CUENCA.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Ejecutivo central su "profundo desacuerdo" con el proyecto de ley de Bienestar Animal, al considerar que "invade competencias" de las comunidades autónomas.
Un parecer que ha hecho llegar junto a las alegaciones a la propuesta, que consideran "rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural".
Alegaciones cuya presentación ya avanzaba este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras calificar de "urbanita" y carente de lógica el proyecto de ley remitido por el Gobierno central, y sobre las que hoy ha incidido el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro en Jábaga (Cuenca), donde ha asistido al Campeonato Nacional 2022 de Mastín Español.
Martínez Guijarro, quien ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Luis Chamón, y el delegado provincial del a consejería de Fomento, José Ignacio Benito, ha pedido que no se hagan leyes "desde despachos de una gran ciudad y sin conocer la realidad del medio rural", de modo que quienes viven en el medio rural no tengan el sentimiento de "ataque permanente" por parte de los "urbanitas".
Por ello el vicepresidente castellanomanchego ha pedido que el proyecto de ley de Bienestar Animal "se reconduzca" e incorpore las particularidades del medio rural.
En este sentido, Martínez Guijarro ha detallado cómo desde el Gobierno de García-Page no se comparten muchas cuestiones que plantea el texto, como por ejemplo la definición de mascotas para algunos animales. En concreto se trata de los perros de caza, utilizados por el sector cinegético para tal fin, y los cuales según el vicepresidente regional "no son mascotas y por lo tanto no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal". "Tienen que tener una regularización", admite, "pero no esta".
Otro de los planteamientos con los que no está de acuerdo en Ejecutivo castellanomanchego en este proyecto de ley de Bienestar Animal es el relativo a las obligaciones que genera a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos. Una cuestión sobre la que "no plantea la financiación de la prestación de estos servicios".
Así, el vicepresidente regional ha considerado que si el Gobierno de España quiere imponer esas obligaciones a las comundiades autónomas y a los ayuntamientos, "tiene que poner financiación".
