TOLEDO.- En solitario se aprobó el pasado mes de febrero su implantación y del mismo modo ha salido adelante este jueves en las Cortes la suspensión de forma indefinida de la aplicación del canon medioambiental contemplado en la ley de Aguas.
Una medida planteada por el Gobierno regional ante la "necesidad" que plantea el contexto económico actual, ante el considerable aumento de la inflación, en un ejercicio de responsabilidad política, mientras que, sin embargo, desde la oposición se reclama la supresión total del impuesto, por lo que su voto ha sido en contra.
Una necesaria suspensión del canon que ha defendido desde la tribuna de oradores el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en el debate de la proposición de ley presentada por el PSOE al respecto.
Tanto el grupo parlamentario popular como el de Ciudadanos han rechazado tanto la toma en consideración como la tramitación por lectura única de la proposición, que sin embargo ha salido adelante con el voto favorable de los 19 diputados socialistas.
Martínez Arroyo ha subrayado la importancia de la ley de Aguas de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha lamentado que los dos partidos de la oposición votaran en contra en febrero al considerar que no era necesaria, a pesar de que supone "cumplir con la normativa europea" y apostar por un modelo de utilización del agua basado en la economía circular.
Asimismo, ha destacado que la normativa pretende garantizar inversiones en materia hidráulica en la región y ha asegurado que el hecho de que se suprima el canon medioambiental no supone que no se vaya a desarrollar, por ejemplo, el Plan de Depuración porque hay más ingresos para ello, si bien ha reconocido que lo hará "más despacio".
El consejero ha acusado a la oposición de hacer "mucha demagogia" con este asunto y en concreto ha preguntado al presidente de los populares, Paco Núñez, quien pidió la suspensión del canon y llegó a presumir de haber "doblegado" al Ejecutivo regional cuando Emiliano García-Page anunció la suspensión de su aplicación, si realmente quieren "suspender o suprimir".
Cabe recordar que cuando el presidente regional anunció esta suspensión, ya planteó la medida como un "paréntesis" en el cumplimiento de la obligación europea, al tiempo que se trabajaba en abrir una negociación con la Unión Europea para que no se aplique, convencido de las posibilidades de hacer cambiar de "perspectiva".
Así, aunque desde el Gobierno regional se defiende la suspensión de la aplicación del canon del agua, también se es "consciente" de que atendiendo a la normativa vigente, tiene que existir.
En esta línea la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, incidía en que la nueva normativa responde al objetivo de "mejorar y optimizar" la gestión del agua, el servicio que se presta y el medio ambiente. Asimismo ha recordado que la Directiva Europea del año 2000 "exigía" actualizar la legislación, algo que todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, ya han hecho, incluidas las gobernadas por los populares y desde hace años cobran ese canon.
Según Abengózar, "hasta un parvulito" entendería que las obras requieren de financiación y que el canon venía a costear también esas infraestructuras, así como el mantenimiento y la conservación de lo ya existente. No obstante, ha recalcado que a la crisis financiera de hace quince años y la pandemia de covid-19, se ha sumado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, provocando todo ello "un momento complicado", ante el cual desde el Ejecutivo castellanomanchego se decidía suspender indefinidamente la aplicación del nuevo canon.
Al margen de esto, la portavoz socialista ha precisado también que si se llegara a aplicar en un momento determinado, Castilla-La Mancha seguiría estando entre las regiones con los precios del agua más bajos (pasaría de 1,25 euros el metro cúbico que cuesta actualmente a 1,50 euros si se aplicara el canon), por lo que ha preguntado a la oposición cómo va a explicar su rechazo a la suspensión del mismo mientras continúe la coyuntura económica actual y desde el Ejecutivo regional se trate de buscar acuerdos y negociar para que esa suspensión pueda llegar a ser "para siempre".
Sin embargo desde el PP la diputada regional Ana Guarinos ha justificado el rechazo de su grupo a la proposición de ley argumentando que la aplicación del canon medioambiental contemplada en la ley de Aguas "no es cosa de Europa, sino del Gobierno de Castilla-La Mancha". A ello se suma el hecho de que frente a lo "urgente e inaplazable" del canon que se planteó en febrero, en poco más de un mes hubiera dejado de serlo y se pudiera suspender su aplicación.
En lo que respecta a la petición de los populares sobre la derogación total de la ley, Guarinos ha señalado que se plantea porque se quiere la supresión del impuesto y de la subida de los cánones de aducción y depuración, y eso supone prácticamente toda la normativa, para poder volver así a la situación anterior. Un objetivo para el que, ya ha adelantado la diputada popular, su grupo volverá a llevar a pleno una iniciativa.
Por su parte desde Ciudadanos, Elena Jaime ha calificado de "deficitaria" la proposición de ley llevada por el PSOE al pleno, ya que considera que se ha hecho "deprisa y corriendo" ante las "ocurrencias" de García-Page, por lo que pedía su retirada y una elaboración "en condiciones" que no solo suspenda sino que suprima "para siempre" el canon del agua.
Asimismo Jaime ha avanzado que desde la formación naranja se trabaja en una proposición de ley en este sentido, que será registrada en el Parlamento autonómico para su debate, aunque en ella no pedirán la derogación de la ley de Aguas como el PP, sino eliminar de manera definitiva "el impuestazo".
