Ocho años robando millones de metros cúbicos de agua de un acuífero sobreexplotado para regar sus viñas

Investigadas dos empresas de Cuenca y sus administradores por extracciones ilegales del acuífero de la Mancha Oriental después de que incluso la Confederación Hidrográfica del Júcar les hubiese denegado la autorización.
Imagen de un pozo de riego. — ARCHIVO
photo_camera Imagen de un pozo de riego. — ARCHIVO

CUENCA.- La Guardia Civil ha investigado a los administradores de dos sociedades mercantiles y sus administradores por extraer durante al menos ocho años y de forma ilegal 3,8 millones de metros cúbicos de un acuífero conquense para regar viñedos.

El instituto armado ha informado este miércoles del desarrollo exitoso de la operación Acuin y de otras acciones realizadas en el marco de la operación Mizu II, desarrollada a lo largo del año pasado en todo el territorio nacional, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando se tuvo conocimiento de las captaciones ilegales de agua en el acuífero de la Mancha Oriental, en la Manchuela conquense, donde se estaban utilizando pozos con caudalímetros manipulados.

Entonces, los agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) recabaron informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para determinar si las empresas o sus responsables contaban con la perceptiva concesión administrativa, resultando que ninguna diponía de la autorización pertinente, que había sido denegada por la presidencia de la CHJ tras un informe de incompatibilidad del aprovechamiento con el Plan Hidrológico, al ponerse de manifiesto que la captación se encontraba en un acuífero sobreexplotado.

Para determinar si los pozos se encontraban operativos y los contadores estaban manipulados, los agentes realizaron servicios de vigilancia en 800 hectáreas de parcelas en propiedad de las mercantiles investigadas.

Allí constataron que al menos once parcelas se estaban regando por el método por goteo y localizaron dieciséis pozos con contadores volumétricos en el interior o en el límite de los viñedos.

También comprobaron que los generadores de electricidad, bombas de agua, cuadros de control y otros dispositivos de riego se encontraran a pleno funcionamiento mientras que la lectura de los contadores permanecía inmóvil.

En base a la información obtenida y a las estimaciones realizadas por el Seprona calculan que durante los últimos ocho años el volumen total extraído superaría los 3,8 millones de metros cúbicos y la valoración de daños al dominio público hidráulico de 460.000 euros.

La Benemérita tomó declaración, como investigados no detenidos, a los dos administradores de las empresas implicadas por dos presuntos delitos, uno contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro por defraudación de fluido, mientras que las diligencias se pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Motilla de Palancar.

PIDEN DOCUMENTACIÓN

Un procedimiento judicial en que se personará Ecologístas en Acción de la Manchuela que, tras tener conocimiento de estos hechos "de extrema gravedad", ha solicitado a la CHJ la consideración de parte interesada, y ha pedido que se les aporte "la documentación relativa de estos expedientes por las supuestas ilegalidades cometidas por la apropiación ilegal de aguas subterráneas". 

Según el colectivo, la irregularidad detectada "es la punta del iceberg, que demuestra el descontrol en los usos del agua" y confirma que existen irregularidades, y que se hacen extracciones ilegales y se manipulan caudalímetros "muy frecuentemente" tanto en pequeñas como en grandes explotaciones.

Finalmente, los conservacionistas recuerdan que en repetidas ocasiones han denunciado a la Confederación extracciones ilegales de agua y manipulación de caudalímetros, aunque el organismo de cuenca "reconoce no tener medios actualmente para controlar las irregularidades que se comenten, ya sean en concesiones autorizadas o captaciones ilegales".

MILES DE INFRACCIONES

La campaña de inspecciones realizada por el Seprona a nivel nacional se ha saldado con la investigación y detención de unas 133 personas por la presunta comisión de 98 infracciones penales, en su mayoría delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la defraudación de aguas, relativos a la ordenación del territorio y contra la Administración Pública. Además, se han detectado 2.326 infracciones administrativas.

La mayoría de las construcciones empleadas en los aprovechamientos ilegales, en su mayoría pozos y sondeos, carecían de las medidas de seguridad pertinentes, representando un peligro para la integridad física de las personas o animales.

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel.

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