TOLEDO.- Su superficie, de 70.409 km2, convierte a Castilla-La Mancha en la tercera región española más extensa, en la que residen 2.058.049 habitantes según los últimos datos oficiales, lo que hace que, junto a las vecinas Castilla y León y Extremadura, ocupe la última posición en densidad de población, con 25,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Una baja densidad demográfica que ha sufrido históricamente y aunque en lo que va de siglo su población ha crecido casi un 16 por ciento, han sido las capitales de provincia y su entorno las que han acaparado estos incrementos.
Y es que, de los 919 municipios castellanomanchegos, el 80 por ciento tiene menos de 2.000 habitantes y en ellos apenas reside el 15 por ciento de la población; en 535 de ellos, la densidad de población es menos de 8 habitantes/km2. Municipios pequeños en los que los efectos de la despoblación, como la falta de nacimientos, el envejecimiento, la masculinización o la desertización, se hacen más visibles.
Un problema estructural contra el que se viene luchando desde hace ocho años, con acciones dirigidas a garantizar el acceso a los servicios básicos, pero también a la vez a optimizar recursos para que estas zonas rurales puedan ofrecer oportunidades y una calidad de vida que permita fijar población. Políticas y medidas que también están en juego de cara a la próxima cita electoral del 28 de mayo, puesto que ni todos los partidos se acercan al problema de la misma manera ni las soluciones que ofrecen -algunos no llegan ni a plantearlas- son iguales.
Un vasto territorio en el que 523 municipios, en los que residen 197.762 habitantes, se encuentran ubicados zonas calificadas como de extrema despoblación; mientras 208.569 habitantes, de 173 municipios, residen en zonas de intensa. A ellas se suman dos áreas, situadas en la provincia de Toledo, consideradas en riesgo de despoblación, las cuales incluyen 25 municipios en los que residen 31.693 habitantes.
Localidades todas ellas, así como aquellas ubicadas en zonas intermedias con predominio de la actividad agrícola y una población inferior a los 2.000 habitantes, para las que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han puesto en marcha deducciones fiscales de hasta el 25 por ciento del IRPF por residir en zonas escasamente pobladas; del 15 por ciento para comprar o rehabilitar una vivienda habitual en estas mismas zonas, o de 500 euros durante dos años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual debido a motivos laborales.
Medidas fiscales para quienes se quedan o eligen estas zonas para vivir, a las que se suman otro tipo de propuestas, como ayudas al alquiler, a la rehabilitación energética o la puesta en marcha del servicio de transporte sensible a la demanda.
Todo ello sin olvidar que el futuro de estas zonas pasa necesariamente por los más pequeños, niños y jóvenes, para los que también se ha impulsado un programa pionero para fomentar la cultura, el ocio responsable y las acciones educativas, de modo que más de 10.000 alumnos de 307 municipios en riesgo o afectados por despoblación podrán acceder a las mismas actividades y servicios que puedan tener las zonas urbanas.
Pero también se han puesto en marcha ventajas para quienes eligen invertir en las zonas afectadas por despoblación, como ayudas para fomentar el relevo generacional y el fomento del trabajo a distancia, o de hasta 4.200 euros para el mantenimiento y la consolidación de la actividad de autónomos y pymes.
Medidas para luchar contra la pérdida demográfica que, por ejemplo, en los presupuestos regionales de este 2023 se traducen en 1.714 millones, o lo que es lo mismo, el 3,6 por ciento del PIB castellanomanchego.
Actuaciones enmarcadas a su vez en un planteamiento más amplio, con horizonte hasta 2031, tras la aprobación en diciembre de 2021 de la Estrategia frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha, que para sus diez años de vigencia contempla destinar más de 3.320 millones de euros para que el territorio no sea barrera. Una hoja de ruta con más de doscientas acciones concretas, presentada a su vez como el principal instrumento de planificación de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, aprobada unos meses antes en las Cortes.
Una apuesta decidida de lucha contra el despoblamiento que contrasta con lo que se fue la tónica durante la legislatura anterior, bajo el gobierno del Partido Popular -María Dolores de Cospedal-, en la que los habitantes del medio rural vieron cómo se cerraban colegios, se reducían horarios de apertura en los puntos de atención continuada y se intentó echar el cierre a las urgencias nocturnas.
SIN FUTURO PARA FRAGUAS
Una década en la que también han quedado por el camino otros proyectos, nacidos también con la intención de plantar cara a un fenómeno que sigue vaciando algunas zonas de la región.
Iniciativas como la planteada hace diez años por un grupo de repobladores en Fraguas. Un proyecto de repoblación en la Sierra Norte de Guadalajara que acababa en los tribunales, con condenas de cárcel para seis de sus impulsores si no reúne los más de 100.000 euros que les piden por el coste de la demolición de lo reconstruido en estos años.
Un proyecto comunitario de repoblación rural al que se decidía poner fin hace apenas un mes, agotados tras una larga batalla en los tribunales, pero satisfechos por haber logrado poner en la agenda el problema de la despoblación.
LA ESPAÑA VACIADA TAMBIÉN ACTÚA
Y aunque hasta la fecha el fenómeno de las plataformas, movimientos o partidos políticos surgidos específicamente para hacer frente a la despoblación no había tenido un papel significativo en Castilla-La Mancha -papel que sí han podido tener en otros territorios también afectados como Teruel o Soria-, en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo también habrá una candidatura en este sentido, la de +Cuenca Ahora, marca de la España Vaciada para esta cita con las urnas.
Aunque matemáticamente las posibilidades de obtener un escaño en el Parlamento castellanomanchego son complicadas, más aún en una provincia como la de Cuenca en la que están en juego únicamente cinco diputados y conseguir uno es 'más caro' en número de votos que en otras circunscripciones, se ha optado por un nombre conocido para encabezar la candidatura.
Así es cómo Ángel Corpa, uno de los fundadores de Jarcha, grupo folk cuyo 'Libertad sin ira' se convirtió en un himno en los inicios de la Transición, lidera una de las candidaturas entre las que el próximo 28M podrán elegir a sus representantes los castellanomanchegos.
Candidato 'sorpresa' a sus 71 años, que señala como "líneas rojas" la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, con iniciativas centradas en las zonas "más abandonadas" de la región, como el plantar cara a las macrogranjas, mayor inversión en la sanidad rural o la recuperación de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia.
De este modo, si además de sorprender con su designación como candidato a la presidencia de la Junta, también diera la campanada obteniendo representación en el Convento de San Gil, Corpa no cierra las puertas a hablar con unos y otros, aunque ya advierte que Vox -formación cuya irrupción en las Cortes apuntan todas las encuestas- le "rechina".
Ve con buenos ojos los pasos dados respecto al trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno regional, así como el descarte definitivo de la conquense Villar de Cañas para albergar el cementerio nuclear. En el otro extremo de la balanza el desmantelamiento de la línea de tren convencional, lo cual considera "una barbaridad".
Será el 28M cuando el resultado que den las urnas señale el papel que los ciudadanos quieren para este movimiento y su rol en la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha.
