GUADALAJARA.- Penas de cárcel de entre tres y cuatro años para cinco de los veintiún investigados a raíz del incendio de una planta de tratamiento en Chiloeches (Guadalajara) en la que en agosto de 2016 ardieron 20.000 toneladas de residuos peligrosos, generando una nube de humo tóxica y diversos vertidos.
Así lo ha decretado la Audiencia Provincial de Guadalajara, que condena por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a cinco personas relacionadas con las empresas Kuk Medioambiente S.L. y Grupo Layna Gestión de Residuos S.L, encargadas de la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en la planta de tratamiento.
Una macrocausa que se enjuició entre los meses de septiembre y diciembre de 2021, cuya sentencia se ha hecho pública ahora, en cuyo marco también se absuelve de un delito de prevaricación ambiental a otros siete acusados, entre los que se encuentra quien era viceconsejero de Medio Ambiente cuando se produjo el incendio, Sergio David González Egido, así como los demás cargos de la Administración regional que fueron investigados en la causa, varios técnicos y el exalcalde de Chiloeches, César Urrea.
Considera la Audiencia que no hay constancia de que dejaran de cumplir sus obligaciones al tramitar las diferentes solicitudes para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada para el funcionamiento de las instalaciones de Kuk Medioambiente en Chiloeches.
Asimismo no consta que dejaran de realizar su función de control y seguimiento de esta Autorización Ambiental, ni que hubiera trato de favor para beneficiar a las empresas ahora condenadas.
Junto a ellos también se absuelve a otras cinco personas, entre las que se encuentran tres trabajadores de las empresas de gestión de residuos.
El resto de delitos que se enjuiciaban, como falsedad en documento mercantil, participación en grupo criminal, gestión de residuos peligrosos, explotación de instalaciones peligrosas y lesiones imprudentes, no han quedado probados.
De este modo, serán los cinco condenados y las dos empresas las que deberán asumir la indemnización total, que supera los 6,1 millones de euros, para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la actual propietaria de los terrenos en los que se ubicaba la planta de tratamiento.
Concretamente los condenados son F.F.G., quien era el responsable de Kuk Medioambiente, para quien se ha dictado una pena de 4 años y 2 meses de prisión, así como una multa de 6.000 euros e inhabilitación para el ejercicio como administrador o gerente en empresas de tratamiento y gestión de residuos durante un periodo de 2 años y 6 meses.
Asimismo se condena a los tres hermanos Layna Calvo, a 3 años y 11 meses de prisión cada uno, multa de 5.400 euros para cada uno e inhabilitación para el ejercicio como administrador o gerente en empresas e tratamiento y gestión de residuos durante un periodo de 2 años y 3 meses.
El quinto condenado es J.J.G.L., comercial de la planta afectada en el incendio, a quien se condena a 3 años, 6 meses y 1 día de prisión, una multa de 2.886 euros e inhabilitación para el ejercicio como administrador o gerente en empresas de tratamiento y gestión de residuos durante un periodo de 2 años y 1 día.
En lo que respecta a las empresas, Kuk Medioambiente S.L. es condenada a una multa de 36.000 euros y la prohibición de realizar actividades relacionadas con el tratamiento y gestión de residuos durante 2 años, y al Grupo Layna Gestión de Residuos S.L. a una multa de 36.000 euros.
Cabe recordar que la Fiscalía pedía en su escrito de acusación penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para los veintiún investigados, al tiempo que señalaba cómo tras la investigación se ha había determinado que le incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación.
La Audiencia Provincial de Guadalajara considera probado que la planta de tratamiento de residuos propiedad de Kuk Medioambiente S.L. tenía suspendida desde 2013 la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, necesaria para su funcionamiento, y que no disponía tampoco de licencia de apertura. A ello se sumaban importantes deficiencias en sus instalaciones, que habían ocasionado contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas, a pesar de lo cual durante un año subarrendó la actividad a Grupo Layna Gestión de Residuos S.L.
Tiempo durante el cual esta empresa llevó a cabo "de forma consciente y voluntaria" una acumulación "progresiva y descontrolada" de residuos en las instalaciones de la planta de Chiloeches, lo cual ocasionó un vertido de residuos líquidos al terreno colindante.
Asimismo, se considera probado que se realizó un traslado de residuos "sin ningún tipo de control y de manera irregular" con destino a distintos vertederos.
Transcurrido el año, y una vez que Kuk Medioambiente S.L. recuperó la gestión de la planta de tratamiento, continuó en las instalaciones la acumulación sin control de residuos. Algo que siguió produciéndose hasta junio de 2016, cuando fueron clausuradas por el alcalde de Chiloeches.
La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
