Son 39 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y es imposible mirar hacia otro lado cuando de establecer prioridades políticas se trata.

Acabar con esta continua sangría debe presidir cada iniciativa de cualquier gobierno en cualquier administración, porque los asesinatos y la violencia hacia las mujeres siguen creciendo y los instrumentos con los que contamos para enfrentarnos a su erradicación son insuficientes. Los talleres puntuales, las campañas cada 25N y 8M, en días señalados, o los paraguas violetas, no están dando resultados.

No podemos permanecer impasibles ante una sociedad cada vez más anestesiada frente a la violencia, donde las noticias sobre abusos, agresiones y violaciones de mujeres se incorporan al día a día como algo que sucede sin más. Siempre habíamos confiado en que el avance en los modelos de convivencia traería de la mano la reducción de la violencia hacia las mujeres, pero no está siendo así. Nos seguimos encontramos con violaciones grupales que, además, encogen el alma por la minoría edad de los violadores.

La pornografía campa a sus anchas en cualquier dispositivo móvil como único elemento de educación afectivo-sexual en edades cada vez más tempranas, y así los menores crecen pensando que las relaciones sanas entre iguales se basan en guiones de abuso y sometimiento.

En una sociedad con una administración mojigata que ha ido parando la implantación de una asignatura que, aunque no sirviera para paliar todos los problemas de violencia, podría haber cimentado una educación con cierta visión en igualdad, nos encontramos con que aprovechan la legislación sobre medidas tributarias y administrativas para olvidar, sin fecha, el proyecto estrella de la Ley para una sociedad libre de violencia de Género en Castilla-La Mancha. Se finiquitó la asignatura de Igualdad en Castilla-La Mancha en el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas porque en la disposición final quinta se elimina la obligatoriedad de impartirla en la región.

Así el dinero del Pacto de Violencia y los 5,8 millones que recibirá Castilla-La Mancha para centros de víctimas de violencia sexual no servirán de nada, porque el daño ya estará hecho. Se debe trabajar para transformar este sistema, para que ninguna mujer sufra daño, para que ninguna mujer sea violada o asesinada por una concepción de las relaciones cimentada en la cosificación y el dominio.

Mantenemos la enseñanza de religión en las aulas en los límites máximos que permite la ley, pero no somos valientes para implantar una asignatura llamada a luchar para erradicar todas las violencias contra la mujer. No se atreve el Gobierno regional a comprometerse con las mujeres y los hombres de Castilla-La Mancha para erradicar estas violencias, eso aunque se haya nombrado una consejera de Igualdad sin competencias ni aparato, o se sigan inyectando importantes cantidades de dinero a asociaciones que desarrollan las políticas que debería abordar el Instituto de la Mujer.

Las lágrimas y los minutos de silencio no sirven para dar consuelo si no somos capaces de coordinar iniciativas integrales para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y ya vamos muy tarde para hacer justicia a nuestras hermanas.