GUADALAJARA.- La Fiscalía de Guadalajara va a recurrir la sentencia del incendio de la planta de residuos de Chiloeches, en la cual fueron absueltos los cargos y excargos políticos que habían sido encausados, mientras se condenaba a penas de cárcel a otras cinco personas, relacionadas con las empresas responsables de la gestión de los residuos en la planta de tratamiento.
Una sentencia hecha pública el pasado mes de abril, tras el macrojuicio celebrado entre los meses de septiembre y diciembre de 2021, en la que se absolvía de un delito de prevaricación ambiental a siete acusados, entre los que se encontraban el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente cuando se produjo el incendio, Sergio David González Egido, así como el excalcalde de Chiloeches, César Urrea, y otros cinco cargos de la Administración regional y técnicos que fueron investigados durante la causa.
La Audiencia consideró entonces que no hubo constancia de que todos ellos dejaran de cumplir sus obligaciones al tramitar las diferentes solicitudes para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada para el funcionamiento de las instalaciones de Kuk Medioambiente en la localidad guadalajareña.
Igualmente, también se recogía en la sentencia que no consta que dejaran tampoco de realizar su función de control y seguimiento de la Autorización Ambiental, como tampoco de la existencia de un trato de favor hacia las empresas que, sin embargo, sí fueron condenadas -Kuk Medioambiente S.L. y Grupo Layna Gestión de Residuos S.L.-.
Un incendio del que el próximo mes de agosto se cumplirán 6 años, que provocó una nube de humo tóxica y diversos vertidos procedentes de los residuos que, de manera incontrolada, se almacenaban en la planta de tratamiento. En total ardieron alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos, ocasionando importantes daños ambientales, con los vertidos al río Henares, y se puso en riesgo la salud pública, teniendo que recomendar el confinamiento de la población sensible de la zona.
Pero la Fiscalía de Guadalajara no es la única que ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, en la que cinco de los dieciocho acusados resultaron condenados. Concretamente se condenaba a Francisco Fernández García, quien era el responsable de Kuk Medioambiental, a una pena de 4 años y 2 meses de prisión, así como una multa de 6.000 euros e inhabilitación para el ejercicio como administrador o gerente en empresas de tratamiento y gestión de residuos durante 2 años y medio; a los hermanos Pablo, Sergio y Manuel Amador Layna Calvo, a penas de prisión de 3 años, 6 meses y 1 día, más una multa de 2.886 euros e inhabilitación para el ejercicio como administrador o gerente de empresas de tratamiento de residuos durante dos años; así como a Juan José Gutiérrez de Loma, quien era comercial de la planta afectada por el incendio, al que se condenaba también a 3,5 años de prisión, multa e inhabilitación.
Junto a ellos se condenaba también a las empresa Kuk Medioambiente S.L. a una multa de 36.000 euros y la prohibición de realizar actividades relacionadas con el tratamiento y gestión de residuos durante 2 años, y al Grupo Layna Gestión de Residuos S.L., a una multa de igual importe. Se las considera responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Todos los condenados, de forma conjunta y solidaria, deben indemnizar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 5 millones de euros, a la Confederación Hidrográfica con 22.000 euros y a la entidad Altamira con 1 millón de euros.
La Audiencia Provincial de Guadalajara consideró probado que la planta de tratamiento de residuos propiedad de Kuk Medioambiente S.L. tenía suspendida desde 2013 la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, necesaria para su funcionamiento, y que no disponía tampoco de licencia de apertura. A ello se sumaban importantes deficiencias en sus instalaciones, que habían ocasionado contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas, a pesar de lo cual durante un año subarrendó la actividad a Grupo Layna Gestión de Residuos S.L.
Tiempo durante el cual esta empresa llevó a cabo "de forma consciente y voluntaria" una acumulación "progresiva y descontrolada" de residuos en las instalaciones de la planta de Chiloeches, lo cual ocasionó un vertido de residuos líquidos al terreno colindante.
Asimismo, se considera probado que se realizó un traslado de residuos "sin ningún tipo de control y de manera irregular" con destino a distintos vertederos.
Transcurrido el año, y una vez que Kuk Medioambiente S.L. recuperó la gestión de la planta de tratamiento, continuó en las instalaciones la acumulación sin control de residuos. Algo que siguió produciéndose hasta junio de 2016, cuando fueron clausuradas por el alcalde de Chiloeches.
Y aunque la Audiencia no consideró probado que el incendio fuera consecuencia de la actividad industrial desarrollada en las instalaciones, como tampoco por la acumulación masiva y descontrolada de residuos, sí reconoció que esta circunstancia favoreció la propagación del fuego y complicó su extinción.
Lo que sí quedó claro durante el juicio, en el que declararon 154 testigos y 36 peritos, fue que el incendio fue provocado de manera intencionada, aunque no se ha esclarecido la autoría del mismo.
La acusación fue ejercida por el Ministerio Fiscal, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la UME y el Consorcio Provincial de Bomberos de Guadalajara, entre otros.
