TOLEDO.- Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades a revisar los cargos penales formulados contra los ocho activistas antidesahucios, los 8 de Caixabank, que este miércoles, 30 de noviembre, se sentarán en el banquillo acusados de delitos como desobediencia grave, allanamiento de persona jurídica o coacciones, atendiendo a los principios de "necesidad y proporcionalidad, conforme exigen los estándares internacionales de derechos humanos".
Para ellos se piden penas de más de tres años y medio de cárcel, por haber tratado de retrasar el juicio de desahucio contra una familia, compuesta por una madre y dos menores en situación de vulnerabilidad, hace ahora casi cinco años. Para ello acudieron a una oficina bancaria de la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara) a solicitar por escrito el compromiso previamente adquirido sobre la paralización del desahucio, lo cual no consiguieron y llegada la hora del cierre de la sucursal decidieron continuar sentados, pacíficamente, en el suelo.
Así lo han señalado desde la organización en un comunicado en el que, de forma particular, instan a la Fiscalía a desistir de la acusación por delito de resistencia y desobediencia grave contras estas ocho personas, al constituir "una restricción excesiva y desproporcionada" en el ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica.
Y es que de acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara no abandonaron la sucursal a petición de la Guardia Civil y ante esta negativa la Fiscalía señala que los agentes procedieron a la detención de los activistas que permanecían sentados en el suelo.
Sin embargo en sus declaraciones los agentes afirmaron en fase de instrucción judicial que los activistas "no se enfrentaron de forma verbal ni violenta, que la resistencia fue pasiva", pese a lo cual se les mantuvo durante ocho horas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil.
El fiscal pide para cada activista de la PAH Guadalajara 10 meses de prisión por un delito de resistencia/desobediencia, y una multa de 600 euros por el delito de allanamiento. Por su parte, la acusación particular, ejercida por Caixabank, solicita la misma multa por allanamiento y 8 meses de prisión por resistencia/desobediencia, aunque añade la pena de prisión de 2 años y medio por delito de coacciones y una multa de 3.000 euros por un delito de ocupación de su sucursal.
Desde Amnistía Internacional, que estará presente en el juicio como observadora para asegurarse de que se cumplen todas las garantías, consideran que la acción protesta pacífica llevada a cabo el 5 de diciembre de 2017 tenía como objetivo prevenir una posible vulneración de derechos humanos, como consecuencia del desahucio sin alternativa habitacional de una familia vulnerable, así como llamar la atención sobre una situación de claro interés para el debate público y de elevada importancia social.
Recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido expresamente que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pacíficas, constituyen un ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y, por tanto, toda restricción o sanción que se imponga por parte de las autoridades debe ser necesaria y proporcional; es decir, deben ser el instrumento menos lesivo para conseguir la protección de un interés legítimo, como el orden público o los derechos de terceras personas. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a la privación de libertad, constituyen a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
En esta línea, Amnistía Internacional asegura haber constatado la naturaleza pacífica de la acción de desobediencia civil llevada a cabo por estos activistas, llegando a ser reconocida por los agentes de la Guardia Civil en sus declaraciones en la fase de instrucción. Por ello muestran su preocupación por el hecho de que estas ocho personas "fuesen privadas de libertad por espacio aproximado de ocho horas y se enfrenten a penas de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia, y de coacciones, pese a la naturaleza totalmente pacífica de la acción realizada.
DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA
Por otro lado, en lo referente al delito de ocupación de sedes jurídicas, Amnistía Internacional ya mostró preocupación por la reforma del Código Penal del año 2015 que introdujo este delito, llevando a la penalización de actos no violentos sin exigir mayor motivación o resultado que la "perturbación relevante" de la actividad normal de la entidad. Subrayan en este punto cómo la redacción de este delito adolece de ambigüedad, puesto que el concepto 'perturbación de la actividad normal' puede comprender un amplio elenco de conductas no graves.
Amnistía Internacional recuerda que las molestias o perturbaciones que pueden producirse en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación no necesariamente constituyen una alteración del orden público. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que "las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica de, por ejemplo, las comunidades afectadas por sus actividades y sus empleados. Cabe esperar que las entidades privadas y la sociedad en general acepten cierto grado de perturbación como consecuencia del ejercicio del derecho".
Un delito el que se les imputa que conllevó, tal y como explicaba en una entrevista concedida a PeriódicoCLM por uno de los ocho encausados, Gustavo Rioja, lo que consideran una "detención ilegal", ya que el de allanamiento de persona jurídica sería un delito leve, para el que el Código Civil no contempla la detención.
Por todo ello piden que sean revisados los cargos que se imputan a los ocho activistas, teniendo presentes los principios de necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, y como muestra de apoyo a los activistas encausados, a partir de las nueve de la mañana de este miércoles, de forma previa a la vista judicial, está convocada una concentración a las puertas de los juzgados de Guadalajara.
