TOLEDO.- A poco más de un mes para la cita electoral del 28M y los partidos avanzan ya cuáles serán algunas de las líneas de sus programas electorales. Propuestas con las que intentar conquistar al electorado, a los del voto seguro, pero especialmente a aquellos que aún no lo tienen decidido. Una ecuación en la que las convicciones, los compromisos y la experiencia previa -no olvidar de dónde se viene tampoco está de más a la hora de depositar el voto- tendrán un papel decisivo.
Programas y propuestas entre las que las que no faltarán compromisos relacionados con la dependencia, esto es "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria", tal y como recoge en su definición la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Una materia que en Castilla-La Mancha ha sido caballo de batalla en alguna no muy lejana cita electoral, con anulación de decretos prácticamente sobre la bocina y recursos de casación ante el Supremo presentados ya en el tiempo de descuento.
Y es que, cabe recordar, hace ocho años, a mes y medio de las elecciones, se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que tumbaba la legislación aprobada por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal sobre dependencia, declarando nula de pleno derecho la orden de la Consejería de Sanidad -al frente de la que se encontraba entonces quien es hoy diputado nacional por Guadalajara José Ignacio Echániz-, por la que se regulaba el catálogo de servicios y prestaciones económicas de la dependencia.
Orden que, según denunciaba en aquel momento la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, había dañado "gravemente" la calidad de vida de los dependientes haciendo que incluso muchos de ellos fallecieran sin llegar a cobrar ninguna prestación.
El número de beneficiarios de la ley se reducía por miles; había más de 10.000 personas con el derecho reconocido pero sin recibir ninguna prestación y 5.000 a la espera de valoración del grado de dependencia, según los datos publicados por el Imserso.
Una ley que, sin embargo, era defendida por quien hoy aspira a convertirse en el próximo presidente de los castellanomanchegos, el popular Paco Núñez. Entonces, como presidente del PP de Albacete, destacaba "la labor ingente de la presidenta Cospedal para salvar a Castilla-La Mancha de la quiebra, sin menoscabo de los servicios sociales", mientras que su partido defendía que la nueva ley sobre dependencia ponía a Castilla-La Mancha "a la vanguardia de la protección social y jurídica de este colectivo".
Cuatro años de gobierno del Partido Popular en los que la comunidad autónoma se encontraba a la cola en las listas de beneficiarios y prestaciones, con un 'limbo' de la dependencia en aumento y cientos de cuidadoras de dependientes en el entorno familiar perdiendo la prestación y cotización a la Seguridad Social que el Estado pagaba por ellas en la región. Años en los que desde la entonces oposición socialista se acusaba al PP de haber tratado de "liquidar" la dependencia.
Llegaron las elecciones y el compromiso de dar la vuelta a una situación que hoy, ocho años después, nada tiene que ver con la que dejó el gobierno de Cospedal al salir del Palacio de Fuensalida a mediados de 2015. Se abría entonces la puerta para el PSOE y Emiliano García-Page, quien este 28 de mayo opta a la reelección y encadenar su tercer mandato.
Y es que hoy Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con menor 'limbo de la dependencia', esto es, personas pendientes de recibir una prestación. En concreto, según el XXIII dictamen del Observatorio de la Dependencia, el año pasado se situó en el 3,71 por ciento, lejos de los datos de Cataluña, con el 27,1 por ciento o La Rioja, donde están a la espera de prestación el 18,9 por ciento de las personas con derechos reconocidos a la espera de atención.
Por otra parte, Castilla-La Mancha es una de las cinco comunidades autónomas que se encuentran en torno al plazo de seis meses de tramitación que establece la ley, junto al País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria. Concretamente en Castilla-La Mancha el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación, es de 190 días.
Territorios cuyos plazos distan de los de Canarias, Andalucía o Galicia, donde se superan los doce meses de espera, siendo la media del país de 344 días.
Y en lo que respecta a los menores de 6 años, en 2019 el Gobierno publicaba un decreto en el que se recogía la reducción de los plazos de valoración y revisión de grado en menores en situación de dependencia, reduciéndolos hasta tres meses.
Por otra parte, si en julio de 2015 la prestación alcanzaba a tan solo 34.688 castellanomanchegos, con un total de 47.160 prestaciones, a 30 de noviembre de 2022 eran un 91 por ciento más las personas atendidas, superando las 67.000 personas al cerrar el año, y un 79 por ciento más las prestaciones concedidas (84.418), lo que supone 31.610 personas dependientes más atendidas en este periodo.
De este modo, Castilla-La Mancha ha alcanzado el mayor nivel de atención del Sistema de Dependencia desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Aumentos en valoraciones y prestaciones que han llevado a la región en estos ocho años a avanzar más de quince puntos en el grado de cobertura de la dependencia, según el Imserso.
Y si en junio de 2015 la cobertura en la región se encontraba por debajo de la media nacional, ahora que está al 87,68 por ciento se supera, y Castilla-La Mancha se confirma como la quinta comunidad autónoma en grado de cobertura de todo el país.
Además, hoy Castilla-La Mancha se encuentra también por encima de la media en gasto público estimado por dependiente, con 6.835,56 euros/año, lo que supone alrededor de 700 euros más que en el conjunto del país.
Del mismo modo, desde 2019 y hasta el mes de noviembre de 2022 se realizaron más de 90.850 valoraciones, de las cuales nuevas algo más de 61.000, superando así el objetivo de 40.000 valoraciones comprometidas para esta legislatura.
Cambios y datos que han hecho que las protestas ya no estén en las calles, un giro de 180 grados en el que aún sigue habiendo aspectos a mejorar -a buen seguro los partidos de todo signo contemplan iniciativas en este sentido-, pero en el que también se han producido importantes avances en materia de ayudas técnicas, duplicándolas a lo largo de la última legislatura; agilizando la respuesta y coordinación en la respuesta con la creación del Servicio de Gestión de Prestaciones Económicas del Sistema de Atención a la Dependencia, o la apuesta por un modelo de atención centrado en la persona en función de sus necesidades y preferencias.
Cuestiones a las que ha contribuido también en parte el aumento de la financiación a través del Plan de Choque planteado desde el Gobierno central para el periodo 2021-2023, pero que también tendrán su espacio e importancia en esta campaña en Castilla-La Mancha.
