Los trabajadores de estos centros están obligados a realizarse uno o dos test a la semana, según estén o no vacunados.

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a distribuir entre los centros sociosanitarios de la región, tanto públicos como privados, una remesa de 70.000 test rápidos de antígenos para tratar de controlar el aumento de contagios por covid-19 entre los trabajadores de estos recursos asistenciales.

Se trata de una medida acordada hace una semana, cuando se decidía volver a limitar a una por semana las visitas a los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, a que también se establecía la obligatoriedad de realizar pruebas diagnósticas a los trabajadores para evitar contagios entre los residentes.

Quedaba establecido así que aquellos trabajadores que hubieran completado la pauta de vacunación se tendrían que someter a un test de antígenos semanal, mientras que a aquellos no vacunados se les realizaría dos veces por semana. Test rápidos que el Gobierno regional se comprometía a sufragar y hacer llegar tanto a los centros públicos como a aquellos de carácter privado.

Realización de test a los trabajadores que era ratificada, junto al resto de medidas, días después por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, al considerar es todas ellas estaban "justificadas" al tener como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de las personas especialmente vulnerables.

Con esta acción se busca dar cumplimiento a la resolución de medidas preventivas publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el pasado 30 de diciembre por la Consejería de Sanidad para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19. 

Así lo ha afirmado la directora general de Mayores del Gobierno regional, Alba Rodríguez, quien ha asegurado que este reparto de test responde a la prioridad del Ejecutivo de Castilla-La Mancha para continuar con la prevención del virus. "Estamos ante una cepa muy contagiosa. Hemos visto cómo se han incrementado el número de casos en los centros", ha señalado Rodríguez, por lo que "nos parecía extremadamente necesario acotar lo máximo posible el número de contagios dentro de los centros para continuar con esa labor preventiva con el fin de poder devolver la normalidad a los mismos lo antes posible".

En este sentido, cabe destacar cómo en los últimos días los nuevos casos de infección por coronavirus en los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha han vuelto a incrementarse de manera significativa. Así, por ejemplo, desde el pasado jueves (30 de diciembre) se ha pasado de 211 residentes con positivo confirmado a los 405 notificados hasta el lunes. Casos activos que se encuentran ya presentes en 93 centros sociosanitarios.

MEDIDAS PREVENTIVAS VIGENTES

Entre las medidas preventivas en vigor hasta el próximo 17 de enero, cuando se evaluará la pertinencia de su continuidad o modificación en función de la situación sanitaria, se encuentran disposiciones generales como el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad.

La obligatoriedad de la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a las personas trabajadoras de los centros, diferenciando respecto a estas según hayan sido o no vacunadas, está recogida en las medidas de carácter complementario de la mencionada resolución y ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) junto con la limitación de una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas, siendo estos encuentros gestionados mediante cita previa con el centro.