El 6 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la Constitución española. Un texto que, después de 44 años, algunos continúan vanagloriándose de que no ha sido modificado y que no se debe modificar, como si no adaptarlo a la realidad de la sociedad española fuera una virtud. Pero quienes dicen esto desconocen, o directamente mienten, ya que la Constitución ha sufrido dos modificaciones.

La primera reforma fue motivada por la necesidad de adaptarla al Tratado de Maastricht. La segunda, en 2011, dio una nueva redacción al artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda pública por encima de otras partidas en los presupuestos generales, es decir, se priorizaba pagar a los bancos y a los fondos buitres antes que a profesores o médicos. Dicha modificación, pactada con alevosía y "agosticidad" por PSOE y PP, es la principal responsable del desmantelamiento del incipiente estado de bienestar y de la importante falta de trabajadores públicos en servicios como la sanidad, la educación o en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Por motivos como éste, la dirección regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha dejó de participar en actos que celebraban la constitución ya que había poco o nada que festejar.

Pero parece que este gesto reivindicativo, en vez de servir para reflexionar sobre los motivos de esta ausencia, ha servido para que algunos quieran apoderarse de la Constitución.

Entre ellos está el Partido Popular, heredero de Alianza Popular, partido de donde procedían cinco de los seis votos que votaron en el Congreso el 31 de octubre de 1978 en contra de la aprobación de la Constitución. El otro voto fue de Euskadiko Ezkerra, entonces el partido de los poli-milis de ETA.

Apropiarse de un texto para retorcerlo e intentar que tan solo sirva para defender sus particulares intereses, como está sucediendo ahora con el debate de la modificación del delito de sedición. Donde los falsos patriotas de trompeta y tambor defienden la patria mientras, por otro lado, crean sociedades pantallas, tributan en otros países y defraudan a hacienda.

Pretenden patrimonializarla aquellos que han olvidado que la Constitución define el modelo del estado español como "un Estado social y democrático de Derecho". Y, a su vez, desprecian el estado social que propugna la Constitución manteniendo bloqueadas leyes como la Ley de Vivienda, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o pretenden rebajar las pensiones aumentando el periodo de cálculo, como hace el PSOE.

Todo esto nos ha llevado, aunque sea de forma simbólica, a que a partir de ahora IU CLM esté presente en todos los actos de conmemoración de la Constitución. Para evitar que algunos hagan un uso espurio de ella, y para recordar y homenajear a los miles de compañeros y compañeras que durante décadas dieron su vida y su libertad por alcanzar una norma suprema que garantizara un estado social y que sus valores superiores fueran la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Ahora nos toca seguir trabajando para desarrollar todo el contenido social de la Constitución, como son los artículos que subordina toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general. Aquel contenido que promueve la progresividad de los impuestos, los que reconocen el derecho a la vivienda, a la salud, a una pensión digna, a la educación, y a no ser discriminado por razón de su género. En definitiva, que la Constitución sea una herramienta que permita garantizar la dignidad de las personas.