Una veintena de cooperativas agroalimentarias muestran su rechazo al proyecto tierras raras en la provincia de Ciudad Real

CIUDAD REAL.- El proyecto de minería de tierras raras impulsado por Quantum Minería en la provincia de Ciudad Real sigue sumando detractores y rechazo entre distintos colectivos. Ahora son una veintena de cooperativas agroalimentarias las que han unido sus voces contra esta iniciativa, que consideran no será germen de riqueza para la provincia, sino que "generará despoblación a largo plazo".

Así lo han señalado en un comunicado que han dado a conocer este martes, en el que piden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un rechazo "contundente" a la propuesta, teniendo en cuenta para ello el "desfavorable coste-beneficio que entraña y sus múltiples riesgos de cara al futuro".

Un comunicado que firman Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Cooperativa de segundo grado Campo de Montiel (Villanueva de los Infantes), Cooperativa Vinícola de Valdepeñas (COOVIVAL), Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL), Cooperativa Ntra. Sra. Antigua y Santo Tomás de Villanueva (Villanueva de los Infantes), Cooperativa Santa Catalina (La Solana), Cooperativa Galán de Membrilla-Bodegas Rezuelo (Membrilla), Cooperativa olivarera Ntra Sra del Pilar (Castellar de Santiago), Cooperativa de aceite San José (Castellar de Santiago), Cooperativa vinícola Stmo Cristo de la Misericordia (Castellar de Santiago) y Cooperativa panadera Santa Ana (Castellar de Santiago).

Firman también el comunicado la Cooperativa aceite Cristo del Valle (San Carlos del Valle), Cooperativa Cózar de la Sierra (Cózar), Cooperativa Virgen del Valle (Viso del Marqués), Cooperativa San Gregorio (Almedina), Cooperativa San Bartolomé Apóstol (Santa Cruz de los Cáñamos), Cooperativa San José (Villamanrique), Cooperativa San Isidro Labrador (Villanueva de la Fuente), Cooperativa olivarera San Isidro (Torrenueva) y Fábrica de aceites San Sebastián (Santa Cruz de Mudela).

En este sentido, los colectivos profesionales han recordado que según el último informe elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, el 10,5 por ciento de la población mayor de edad de la comunidad autónoma está asociada a alguna de sus entidades y el 45 por ciento vive en el medio rural, lo cual demuestra "la relevancia social y económica de estas empresas en la región", así como la necesidad de ofrecer toda la protección y el apoyo institucional a sus actividades.

De hecho, precisan, el 14 por ciento de la base social de cooperativas españolas es socia de una cooperativa en territorio castellanomanchego y el 32 por ciento de las familias de la región percibe rentas de alguna de ellas.

Un contexto en el que la provincia de Ciudad Real, donde se pretende desarrollar el proyecto de minería de tierras raras, tiene un peso específico con 101 cooperativas que ofertan productos de referencia a nivel regional, como el aceite de oliva o el vino, pero también otros como los cereales, la producción hortofrutícola y los productos ganaderos que, más allá de la economía local, fomentan la expansión y comercialización a nivel nacional e internacional de la producción de calidad castellanomanchega.

Por ello, consideran que en este contexto  una actividad como la minería de tierras raras "no tiene sentido", no ya solo porque el proyecto 'Neodimio' sea tan solo "un conato incipiente de lo que los verdaderos planes de la empresa podrían suponer para buena parte de la provincia de Ciudad Real durante la fase de explotación", sino porque "expertos del ámbito científico han alertado que esta actividad es incompatible con la protección del medioambiente y la biodiversidad que sustenta la actividad agropecuaria".

Y es que, subrayan, "el suelo no puede ser considerado como un elemento inerte de quita y pon", sino que se trata de "un ser vivo" puesto que tanto su biodiversidad microscópica como los distintos elementos de la cadena trófica integrados en él, son responsables de numerosos procesos ecológicos que son "claves" en la producción agrícola.

En este sentido, esta veintena de entidades recuerda cómo los organismos del suelo actúan como agentes primarios en la conducción de nutrientes, la regulación de la materia orgánica y la reorganización del ciclo del carbono al modificar su estructura física y favorecer el almacenamiento de agua, aumentando la disponibilidad de nutrientes para la vegetación y, por extensión, la salud de las plantas.

Aspectos "no solo esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales", sino que constituyen "un recurso vital" para la gestión sostenible de los sistemas de producción de alimentos saludables.

En esta línea destacan el papel fundamental que desempeñan los suelos agrícolas en la sostenibilidad del medioambiente y en la producción agroalimentaria, más aún en un contexto de sequía como el actual. De ahí la importancia de "protegerlos" de actividades que puedan poner en riesgo su fertilidad y productividad.

Y es que, pese al "garantismo" de la actual legislación minera -cuya base es preconstitucional, recuerdan- que algunos defienden, "no ha podido evitar auténticos desastres ambientales" en diferentes puntos de la geografía nacional que "sí han terminado afectando a los sectores productivos".

Pero junto a todo ello, las entidades firmantes recuerdan que están "las intenciones declaradas de la empresa" que "incluso ha llegado a afirmar que pretende tratar mineral de otros países en la provincia", mineral que en el caso de las tierras raras "cuenta con la presencia de trazas de elementos radioactivos como el torio y el uranio". Se trataría, en su opinión, de "convertir la provincia de Ciudad Real en una suerte de vertedero de residuos contaminantes para el beneficio de unos pocos", lo cual no consideran que sea "solución ni futuro", como tampoco "compatible en modo alguno" con una actividad como la suya que "dinamiza socialmente, genera empleo y otorga un merecido prestigio a nuestra región".

Por otra parte, recuerdan que desde 2017 tanto la Junta de Comunidades como los propios tribunales han rechazado los proyectos de esta empresa al determinar que son "incompatibles e inviables" desde el punto de vista medioambiental, respaldándose para ello en informes de múltiples entidades como la Confederación Hidrográfica del Guadiana o la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas.

En contraste, la actividad de las cooperativas agroalimentarias tanto en Ciudad Real como en el conjunto de Castilla-La Mancha constituye un elemento "vertebrador" a nivel económico y social, que resulta esencial para enfrentar el desafío demográfico y garantizar la sostenibilidad del medio rural al fijar población, aportar "un impagable valor añadido" al territorio y garantizar futuro y estabilidad a las familias.

Una argumentación que terminan lanzando un contundente mensaje: "No estropeemos un sistema productivo de garantía a cambio de promesas inciertas establecidas para el beneficio de especuladores".