TOLEDO.- Colectivos sociales de Castilla-La Mancha se han sumado a las movilizaciones convocadas este domingo en rechazo a la reforma planteada desde el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, conocida popularmente como 'ley mordaza'.
Bajo el lema "Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada", la plataforma ciudadana No Somos Delito (que agrupa a organizaciones como Amnistía Internacional, Alianza por el Clima o la PAH) ha exigido que la reforma "responda a unos mínimos" y denuncian que la propuesta "es un maquillaje de la ley vigente, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de los derechos fundamentales".
Las organizaciones adheridas han criticado que "ni el borrador ni las enmiendas presentadas" por los partidos que integran el Gobierno de España proponen "medidas garantistas" para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, el de información o de las personas migrantes.
"El acuerdo no elimina ni modifica en profundidad los aspectos que han supuesto más sanciones para quienes querían protestar pacíficamente", ha alertado Alfonso Sánchez, portavoz de Amnistía Castilla-La Mancha, quien añade que "este es un momento clave para arrancar de una vez todas las mordazas".
En nuestra región, las protestas han estado marcadas por las acciones simbólicas de las organizaciones convocantes. Las concentraciones se han llevado a cabo en la plaza de Zocodover de Toledo, la plaza del Pilar de Ciudad Real, la plaza de la Constitución en Albacete y frente a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.
No Somos Delito ha recordado que, cuando se aprobó la ley mordaza, todos los partidos que estaban en la oposición se comprometieron a derogar o cambiar de forma integral esta norma. Un compromiso que, a su juicio, "está muy lejos de cumplirse".
Entienden que la futura legislación seguirá "amordazando derechos fundamentales" mientras estos sean regulados bajo un procedimiento administrativo "en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, y la administración es juez y parte".
Desde la plataforma exigen que se elimine el artículo 36.6, que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse; y el 37,4, que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad.
En base a estos dos artículos, se impusieron en Castilla-La Mancha unas 28.820 sanciones, más de trece multas por día, desde la entrada de la en vigor de la ley hasta diciembre de 2020. El total de las sanciones impuestas en la comunidad autónoma ha superado los 15 millones de euros.
Las organizaciones reclaman también la eliminación de las infracciones que "criminalizan determinadas situaciones de pobreza", como la sanción por venta ambulante o la infracción específica que multa a trabajadoras sexuales; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial.
En el llamamiento a la movilización se reconocen "algunos avances en las propuestas planteadas en las enmiendas gubernamentales" y citan la propuesta de adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada o la supresión de las infracciones que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, los desórdenes públicos o el escalamiento. Pero, por lo general, para los colectivos adheridos a la movilización las propuestas de reforma son "insuficientes, poco valientes y poco garantistas".
Los colectivos también consideran que está "incompleta" la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada (art. 30.3) y sancionarla (art. 37.1).
