Un 'pelotazo' urbanístico no autorizado arrasa un monte reforestado con dinero público en Guadalajara

GUADALAJARA.- Más de doscientas viviendas, kilómetros de viales y una plaza de toros pueblan hoy el monte 'Los Cerros', en el término municipal de Almoguera (Guadalajara). Terrenos que fueron reforestados en el año 1988 bajo la forma jurídica de consorcio, aportando su Ayuntamiento el suelo y la Junta de Comunidades inversión para su repoblación forestal, y en los que sin embargo se ha construido sin evaluación de impacto ambiental, ni autorización previa para 'arrasar' las zonas recuperadas. 

Un cúmulo de presuntas irregularidades ahora investigadas por la Fiscalía General del Estado, que se producen en un municipio gobernado desde el año 1991 por Luis Padrino, alcalde durante cinco legislaturas con el PSOE, otra más como independiente y desde 2015 por el Partido Popular. Regidor que dejó las filas socialistas después de que se le abriera en 2007 un expediente por un caso de corrupción urbanística, denunciado entonces por su hoy compañera de partido y presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos. 

Un Ayuntamiento que, según recoge la denuncia, aun siendo consciente de la vigencia del consorcio, desarrolló en los terrenos del monte cuatro programas de actuación urbanizadora (PAUs), con la consiguiente construcción de chalets y viales, así como una plaza de toros, para lo cual fue necesario "desmontar" varias hectáreas repobladas de árboles tan solo unos años antes. Se levantaban así los PAUs 'Mirador del Tajo', 'Mirador Alto', 'Mirador' y 'Carramonte'. 

La denuncia de un particular ha hecho que se abran diligencias para esclarecer lo que ha sucedido en este monte consorciado, cuyo suelo es propiedad del Consistorio de Almoguera, pero el vuelo y su aprovechamiento ‑es decir, lo que crece por encima de la tierra‑ corresponde a la Junta de Comunidades hasta el año 2068, según lo acordado al firmar el consorcio. 

Un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 1988, con objeto de repoblar forestalmente 2.621 hectáreas de terreno en 'Los Cerros', su conservación y mejora de las masas creadas, así como el aprovechamiento de las mismas. Se pretendía con él paliar los daños causados por las inundaciones de 1987 que asolaron el término municipal, compaginando la recuperación de la zona con la creación de puestos de trabajo mediante la repoblación forestal. 

Los daños ocasionados por las inundaciones se estimaron en 1.000 millones de pesetas en aquella época, a los que se sumaron otros 6,3 millones años después para acometer una segunda repoblación con encinas y pino carrasco, ya que "por diversos factores", entre los que se señalaban los climáticos, la presencia de mucho ganado en la zona y la abundancia de conejos, los terrenos repoblados en 1988 sufrieron daños que impidieron que los plantones cuajaran. Dinero todo él procedente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en función del consorcio suscrito, y que obligaba a la Administración regional a anticipar las cantidades necesarias para cubrir tanto los gastos de repoblación, conservación y mejora, como los derivados de la dirección técnica y administrativos, así como los gastos de guardería forestal. 

Consorcio entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almoguera

Pero según el denunciante, no solo no fueron tenidas en cuenta estas denuncias, ni se comenzó a urbanizar sin contar con los preceptivos informes de evaluación ambiental, sino que además se señala al Ayuntamiento de Almoguera por haber tramitado las licencias de obras y de urbanización "sin informes de técnicos funcionarios competentes". Informes que, en este caso, y al no contar el municipio con este personal, correspondía al arquitecto de la Diputación ‑institución, por otra parte, de la que fue vicepresidente Padrino, militando entonces en las filas socialistas‑. En su lugar el alcalde habría hecho uso de "honoríficos", para quienes está prohibido expresamente el desempeño de funciones públicas. 

Este cúmulo de irregularidades llevaron también a que, como figura en la comunicación remitida al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, las obras de urbanización se recepcionaran incumpliendo los PAUS, al faltar más de 2.000 metros lineales de aceras y bordillos que debían de estar ejecutados según el proyecto de urbanización. En este sentido, es posible también, apunta la denuncia, que "se desembolsaran cantidades de más de 240.000 euros por obras certificadas que presuntamente no se habrían construido". 

Esta denuncia ante la Fiscalía pretende aportar luz sobre todo lo sucedido, que se depuren responsabilidades si es necesario y aclarar a los propietarios de esas viviendas su situación y lo que puede suceder con ellas.