TOLEDO.- El presupuesto de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para el año 2023, que supone el 70 por ciento del gasto no financiero del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aumenta en 110 millones de euros respecto al presente ejercicio hasta alcanzar los 6.869 millones.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en rueda de prensa para informar del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2023, que asciende a 12.431,6 millones, el 1,3 por ciento más que este año, es decir, 158 millones más, y que se ha realizado en una situación excepcional marcada por los últimos coletazos de la crisis sanitaria del coronavirus y la crisis económica y energética debido a la guerra de Ucrania.
Se trata por tanto de unas cuentas que buscan amortiguar la desaceleración económica y cuya prioridad es garantizar el funcionamiento del estado del bienestar, en un contexto de alta volatilidad pero, en Castilla-La Mancha, con certeza respecto a los ingresos ya que el 90 por ciento son cantidades ciertas sobre las que no hay riesgo. En su elaboración, ha destacado el consejero, ha primado la "responsabilidad" que "tirar la casa por la ventana" en un año electoral.
No obstante, el presupuesto se plantea en un nuevo escenario y se reduce la previsión de crecimiento de la economía de la región del 2,8 al 2,1 por ciento en 2023, y aunque se prevé que siga bajando el paro, lo hará a un ritmo más lento del estimado inicialmente y la afiliación a la Seguridad Social seguirá su tendencia creciente, por lo que se contemplan medidas para impulsar la economía.
3.620 MILLONES PARA SANIDAD
Y se plantea con rigor, responsabilidad fiscal y con la prioridad de reforzar los servicios públicos fundamentales, de manera que, según ha indicado Ruiz Molina, la Consejería de Sanidad contará con un presupuesto de 3.620 millones de euros, lo que representa el 37,5 por ciento del gasto dedicado a mantener el estado del bienestar. Cifra que no experimenta variación en comparación con este año, ya que el gasto adicional en ejercicios anteriores derivado de la atención a la covid-19 se dedicará en 2023 al resto de necesidades sanitarias.
Se realizarán inversiones en hospitales y centros de salud, se incrementarán las plantillas, se consolidarán las contrataciones por la covid y se invertirá en renovación de tecnología sanitaria, como también se va a reforzar la Atención Primaria, una vez ya superado en ejercicios anteriores el compromiso de dedicarla el 25 por ciento del presupuesto, se hará un sobreesfuerzo en prevención y en ampliar la cobertura vacunal.
Para otro pilar del estado del bienestar, la educación, el presupuesto contempla aumentar en 85 millones la dotación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (3,9 por ciento) hasta los 2.267 millones de euros, para acciones como reducir las ratios en educación Infantil, atender el incremento de la oferta de Formación Profesional, proyectos de investigación, cumplir con los contratos programas con las universidades públicas, actuaciones en centros educativos y avanzar en digitalización de la aulas.
Por su parte, los servicios sociales contarán con 981 millones, 25 más que este año (2,6 por ciento de aumento), con lo que puede aumentar el gasto en discapacidad un 10 por ciento, las plazas en residencias de mayores y mejorar las prestaciones de la dependencia.
El consejero ha destacado que, desde 2015, el gasto en sanidad ha crecido el 52 por ciento, en educación el 53 por ciento y en servicios sociales, el 55 por ciento.
Ha precisado que la Consejería de Fomento tiene el año próximo un aumento del presupuesto del 33,3 por ciento por los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia.
Y el gasto en servicios generales subirá en 14,4 millones, un 6,6 por ciento, porque incluye los gastos de la convocatoria de elecciones (4,3 millones) y la creación de la Cámara de Cuentas (2,5 millones).
2.049 MILLONES PARA EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Los presupuestos de 2023, ha señalado Ruiz Molina, también se marcan como prioridad el desarrollo económico y el empleo, para lo cual se han dedicado 2.049 millones, que son 186 más que en el presente ejercicio y con los que se centrará el esfuerzo en aquellas medidas que contribuyan a revertir la crisis sanitaria, la crisis energética y la inflación.
Así, se han presupuestado 597 millones al fortalecimiento y modernización del tejido productivo, 346 a políticas de empleo, 580 a infraestructuras básicas, 259 a I+D+i, y 264 a sostenibilidad ambiental.
Como novedad, las cuentas de 2023 incluyen políticas activas frente a la despoblación, con 1.714 millones de euros para favorecer el asentamiento de la población mediante la mejora de los servicios públicos incluido el transporte, y el apoyo al empleo y la economía de los sectores estratégicos para estas zonas.
Por otro lado, Ruiz Molina ha apuntado también que se recoge un descenso del gasto financiero del 6,6 por ciento por amortizaciones de préstamos, y asimismo el incremento salarial acordado para los empleados públicos en el máximo que permitan los presupuestos generales del Estado, que es el 3,5 por ciento.
El capítulo de ingresos, ha indicado Ruiz Molina, lo componen 8.244 millones provenientes de otras administraciones, 917 de fondos del mecanismo de recuperación, 2.427 de activos y pasivos financieros y 842 son gestionados por la Junta.
El proyecto de ley de presupuestos incluye las nuevas deducciones en el IRPF aprobadas para paliar los efectos de la inflación.
A partir de ahora, se inicia su tramitación parlamentaria para entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
Una tramitación que ha dado comienzo con el registro del proyecto de ley de presupuestos en las Cortes, y la entrega de una copia de los mismos al presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, por parte del consejero de Hacienda.
