El Gobierno de Page pide una conferencia sectorial en la que cerrar compromisos y soluciones eficaces para la Dependencia

La deuda del Ejecutivo central con Castilla-La Mancha se estima en cerca de 800 millones, por lo que se pide que antes de abordar cualquier nuevo planteamiento, se debe "resolver" la financiación pendiente.
Blanca Fernández y Bárbara García Torijano han informado de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. - JCCM
photo_camera Blanca Fernández y Bárbara García Torijano han informado de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

CIUDAD REAL.- Castilla-La Mancha va a solicitar formalmente la convocatoria de una conferencia sectorial para abordar "compromisos y soluciones eficaces" en relación con la deuda existente en materia de Dependencia y reclamar una "corresponsabilidad financiera" por parte del Gobierno central. Una deuda que en el caso de Castilla-La Mancha se estima asciende ya a cerca de 800 millones de euros.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la comparecencia que ha ofrecido junto a la portavoz regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, que esta semana ha reunido en la localidad ciudadrealeña de Ballesteros de Calatrava.

Allí, tal y como avanzaba este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, el Ejecutivo se reúne durante dos días, en una especie de "ejercicios espirituales", para planificar el uso de los fondos europeos en un escenario de impulso económico y de inversión.

Y es que el tema de la deuda de la Dependencia es una cuestión que "preocupa y ocupa" al Gobierno regional, desde el que consideran que antes de abordar "nuevos acuerdos" sobre esta materia, tal y como se plantea desde el Ministerio de Derechos Sociales, primero se debe resolver la deuda pendiente y después llevar a cabo un estudio económico sobre "en qué pueden derivar los nuevos acuerdos", puesto que su aplicación sin tener esto en cuenta "pondría en serios problemas al sector" y la estabilidad de las plazas residencias en la región.

Una cuestión que ya avanzaba este lunes el jefe del Ejecutivo autonómico, quien criticaba que precisamente estas iniciativas vinieran de quienes "estuvieron escondidos" cuando la pandemia de covid azotó con mayor virulencia a las residencias de mayores.

Hoy García Torijano ha recordado que las cuantías de esta financiación se establecen en función de lo establecido en la ley de Dependencia, mediante un acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en el que se establecen tres niveles: de protección mínimo (se asigna una cantidad dependiendo de los usuarios y las prestaciones); de protección acordado (a través de convenios con criterios de reparto de la población dependiente o la dispersión geográfica), y nivel adicional de protección, con el que reforzar políticas. En este sentido la consejera ha detallado que Castilla-La Mancha en 2011, en el nivel acordado le correspondían 16,8 millones de euros, los cuales al año siguiente el Gobierno del PP a su llegada "se cargó por completo" dejando el nivel mínimo.

Desde entonces esta financiación ha sido asumida por las comunidades autónomas, aportando cada vez más fondos propios para mantener los servicios ya ofrecidos y poder seguir creciendo.

Un contexto en el que el pasado año, por primera vez, se firmaba un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, que permitió fijar el montante total del nivel mínimo y el acordado en 32 millones, financiados al 50 por ciento por el Gobierno central y la comunidad autónoma.

A pesar de este avance, que consideran positivo y agradecen al Ejecutivo central, señalan que "sigue siendo insuficiente", ya que sin la apuesta decidida de la Comunidad Autónoma por la Dependencia "tendríamos que hacer recortes".

Así, desde Castilla-La Mancha se exige al Gobierno de España que sea "corresponsable" y "colabore en hacerse cargo de parte de esa carga" financiera que supone el sistema de la Dependencia.

APUESTA DECIDIDA

Un sistema por el que, pese a la deuda acumulada, Castilla-La Mancha ha decidido apostar, con un compromiso económico procedente de fondos propios, lo cual la ha permitido situarse como la segunda comunidad autónoma con mejores resultados, al obtener una puntuación de 8,1 en el XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. 

Una valoración realizada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que recoge cómo se han conseguido reducir las listas de espera un 39 por ciento, frente al 16 por ciento que se ha hecho de media en el país; se ha reducido el tiempo en el 'limbo' de la Dependencia y se ha conseguido atender a más personas, en total más de 63.000, "casi el doble que en 2015", ha precisado la consejera.

Junto a ello se ha generado más empleo dentro del sistema y el presupuesto destinado se ha incrementado un 57 por ciento, lo cual refleja "el importante esfuerzo del Gobierno regional" en su apuesta por la ley de Dependencia, por la que reclaman que apueste "en igual medida" el Gobierno central.

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