TOLEDO.- El Partido Animalista PACMA ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de caza de Castilla-La Mancha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia medidas cautelares al considerar que dichos artículos no son conformes a derecho.
En un comunicado, el presidente del Partido Animalista, Javier Luna, ha exigido al Gobierno regional el cumplimiento de las disposiciones legales de mayor rango que el decreto recurrido y apunta que de aplicarse los artículos cuya nulidad solicitan podría suponer "perjuicios irreparables" en el medio natural y la fauna protegida.
Es este el motivo por el que recurren al TSJ de Castilla-La Mancha para obtener una tutela judicial efectiva que "proteja lo que es de la mayoría de los españoles frente a los intereses de un pequeño grupo de cazadores".
Según explican, de no suspenderse el acto recurrido, "se seguirán cazando especies con presunta comisión de delitos, produciendo daños irreparables que causarán un grave perjuicio, como lo es la muerte y desprotección de la integridad de los animales amparados por la norma supranacional y nacional".
La premisa desde la que ha partido el equipo legal del Partido Animalista ha sido la presunta violación reiterada de los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, al incluirse "especies silvestres comercializables" tanto vivas como huevos, traslado y suelta de "piezas de caza vivas", "sueltas en zona de adiestramiento de perros o cetrería", o "uso de visones", entre otros.
Asimismo, señalan cómo en el reglamento se hace alusión a la captura de animales en zonas protegidas en las que no está permitida la caza, aunque consideran como uno de los puntos más importantes recurridos el relativo a las granjas cinegéticas, ya que "numerosos precedentes jurisdiccionales de nuestros tribunales penales han establecido que únicamente tiene justificación la muerte de animales sanos contemplados en el artículo 337 del Código Penal en caso de sufrimiento por una enfermedad incurable", quedando por tanto fuera de estos supuestos, ya que "el sacrificio o la muerte (caza) de un animal que ha estado bajo el cuidado humano es presuntamente delito".
Esto, señalan, se debe a una puntualización del Código Penal que "ampara a todos aquellos animales domésticos o amansados, o de los que habitualmente están domesticados, o que temporal o permanentemente vive bajo control humano", así como "cualquier animal que no viva en estado salvaje". Por ello aquellos criados en granjas cinegéticas viven bajo control humano, "considerándose, por tanto, animales domésticos, siendo su lesión o matanza un presunto delito".
Desde el Partido Animalista confían en que las medidas cautelares sean contempladas por el TSJ "para evitar la práctica de la caza durante, al menos, el periodo de tramitación del procedimiento judicial".
Concluyen el comunicado señalando que la pretensión final de la formación política es demostrar que el reglamento "no se ajusta a la legalidad" y que la actividad cinegética se estaría practicando en Castilla-La Mancha "de forma irregular, poniendo en peligro la fauna y el ecosistema local".
