Page rescata su idea de la fiscalía antiokupación y prepara un censo de vivienda vacía con bancos y fuerzas policiales

Castilla-La Mancha, junto con las entidades bancarias, definirá un protocolo de comunicación contra las okupaciones para agilizar posibles actuaciones, que irían coordinadas con la Delegación del Gobierno.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la reunión este miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los representantes de las entidades bancarias que cuentan con más viviendas vacías en la región. — E. GONZÁLEZ
photo_camera El consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la reunión este miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los representantes de las entidades bancarias que cuentan con más viviendas vacías en la región. — E. GONZÁLEZ

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha recupera su idea de plantear la creación de una fiscalía antiokupación para homogeneizar los trámites en todo el país a la hora de abordar el proceso jurídico, y propone para el territorio autonómico la elaboración de un censo común sobre las viviendas nuevas vacías para mejorar la coordinación en las actuaciones contra la okupación.

Cuestiones que se han puesto sobre la mesa en la reunión que este miércoles ha mantenido el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, con representantes de las entidades bancarias con presencia en Castilla-La Mancha para conocer la hoja de ruta de estas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios, de cara a cooperar en materia de okupación de viviendas.

Un fenómeno ante el que "no podemos mirar hacia otro lado", ha subrayado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante su comparecencia ante los medios para informar de la reunión.

Y aunque las comunidades autónomas no disponen de herramientas "ni legales ni competenciales" para hacer frente a este problema de orden público, que se debe resolver "modificando leyes nacionales, a propuesta del Gobierno de España o del Congreso de los Diputados", Castilla-La Mancha no se limita a esperar con los brazos cruzados.

Así, Hernando ha recordado la proposición de ley planteada para "abordar de una forma más operativa y rápida la okupación", sobre la cual se están manteniendo conversaciones con el Ejecutivo de cara a implementar algunas de esas modificaciones propuestas a través de una iniciativa legislativa nacional.

Una proposición cuyo contenido ha sido compartido hoy con los representantes de las entidades bancarias, los cuales -según ha apuntado Hernando- comparten el "diagnóstico" realizado por el Gobierno regional al considerar que "el principal cuello de botella" se encuentra en la legislación nacional.

Junto a ello también habrían coincidido en el planteamiento realizado por García-Page de cara a llegar a plantear la creación de una fiscalía antiokupación que posibilite que los trámites sean "homogéneos en toda España".

Una idea de la fiscalía antiokupación que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya avanzó en agosto de 2020, cuando durante un debate parlamentario sobre la okupación de vivienda el consejero de Fomento, Nacho Hernando, apuntaba esta iniciativa para tratar de hacer frente a este problema. Señalaba entonces Hernando que esta fiscalía debería estar dotada con recursos materiales y humanos suficientes para combatir la okupación "lo más rápido posible".

Un planteamiento que, sin embargo, no quedó reflejado en el proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas -conocida como ley antiokupación- que se aprobaba en las Cortes regionales en diciembre de 2020 para ser elevada al Gobierno de España.

40.000 VIVIENDAS NUEVAS VACÍAS

Pero al margen de la propuesta de crear una fiscalía específica, durante la reunión ambas partes reafirmaban su compromiso de colaboración, que se materializará en un protocolo -"a definir en las próximas semanas"- en el que quedarán identificados los interlocutores tanto de las entidades financieras como de la Sareb y la comunidad autónoma, estableciendo un mecanismo para poder comunicar "cuándo y dónde" se están produciendo okupaciones, de modo que las entidades financieras "puedan actuar en la medida de lo posible", y si ya se ha producido la okupación, "resolverla".

Por otra parte, también se ha avanzado la intención de convocar a una reunión a los principales fondos de inversión que son "los actuales y auténticos propietarios de vivienda vacía". En total se estima que 40.000 viviendas nuevas son las que "deberían estar en el mercado a precios asequibles, y no vacías, una tentación para quienes hacen de la okupación un negocio".

Así, entre las medidas planteadas se encuentra también la creación de "una especie de censo común", al que tengan acceso tanto las entidades financieras como la comunidad autónoma y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que permita coordinar actuaciones y agilizar la comunicación.

Para ello se va a pedir también una reunión con la Delegación del Gobierno, en la que estén presentes la Guardia Civil y la Policía Nacional, para avanzar en esta línea.

Y es que, ha insistido el consejero de Fomento, aunque la okupación se produce en viviendas, se trata también de un problema de orden público, puesto que "hay mafias, okupas profesionales", por lo que las competencias para hacerles frente escapan del ámbito autonómico.

"Todos tenemos que ser parte de la solución", y si quienes cometen estos delitos están organizados, "nosotros también", ha apostillado.

De momento, según Hernando, en la reunión de hoy las entidades financieras se han comprometido a seguir denunciando todas las okupaciones , así como a comunicar -a través del nuevo canal acordado- las que se produzcan para poder iniciar los trámites judiciales.

En cuanto al parque de vivienda vacía de estas entidades, se va a realizar un diagnóstico por zonas y un plan de actuación, para tratar de movilizar tanto en venta como en alquiler estos activos a precios asequibles. Algo que, han reconocido, será más fácil en aquellas zonas donde hay demanda.

Por último, y tras recordar la política de "tolerancia cero" mantenida por el Gobierno regional, promoviendo también la intervención judicial y los registros como los de Puertollano de hace unas semanas, Hernando ha insistido en que "el mayor escollo" en esta lucha se encuentra en la legislación nacional, puesto que a día de hoy "la pena de cárcel es mayor si roban un móvil de 400 euros que si usurpan una vivienda".

Cuestiones sobre las que considera que no cabe el debate ideológico, ha advertido ante posibles "problemas o complejos" que pudieran tener los socios de Podemos en el Gobierno.

Así, les ha recordado que "es de izquierdas, es progresista" defender la Constitución "entera", puesto que si bien recoge el derecho a una vivienda digna, también lo hace con el derecho a la propiedad privada, precisamente dirigido "al que tiene poco".

En este sentido ha subrayado que "la okupación no ocurre en los barrios más pudientes, sino en los obreros", donde la gente más humilde "tiene que luchar contra la okupación" y los problemas de convivencia, la prostitución o el narcotráfico que la acompaña.

Por ello considera que al acuerdo podría llegarse "cuando Podemos se dé cuenta de que la okupación no es una de sus banderas", sino "uno de los dramas que tiene que sufrir la clase trabajadora en este país".

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