CUENCA.- Sin permiso de obras y sin la concesión de aguas, así lleva funcionando desde 2019 una macrogranja en la localidad conquense de Almendros. Una explotación porcina que ahora la Justicia reconoce como 'clandestina' al desestimar el recurso contencioso-administrativo planteado por la empresa promotora contra el Ayuntamiento, tras haber solicitado este una serie de documentación con el fin de constatar si la actividad se ajustaba a la licencia concedida en su día.
Una sentencia que ha hecho pública la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, en la que se encuentra integrada la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA), en la que apuntan que si el pasado 29 de abril era el municipio de Quintanar del Rey el que celebraba la anulación del permiso concedido para la construcción de una macrogranja porcina ya en obras, es ahora el turno de Almendros, donde se logra una nueva victoria contra la ganadería industrial.
Esta sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca, viene a confirmar que la instalación porcina construida en el año 2019 lleva funcionando desde entonces sin los permisos necesarios.
Desde Pueblos Vivos Cuenca recuerdan cómo la asociación denunció en 2020 la puesta en marcha de esta explotación que no contaba con la correspondiente licencia de actividad, ni la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Una situación que se puso en conocimiento del Ayuntamiento de Almendros, así como del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
Asimismo, tanto Ecologistas en Acción, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, y ADERA solicitaron al Consistorio almendruquero la revisión del expediente completo. Se abría de esta forma una investigación en la sección de Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aclarar cómo esta explotación había obtenido el alta en el Regsitro Ganadero (REGA) sin concesión de agua ni licencia de actividad, siendo ambos requisitos imprescindibles.
En este sentido, desde Pueblos Vivos Cuenca apuntan cómo el anterior equipo de gobierno municipal de Almendros "concedió la licencia de obras de esta explotación sobre unos terrenos previamente propiedad del entonces alcalde, Acisclo Jiménez".
Del mismo modo, tal y como se exponía en el proyecto, se establecía que el suministro de agua de la instalación porcina procedería de un pozo de abastecimiento propiedad del Consistorio y que la electricidad llegaría a las instalaciones desde un tendido eléctrico, propiedad también del Ayuntamiento.
Pero además, en 2020, desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana se confirmaba que la explotación no disponía de concesión de aguas. Por ello se iniciaban los expedientes sancionadores por la apertura de un sondeo en la parcela de la explotación, localizada en la masa de agua Lillo-Quintanar-Sierra de Altomira, la cual se encuentra declarada en riesgo de sobreexplotación.
También entonces desde el Ayuntamiento de Almendros se confirmaba que la explotación ganadera no disponía de licencia municipal de actividad. La actual alcaldesa de la localidad, Helena Fernández Castro, del partido independiente PIDA, defiende que "hay que hacer las cosas bien desde el principio", y por ello, siguiendo el criterio de los funcionarios municipales, se consideró "prevaricación" autorizar una licencia de actividad de una obra ejecutada y cuyo fin "no se correspondía con la licencia de obras obtenida".
Por otra parte, desde el colectivo señalan que además de esta explotación porcina, el Ayuntamiento de Almendros también dio luz verde a la instalación de otra macrogranja, con 2.658 cerdas reproductoras y más de 74.000 lechones promovida por ICPOR, del grupo Incarlopsa -precisan en nota de prensa-, así como por la sociedad Ideas de Gestión Porcina S.L., contando la explotación "con los mismos administradores que la sociedad promotora de la instalación porcina de Almendros que funciona clandestinamente".
Un proyecto, recuerdan, que se encuentra actualmente recurrido y pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y que también está proyectado en terrenos que fueron propiedad del antiguo regidor de Almendros.
Un caso el de esta localidad conquense que, sin embargo, "no es aislado", recurdan desde la asociación Pueblos Vivos Cuenca. Explican que han sido "numerosas" las irregularidades por parte de la Administración en la concesión de autorizaciones a las macrogranjas en los últimos años, "tal y como han demostrado los tribunales en proyectos ubicados en Huerta de la Obispalía y en Cañete", o el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el caso de la macrogranja que se construía a 350 metros del pozo que abastece a Quintanar del Rey.
"Sabemos que muchas explotaciones ganaderas se ponen en marcha sin contar con todos los permisos pertinentes", señala la presidenta de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, por lo que "exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ejerza un control efectivo para evitar casos de instalaciones clandestinas como la de Almendros". Desde el colectivo advierten que estarán "vigilantes" y realizarán un seguimiento de cada proyecto.
Y es que, insisten desde la asociación, la oposición al modelo de macrogranja ha ido en aumento. Así, recuerdan que ya son más de 25 los ayuntamientos de la provincia de Cuenca que han aprobado ordenanzas que regulan y limitan el vertido de purines ante el riesgo que suponen de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos.
Además, cinco ayuntamientos han aprobado una suspensión en la concesión de licencias para nuevas macrogranjas, mientras preparan modificaciones en su plan urbanístico que limiten la instalación de este tipo de explotaciones de ganadería industrial.
Desde Pueblos Vivos Cuenca subrayan que esta creciente preocupación por el estado de las aguas se basa en evidencias "cada vez más alarmantes". Recuerdan cómo en 2020 el Sistema de Información nacional de Agua de Consumo (SINAC), dependiente del Ministerio de Sanidad, registró en nueve municipios de la provincia de Cuenca agua no potable en la red de abastecimiento, al superar los 50 mg/l de nitratos.
Asimismo hacen referencia a los datos que se conocían la semana pasada relativos al análisis realizado por la Red Ciudadana de Vigilancia de las aguas subterráneas de la región, según el cual el 63 por ciento estarían contaminadas por nitratos.
