GUADALAJARA.- Los repobladores de Fraguas no se rinden y tampoco lo hacen quienes respaldan su actuación y apoyan en su defensa en los tribunales, para evitar, por una parte entrar en la cárcel -lo cual ocurriría si no hacen frente a los más de 100.000 euros que se les pide por la demolición de varias de las estructuras levantadas-, y por otra evitar que todo el trabajo realizado quede reducido a escombros.
Muestra de ello que se haya vuelto a solicitar un estudio arqueológico independiente que garantice su defensa, al considerar "insuficientes" los informes técnicos realizados por la acusación.
Una iniciativa de la Red de Ecoaldeas, la asociación Artiborain y la Asociación de Jóvenes Investigadores que han manifestado su disconformidad estos informes que han servido para respaldar la acusación contra los seis jóvenes encausados.
Por ello, con fecha 19 de agosto se ha vuelto a solicitar un estudio multidisciplinar sobre el patrimonio material e inmaterial de Fraguas (Guadalajara).
Consideran "insuficientes" los informes técnicos realizados por la acusación y la Junta de Comunidades, por lo que insisten en su firme voluntad de llevar a cabo un estudio técnico y científico en defensa de los jóvenes imputados.
Así lo han señalado en un comunicado en el que recuerdan cómo a finales de abril de 2021 se presentó una solicitud de intervención, con el objetivo de aplicar el derecho de la defensa de los imputados a emitir su propio informe.
Una iniciativa ante la que el silencio administrativo fue la única respuesta, lo cual permitió que el informe de la acusación fuese presentado en primer lugar, sentando los precedentes.
Asimismo explican que en ese mismo mes de abril, tras un claustro extraordinario del INCIPIT-CSIC, se decidía que por motivos de ética profesional dicho organismo no podía efectuar el informe en cuestión, por lo que debían delegar en otras entidades, como universidades o asociaciones, las labores de investigación, de modo que su actividad se limitaría como institución a aprobar o denegar la validez técnica del informe.
Todo ello pese a considerar, tal y como recogieron en un escrito dirigido al juzgado, que "el pueblo en su conjunto" podría considerarse como parte del patrimonio arqueológico.
No es hasta el 8 de marzo de 2022 cuando el informe sobre el estudio arqueológico realizado por la acusación es presentado en los juzgados, mientras que el 24 de junio se aprobaba el presupuesto para la demolición presentado en 2021, pendiente de modificaciones y correcciones, "negando de nuevo el derecho a emitir un informe técnico y científico de la defensa.
Así, ante la negativa de los recursos interpuestos, los afectados han solicitado la intervención del Instituto de Ciencias del Patrimonio, universidades de todo el mundo en colaboración y mediación con la asociación Artiborain y la Red Ibérica de Ecoaldeas, así como otros organismos representativos del movimiento social neorural.
Explican que para la ejecución de los trabajos de campo y la redacción de los informes se ha creado un equipo de investigación multidisciplinar, coordinado desde la Universidad de Zaragoza, en el que se unen profesionales de la arqueología, así como de otras ciencias sociales y naturales.
Un trabajo cuyo resultado será entregado al INCIPIT-CSIC, con el objetivo de demostrar al juzgado competente la calidad técnica del mismo, para su examen y aprobación o rechazo. Un procedimiento que se seguirá tal y como indique la institución.
