TOLEDO.- El nuevo reglamento de caza en Castilla-La Mancha indigna a partes iguales. El Gobierno regional ha logrado poner en su contra a todas las partes afectadas, cuando trataba de buscar el mayor consenso social y político.
Por un lado, las organizaciones de carácter ambientalista acusan a la Junta de impulsar un "traje a medida" del lobby cinegético, mientras que dicho sector ha anunciado que impugnará ante los tribunales algunas de las medidas recogidas en el texto.
Desde el Partido Animalista (Pacma) critican que el reglamento acerque "peligrosamente" a niños y jóvenes a la violencia contra los animales, además de buscar su fomento entre las mujeres, cuya presencia en el sector es prácticamente inexistente.
En este sentido, destacan cómo el nuevo reglamento otorga un peso especial a la denominada caza social, un programa que pretende acercar la actividad cinegética a toda la población, proporcionando actividades específicas y todo tipo de ayudas de financiación pública.
Sin embargo, desde el colectivo animalista, su presidente, Javier Luna, considera que "acercar este panorama a los más jóvenes puede provocar la normalización del sufrimiento animal entre personas que están en fase de crecimiento y desarrollo intelectual" y opina que "bajo ningún concepto" se puede enseñar a un niño a respetar la naturaleza con un arma en la mano.
"Lo único que la caza puede enseñar sobre la naturaleza es a cómo no tratarla", ha espetado Luna, quien ha abogado por invertir el dinero destinado al fomento de la caza entre niños en "actividades realmente útiles" como la exploración, charlas didácticas, actividades al aire libre o talleres de acercamiento a las diferentes formas de vida del entorno natural.
Desde la formación política animalista lamentan que el reglamento de Castilla-La Mancha no haga referencia alguna "a que han sido los aires de grandeza de los colectivos de cazadores los que han ocasionado brutales pérdidas de biodiversidad", pese a el Parlamento Europeo ha señalado recientemente a la caza como una de las principales causas de su pérdida.
A su vez, explican que se trata de una actividad claramente masculinizada y con escaso relevo generacional, y que, por tanto, contribuye al envejecimiento poblacional, a la baja natalidad y a poblaciones estacionales, que son la gran parte de los desafíos que debe enfrentar el reto demográfico.
En cuanto a la prohibición del empleo de munición con plomo en los montes públicos, lamentan que esta se vaya a postergar hasta el 2025, contaminando el agua y el terreno durante los próximos tres años.
Todo ello ha llevado a la formación a analizar el texto desde el punto de vista legal, para detectar posibles irregularidades, como ya han hecho recientemente en Castilla y León.
Pero si el texto no convence a los animalistas, tampoco lo hace con el sector cinegético. Así, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la asociación de propietarios de cotos (Aproca) han avanzado que impugnarán algunas de las medidas contenidas en el reglamento ante los tribunales.
Una decisión que han tomado a pesar de que la Junta incluyó en el texto 52 de las 69 alegaciones que presentaron durante el proceso de participación ciudadana, y reconocen que el texto "ha mejorado notablemente" con respecto al original.
Las organizaciones del sector cinegético consideran que el reglamento incluye "cuestiones especialmente graves", entre las que destacan la prohibición de los balines de plomo por la falta de una alternativa viable desde el punto de vista económico y de seguridad.
Critican que Castilla-La Mancha sea la "única región de España" que ha impuesto el veto a los perdigones de plomo en los montes públicos, cuando ni siquiera es una medida obligada por parte de las instituciones europeas.
También se quejan de que el nuevo reglamento contemple la obligación de visar los planes de ordenación cinegética, que "incrementará la carga burocrática y contraviene la ley ómnibus", una cuestión que -ya advierten- impugnarán ante los tribunales.
Otras cuestiones que consideran negativas son, por ejemplo, que los nuevos planes deberán incluir la redacción de planes zoosanitarios, el aumento de las distancias de seguridad o medidas tendentes a minimizar los daños en los conejos.
En cualquier caso, consideran que el reglamento debe ser "un texto vivo" que se pueda "adaptar a las necesidades de la propia actividad cinegética" y que -precisan- "pueda corregirse de los posibles desajustes" que se deriven de su aplicación.
Por último, han solicitado una reunión al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, para analizar la implementación del reglamento y pedirle la modificación de la ley regional de Conservación de la Naturaleza, al considerar que "vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia", al atribuir a los titulares de los cotos "la responsabilidad universal de todo lo que ocurra dentro de los mismos".
