La imposibilidad de abortar en la sanidad pública de Castilla-La Mancha enfrenta a PSOE y Unidas Podemos antes del 28M

No hay especialistas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la región, algo que la coalición encabezada por García Gascón reprocha a García Page, cuyo Gobierno considera "muy difícil" captar profesionales y afea la "demagogia" en este asunto.
Protesta contra el acoso que sufren mujeres en clínicas de interrupción del embarazo por parte de grupos antiabortistas. - AMECO
photo_camera Protesta contra el acoso que sufren mujeres en clínicas de interrupción del embarazo por parte de grupos antiabortistas. - AMECO

TOLEDO.- Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica de abortos, que vuelve a confirmar que en la sanidad pública no hay especialistas dispuestos a llevar a cabo interrupciones de embarazos. Una situación que deja a la comunidad autónoma igual que antes de la entrada en vigor del registro, sin opciones de prestar el servicio en el sistema público y tener que concertarlo con dos clínicas privadas existentes en la región.

Situación a la que hacía referencia esta semana la portavoz del Gobierno regional de Emiliano García-Page, la socialista Blanca Fernández, quien afeaba la "demagogia" que se hace con este asunto, e insistía en que como no se puede obligar a nadie a realizar esta práctica, están en la obligación y creen en la objeción de conciencia, "respetamos la decisión de los facultativos".

Y aunque reconoce que desde la Junta se lleva algún tiempo intentando "captar" a algún profesional de fuera de la sanidad pública que pudiera incorporarse al Sescam para ello, está siendo "muy difícil".

Sin embargo desde Unidas Podemos exigen al Gobierno regional la adopción de medidas que posibiliten la práctica de abortos en la sanidad pública, creando para ello un servicio con sanitarias que estén dispuestas a ello para cumplir así con la ley.

Una medida que ha reclamado el candidato de la coalición progresista, José Luis García Gascón, para quien es "obligación" del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page "hacer que en Castilla-La Mancha las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto si así lo desean", tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Consideran que el Gobierno de Castilla-La Mancha intenta, "como hace siempre", poner "un parche a los problemas" existentes en la región, en lugar de trabajar para solucionarlos. Y así, ha señalado Gascón, "en vez de decir que Castilla-La Mancha no tiene médicos que quieran practicar el aborto en la sanidad pública, su deber es hacer un registro de sanitarios que sí estén dispuestos" a ello, "ya que de lo contrario estaría incumpliendo una ley, y esto es algo muy grave", ha precisado.

Para el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta "frente a los problemas hay que buscar soluciones y no excusarse, como suele hacer este gobierno en la región". Así ha recordado que el cumplimiento de las leyes es una obligación, por lo que "si hace falta, debe crear un servicio específico con una nueva estructura, con profesionales mejor pagados y con mejores condiciones, que sí estén dispuestos a practicar un aborto en la sanidad pública".

Y es que, según García Gascón, "esta es una de las cosas que abocan a nuestra región a estar a la cola de España" y considera "imposible" que remonte "si su actual presidente no se la toma en serio".

Por otra parte, desde Unidas Podemos recuerdan que según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, en el año 2021 un total de 1.877 mujeres de Toledo, Guadalajara y Cuenca tuvieron que salir de sus provincias para abortar porque en ellas no podían hacerlo.

En este sentido, García Gascón señalaba que "Toledo se lleva la palma", al ser la provincia española en la que "más mujeres han tenido que salir fuera para interrumpir su embarazo, un total de 1.094", mientras que Guadalajara es la tercera con mayor número de casos, con 489 mujeres que han tenido que irse fuera de su provincia.

"Ya no hay que irse a Londres como en los años 60, pero en pleno año 2023 las mujeres castellanomanchegas no pueden cumplir su derecho de interrumpir de forma voluntaria un embarazo si así lo desean en el centro sanitario público más cercano a su hogar, sino que se tienen que ir a otra provincia, o incluso a otra comunidad autónoma, a clínicas privadas con peor atención y con el acoso en la puerta de los grupos antiabortistas", algo que "no se puede seguir permitiendo".

Por último, José Luis García Gascón considera que "Unidas Podemos es la única fuerza que hará que en Castilla-La Mancha se garanticen los derechos de las mujeres". Las leyes feministas "se tienen que cumplir sin poner ningún tipo de excusas para que nuestra región vea la luz y por fin dé un paso adelante con políticas progresistas".

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