos envíos hechos por el organismo inspector este año, uno a finales de febrero y otro a finales de marzo, explica Castelli.
En este sentido detalla cómo la Inspección hizo un primer envío a empresas donde detectó "algunos supuestos sospechosos de irregularidad", como contratos de obra y servicio en vigor desde hace más de cuatro años, encadenamiento de contratos temporales por más de dos años en un período de dos años y medio, o contratos eventuales por circunstancias de la producción que duran más de un año, entre otros.
El segundo envío afectaba a otros supuestos, "contratos temporales con encadenamiento de más de un año en un período de año y medio".
En total, la Inspección envió 3.685 comunicaciones a empresas de las cinco provincias: 1.313 en Ciudad Real, 1.029 en Toledo, 740 a empresas de Albacete, 413 a empresas de Cuenca y 190 en Guadalajara).
En ese conjunto de empresas contactadas por la Inspección trabajaban 7.579 personas. Las empresas tuvieron un mes para regularizar a sus trabajadores, antes de las actuaciones inspectoras. El resultado fueron esos 5.510 contratos temporales transformados en indefinidos, que se suman a otros 3.424 contratos transformados más merced a la actuación ordinaria de la Inspección. En total, 8.934 contratos en empresas de Castilla-La Mancha han pasado a ser indefinidos tras la detección del posible fraude por parte de la Inspección de Trabajo.
La información de este balance del Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal recoge que fueron las provincias de Cuenca y Albacete donde hubo un mayor porcentaje de contratos transformados en relación a los trabajadores que prestan servicio en las empresas contactadas, un 81,64 por ciento y un 79,65 por ciento respectivamente.
Asimismo, Industrias Extractivas y Actividades Financieras y de Seguros fueron las actividades con mayor volumen de contratos regularizados. "Hay otro dato a tener en cuenta importante, y es que la tasa de transformación es mayor en trabajadoras que en trabajadores, es decir, hay más fraude en la temporalidad que padecen las mujeres", apunta Nunzia Castelli.
Desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha consideran que "no caben excusas" para retrasar una modernización de la legislación laboral que aborde el fraude en la contratación, que incentive empleos estables, y afronte además el necesario control de unas condiciones justas y dignas en el empleo de contratas y subcontratas, incide Castelli, que aludía además al informe sobre temporalidad que CCOO presentó hace pocos días: "Siempre hemos advertido de que vivimos una norma laboral desequilibrada a favor de los intereses de los empresarios, y eso nos ha supuesto una economía menos productiva, y por supuesto vidas precarias para las personas trabajadoras".
