TOLEDO.- Solo el 1,73 por ciento de la población castellanomanchega en situación de riesgo de pobreza fue perceptora de las rentas mínimas de inserción durante el año 2020. De las cerca de 414.000 personas que se considera que se encuentran en esta situación -el 20,2 por ciento del total de la población- tan solo 7.159 tuvieron acceso a estas rentas.
Un dato sensiblemente inferior a la media del conjunto del país, que se sitúa en el 9,03 por ciento de la población en riesgo de pobreza.
Una situación sobre la que ha puesto el foco la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde la que denuncian que mientras que en algunas comunidades como el País Vasco o Navarra llegan al 60 por ciento de la población en situación de riesgo de pobreza, en otras como Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia la cobertura no llega siquiera al 5 por ciento.
Desde la asociación señalan cómo siete comunidades autónomas iniciaban el año marcado por el inicio de la pandemia con el desmantelamiento de las rentas mínimas de inserción, reduciendo el número de personas beneficiarias y recortando el presupuesto "con la coartada del ingreso mínimo vital".
Según esta organización Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja aprovecharon "para hacer caja" en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social.
En este sentido, destacan cómo en 2020 la Comunidad de Madrid fue la que más redujo el número de beneficiarios, con 12.471 personas menos, mientras que Cataluña fue la que mayor aumento experimentó, sumando 42.414 beneficiarios. Por su parte la Comunidad Valenciana fue la que más aumentó la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza, con un 2,72 por ciento más.
Datos extraídos el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020 que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales, según el cual únicamente 9 de cada 100 personas en situación de pobreza se ha beneficiado de estas rentas.
Un porcentaje, señalan desde la asociación, que encubre diferencias "extremas". Y es que, si por una parte destacan dos comunidades autónomas como el País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 61,7 y el 59,6 por ciento, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza como perceptora de estas rentas, en el extremo contrario se sitúan Castilla-La Mancha y Canarias, donde sus porcentajes apenas llegan o están por debajo del 2 por ciento.
Por ello desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales solicitan al Ministerio la simplificación de los procedimientos del impuesto mínimo vital, así como el cumplimiento de la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias y de recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente del país.
Pero también tienen una petición para las comunidades autónomas, a las que instan a que los 1.686 millones que invertían en rentas mínimas se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales; a la lucha contra la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.
En cuanto a la variación de perceptores, el informe destaca el descenso experimentado en la Comunidad de Madrid, donde en el año 2020 se redujo en más de 12.470 personas. Por su parte en Castilla-La Mancha, el descenso en el número de beneficiarios fue de 3.087 personas.
Por otra parte, la cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 15,3 por ciento de la renta media por hogar en el país. Una cuantía "extremadamente baja", señalan, que ha experimentado un descenso de dos puntos respecto a 2019, "condiconado probablemente por la aparición del ingreso mínimo vital".
La Comunidad Valenciana, con un 23,4 por ciento, es la comunidad autónoma cuyos perceptores de renta mínima de inserción perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad.
A continuación se sitúa Extremadura, con unas cuantías superiores al 20 por ciento de la renta media de su territorio.
En el extremo contrario se sitúan Murcia (9,3 por ciento) y Baleares (6,8 por ciento), con unas cuantías "ínfimas" que, "de ninguna manera, permiten a los perceptores garantizar su supervivencia".
En el caso de Castilla-La Mancha la cuantía percibida roza la media del conjunto del país, al ser del 14,9 por ciento.
