El sector agrícola y ganadero es uno de los pilares fundamentales de la economía de Castilla- La Mancha. Solo en el último año se han exportado productos por valor de más de 3.000 millones de euros y el sector aporta un 18 por ciento a la riqueza total de la región. Agricultores y ganaderos se esfuerzan cada día por llevar los mejores alimentos a la mesa de nuestras casas. Los mejores. Por eso, son injustificables y condenamos los ataques que están recibiendo nuestros productos por parte de nuestros vecinos franceses. Los agricultores de nuestra tierra no tienen la culpa de los problemas de la agricultura francesa.

Como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, de la que los Gobiernos de España y de Castilla- La Mancha son plenamente conscientes.

La entrada en vigor de un nuevo período de la Política Agraria Común (PAC), claramente beneficiosa para Castilla- La Mancha desde el punto de vista económico, como incluso han admitido desde el Gobierno de Andalucía, ha generado algunos compromisos de difícil cumplimiento para nuestros agricultores y ganaderos. Es por ello que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha trabajado intensamente hasta lograr una flexibilización de la PAC. Somos la primera comunidad autónoma que logra esta flexibilización de la PAC con garantías jurídicas. Es decir, se evita que, tanto la región como nuestros agricultores y ganaderos, tengan que afrontar correcciones financieras (devolver dinero) por no cumplir la normativa. Además, es una flexibilidad abierta: si se mantienen estas condiciones climáticas y pluviométricas adversas, el Gobierno del presidente García-Page volverá a solicitar una ampliación a otras comarcas.

Un total de 245 municipios de la región se van a beneficiar de la medida: toda la provincia de Albacete, el Campo de Montiel y la Manchuela Conquense. En estas comarcas se adaptan las ayudas relativas a los ecoregímenes de pastoreo, rotación de cultivos, cubiertas vegetales y las ayudas de apicultura de biodiversidad, atendiendo a las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias.

La sequía hace muy complicado cumplir los requisitos de algunos ecoregímenes en lo que respecta al mantenimiento de las cubiertas vegetales. En el mismo sentido, se hacía necesaria reducir las exigencias de la carga ganadera ya que hay pocos pastos, fruto de la falta de lluvias. Por ello, se ha trabajado para facilitar a nuestros agricultores y ganaderos el desarrollo de su actividad y no perjudicar su rentabilidad ante momentos de incertidumbre. Son medidas que demuestran, una vez más, el compromiso del gobierno del presidente García-Page con el campo.

A estas medidas se ha sumado en los últimos días, en el ámbito del cumplimiento de la condicionalidad, el ofrecimiento de la Comisión Europea de derogar por un año las normas de la PAC que obligan a los agricultores a dejar un porcentaje de sus tierras en barbecho, admitiendo que los agricultores de la UE con cultivos fijadores de nitrógeno (como lentejas, guisantes o habas), o cultivos intermedios en el 7 por ciento de sus tierras cultivables, tengan derecho a seguir cobrando esta ayuda.

Es cierto que la nueva PAC, que es muy positiva para la región desde el punto de vista económico, también es ambiciosa desde el punto de vista medioambiental.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir trabajando para lograr el necesario equilibrio entre las nuevas prácticas de carácter medioambiental y la rentabilidad de las explotaciones, porque lo que resulta evidente es que no hay sostenibilidad sin rentabilidad y uno de los objetivos prioritarios del gobierno del presidente García-Page es continuar impulsando un sector dinámico e importante para la región, por su valor no solo económico, sino social, ya que contribuye de manera clara a la fijación de población en un territorio como el nuestro, eminentemente rural.