Los castellanomanchegos se beneficiarán de una deducción fiscal en la cesta de la compra de entre 200 y 100 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de deducciones fiscales que favorecerá al 87 por ciento de los contribuyentes de la región.
La deducción se aplicará por la adquisición de bienes y servicios contemplados en la cesta de la compra de referencia del INE.
photo_camera La deducción se aplicará por la adquisición de bienes y servicios contemplados en la cesta de la compra de referencia del INE.

TOLEDO.- Castilla-La Mancha aplicará una deducción de carácter extraordinario por la adquisición de bienes y servicios que integran la cesta de la compra tomada como referencia por el INE, y de la que forman parte desde alimentos y bebidas no alcohólicas al transporte, el ocio o la enseñanza. Deducciones que serán de entre 200 y 100 euros en función de las bases imponibles, pudiéndose incrementar en función del número de hijos.

Una nueva deducción a la que ha hecho referencia el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo para dar cuenta de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha de 2023, que incluye el paquete de deducciones fiscales en el IRPF anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último debate del estado de la región y que beneficiará al 87 por ciento de los contribuyentes.

En concreto esta que afecta a la cesta de la compra es una de las cuatro que afectan directamente a las familias de la región. Así, se aplicará una deducción de 200 euros para bases imponibles inferiores a 12.500 euros y se incrementará en 50 euros por cada hijo descendiente de la unidad familiar; de 150 euros para bases imponibles inferiores a 21.000 euros, con un aumento de 37,5 euros por cada hijo o descendiente; y de 100 euros para bases imponibles inferiores a 30.000 euros, incrementándose en 25 euros por cada hijo.

Junto a ello, también las familias se podrán beneficiar de la deducción por gastos de guardería, que se duplica, pasando del 15 al 30 por ciento, aumentando los límites de 250 a 500 euros.

Asimismo se incrementa la deducción ya existente para la adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas, ampliándose a todos los niveles educativos, y se incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación. De este modo, se incluyen los gastos por clases de refuerzo o apoyo de las enseñanzas, fuera de los centros educativos; los de acceso a las nuevas tecnologías (cuota de alta en Internet) y los gastos de estudios y residencia fuera del municipio de residencia de la unidad familiar.
 
Igualmente, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años para compensar el incremento del tipo de interés en préstamos hipotecarios a tipos de interés variable, relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual. En este caso, la deducción oscila entre los 100 y 150 euros, en función de que las bases imponibles sean inferiores a 27.000 o 12.500 euros.
 
El proyecto de Ley también recoge otras dos medidas relacionadas con la actividad económica. Ruiz Molina ha indicado que se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital; o bien, por inversión en entidades de economía social.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el proyecto de Ley contiene el conjunto de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último debate sobre el estado de la región.
 
Ruiz Molina ha destacado que, con estas medidas, "no solo se cumple el compromiso que el jefe del Ejecutivo autonómico adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener cada año la congelación de la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que, además, se reduce".

En este sentido ha precisado que la conocida como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos persigue "reforzar el carácter progresivo y solidario del sistema tributario de Castilla-La Mancha", así como "dinamizar la economía e incrementar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos".

El consejero ha recordado que las deducciones fiscales en el IRPF contempladas suponen un coste estimado de 85 millones de euros y tienen como objetivos fundamentales favorecer a las familias y proteger a las rentas más bajas frente a los efectos de la inflación, y foentar la inversión empresarial.
  
Unas deducciones que se suman a las aprobadas el año pasado en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha para 2022, que afectaban al IRPF y al resto de impuestos sobre los que la comunidad autónoma tiene competencia normativa, principalmente el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  
Ruiz Molina se ha referido, asimismo, a las medidas financieras recogidas en esta norma y ha dicho que se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, al tiempo que se ha detenido en aquellos preceptos que tienen como objetivo "agilizar y simplificar los procedimientos de ejecución presupuestaria, a fin de mejorar la gestión administrativa de los recursos públicos".
 
En este punto, ha matizado que unos 200.000 documentos contables serán sustituidos por apuntes contables electrónicos. "Una medida que supondrá un ahorro de medios y recursos, tanto personales como materiales, una menor burocracia y un impulso a la tramitación electrónica en el ámbito de la Administración regional", ha apuntado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
En cuanto a las medidas administrativas, ha hecho hincapié en que se modifica la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género para aumentar el número de mujeres beneficiarias de las ayudas directas a las víctimas de violencia de género, eliminando el requisito de que deban ser calificadas de graves las lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos sufridos.
 
Finalmente, Ruiz Molina ha afirmado que se amplía el número de municipios que pueden beneficiarse de las medidas establecidas en la Ley de Lucha contra la Despoblación, que se modifica para permitir que puedan acogerse a las medidas recogidas en esta norma "pionera" los municipios de las zonas rurales con predominio de la actividad agrícola y con población inferior a 2.000 habitantes que hayan perdido población durante los últimos cinco años.

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