La pandemia empeora la vida de las prostitutas: se contagian el doble que el resto y pierden gran parte de sus ingresos

Las personas prostituidas se han visto obligadas a cambiar los clubes de alterne por los pisos privados y a bajar los precios de sus servicios por la falta de clientes.
La región decretó el cierre de los prostíbulos en agosto de 2020. —SANTI DONAIRE / IN GÉNERO
photo_camera La región decretó el cierre de los prostíbulos en agosto de 2020. —SANTI DONAIRE / IN GÉNERO

TOLEDO.- La pandemia ha cambiado por completo la vida de los habitantes de Castilla-La Mancha, sobre todo en el caso de las personas más vulnerables. Uno de los colectivos más afectados ha sido el de las prostitutas, quienes se han visto obligadas a emprender una transformación radical en su día a día.

Es lo que se desprende del último informe publicado por la asociación In Género, dedicada a la atención integral de personas en contexto de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual, que ha sido presentado esta semana en Toledo.

El estudio en cuestión se centra en las personas atendidas en los 283 lugares de ejercicio de la prostitución que existen en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma con más clubes de alterne del país.

El primer dato relevante que se aprecia en el dossier es el importante aumento de personas prostituidas en la región pasando de las 1.052 personas atendidas por In Género en 2020 a las 1.621 mujeres y hombres del año pasado.

Un factor crucial en este incremento puede haber sido el descenso de las restricciones en la región a medida que se mitigaban los efectos de la pandemia y avanzaba la campaña de vacunación en la población general.

El coordinador de la ONG, Miguel Ángel del Olmo, ha explicado en rueda de prensa que este aumento se debe también al "deterioro social y laboral" en la comunidad autónoma durante los dos últimos años por la covid-19.

"La situación de la covid ha empeorado notablemente la vida de estas personas. Detectamos que las personas que ejercen la prostitución se infectan el doble que aquellas que no. Han empeorado sus condiciones de vida, los servicios que prestan y los precios que pueden exigir porque hay menos clientes, lo que empobrece a las mujeres y pone su vulnerabilidad más alta a todos los niveles", ha lamentado.

Respecto a los géneros, la prostitución -y por extensión, la trata de seres humanos- continúa siendo sinónimo de mujer. Del total de personas ayudadas en 2021 por la asociación, 1.477 eran mujeres cisgénero (91.12 por ciento), 107 mujeres transexuales (6,6 por ciento) y solo 37 eran hombres cis (2,28 por ciento).

En cuanto a los espacios, un cambio importante durante la pandemia ha sido el paso de los clubes de alterne a los pisos. Mientras que el número de locales ha descendido de 83 en 2019 a los 75 del pasado año, los pisos han pasado de 50 a un total de 195.

También se ha realizado la actividad en once casas, todas ellas ubicadas en la provincia de Ciudad Real, y solo en dos espacios al aire libre, correspondientes a los polígonos industriales de Seseña (Toledo) y Talavera de la Reina.

El 55,8 por ciento de las personas que ejercen la prostitución en la comunidad autónoma lo hacen en pisos privados, un 37,1 por ciento en clubes de alterne, un 6,4 por ciento en casas y un 0,7 por ciento en la calle. Ciudad Real y Toledo son las provincias con más prostitución, con un 29,7 y un 29,4 por ciento respectivamente.

La edad media de las personas prostituidas en Castilla-La Mancha es de 36 años, dos años menos que la media nacional. La amplia mayoría de ellas lleva más de tres años ejerciendo la actividad.

Según los datos del estudio, un 94,6 por ciento de estas personas son extranjeras o nacieron en otro país. Principalmente proceden de Colombia (27,2 por ciento), República Dominicana (18,3 por ciento), Paraguay (14,2 por ciento) y Rumanía (9,5 por ciento).

El informe de In Género destaca el crecimiento de mujeres de origen español con respecto a 2020, alcanzando un 5,4 por ciento frente a un 3,8 del año anterior, algo que vinculan a las dificultades económicas del momento.

Venezuela también es un país al alza, pasando de cifras insignificantes a un 7,2 por ciento del total. La asociación lo achaca a la crisis económica, política y social del país caribeño, pero sobre todo a la reciente estrategia de regulación masiva -mediante el reconocimiento de asilo por razones humanitarias- de los venezolanos por parte del Gobierno central.

Un 27,6 por ciento de las personas que ejercen la prostitución en Castilla-La mancha se encuentran en situación administrativa irregular y el 83,6 por ciento están empadronadas. El 82,6 por ciento tienen amplias cargas familiares (entre uno y cinco familiares a su cargo) y un 12 por ciento más de seis  familiares a su cargo.

A la pregunta de si vinieron a España a ejercer la prostitución, un 60,6 por ciento respondió que no frente a un 39,4 por ciento, que sí; y solo un 57,2 por ciento de los encuestados conocen los servicios sociales del país, que los han utilizado en alguna ocasión un 62,8 por ciento.

El coordinador de la asociación ha achacado la dificultad por parte de estas mujeres al acceso sanitario al hecho de que no están empadronadas (un 16,4 por ciento) y al racismo institucional de algunos trabajadores de la administración, que "las rechazan en los centros de salud por ser inmigrantes", inventándose incluso los requisitos.

Ha considerado, además, que la Ley de Extranjería está "obsoleta", una normativa con 22 años de antigüedad que "las atraviesa" porque, según ha dicho, a los tres meses de llegar a España -ya sea de manera regular o irregular- se quedan en un "limbo" porque no pueden legalizar su situación hasta pasados tres años.

VÍCTIMAS DE TRATA

En cuanto a la situación de las víctimas de trata de seres humanos que se ha encontrado la asociación en 2021, solo unas diez personas han sido acompañadas en todo el proceso de denuncia, aunque "hay evidencias" de que podrían ser más.

La trabajadora social Belén Jiménez ha asociado estas cifras tan bajas al hecho de que en España, para ser considerada víctima y entrar a toda la red de recursos, "tienes que poner una denuncia".

Jiménez ha señalado que muchas de las víctimas no se atreven a denunciar "por miedo a poner en peligro a sus familiares en sus países de origen y a su propia vida" y ha denunciado que los recursos públicos de los que deberían disponer "no están diseñados de forma real para las necesidades que ellas tienen".

Por ejemplo, las administraciones ofrecen recursos de vivienda sin dotación económica que "no cumplen" las condiciones necesarias que les dé a ellas "tranquilidad" para dejar de ejercer, y ha exigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que unifiquen los criterios de ejecución de la Ley de Extranjería y considere por igual en todas las provincias las condiciones de trata y explotación sexual.

Otra de las preocupaciones que ha manifestado el coordinador es que a una víctima de trata "no se le puede garantizar el acceso a los recursos ni su propia seguridad" a pesar de que se animen finalmente a denunciar: "Necesitamos que cambie la ley y proteja de manera efectiva a las víctimas, así como desmitificar la inserción de esas personas que han venido engañadas".

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