Lo que no tiene sentido es desaprovechar aquello en lo que se ha invertido dinero público y contraprogramar con una Cumbre Internacional del Vino, contratando además a fundaciones privadas por cuyas puertas giratorias circulan –también aquí- exministros y exaltos cargos públicos y que se utilizan para financiar, bajo la tapadera de la publicidad institucional, a medios de comunicación afines. Frente a los grandes eventos fastuosos para que los políticos se hagan la foto y los “amiguetes” hagan negocio, debe apostarse por una feria del vino en la que los protagonistas sean los productores y consumidores, gestionada con transparencia desde la administración pública y que sirva realmente para la dinamización comercial del sector.
Dicho lo cual, las cumbres o ferias son sólo la punta del iceberg, la parte visible de un sector que se encuentra en su mayor parte sumergido, sometido a condiciones injustas e insostenibles y atravesado por conflictos como el que ha estallado recientemente en Valdepeñas. Centrar el debate en la punta del iceberg puede servir como otro pretexto más para intercambiar reproches entre PP y PSOE, pero elude abordar la verdadera cuestión de fondo, que son los problemas y contradicciones de un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país y nuestra región.
España es, junto con Francia e Italia, uno de los principales productores y exportadores mundiales de vino, en términos de superficie cultivada y de volumen de producción y exportación. En cuanto a superficie cultivada, España es, con diferencia, el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo, con casi el 30% de la superficie cultivada total de la UE y un 13% del total mundial. Cerca de la mitad de la superficie cultivada total de España se encuentra en Castilla-La Mancha (463.912 has y el 48,8% del viñedo plantado), lo que convierte a nuestra región en la zona geográfica con el viñedo más extenso del mundo. Y en cuanto a volumen de producción y exportación, en la campaña de 2013-2014 España ha sido el primer productor y exportador mundial de vino y mosto, seguida por Italia y Francia.
No hay, por tanto, un problema de producción y exportación en volumen. Los problemas son de exportación en términos de valor añadido; de demanda y comercialización interna; y de estructura del mercado y de la cadena de valor, del que se deriva también un problema de distribución del ingreso en el sector.
En primer lugar, el precio medio del vino español en el exterior se sitúa en tornos a los 1,16 euros por litro, debido a la exportación de vino a granel, con menor valor añadido, muy inferior al del resto de los principales países exportadores, cuya media está en 2,47 euros por litro; y muy lejos de Francia, el principal exportador en valor, cuyo litro de vino se paga a 5,30 euros. Es decir, España compite internacionalmente a costa de vender más barato que otros países.
En segundo lugar, la demanda y la comercialización interna siguen siendo el talón de Aquiles del sector. España consume apenas un tercio del vino que produce. Siendo líder mundial en producción de vino, nuestro país arrastra una continuada caída en el consumo interno que lo sitúa a la cola de Europa y en el vigésimo lugar del mundo por consumo medio, con algo menos de 20 litros por habitante y año, muy lejos de los 47,7 de Francia, 42,5 de Portugal o los 37,1 de Italia e incluso por debajo del consumo de países que ni siquiera lo producen. El consumo medio en España se encuentra actualmente al nivel de Rusia, Brasil, Japón o Canadá, que son países supuestamente alejados de la cultura enológica que nos es propia.
En tercer lugar, hay un problema de estructura de mercado y de la cadena de valor, del que se deriva, como decía más arriba, un problema de distribución del ingreso en el sector. En nuestro país, y particularmente en nuestra región, predominan numéricamente las pequeñas empresas, muchas de ellas constituidas como cooperativas, pero el grado de concentración del mercado es notablemente elevado. En España los cinco primeros grupos empresariales acaparan conjuntamente una cuota de casi el 30% del mercado. Y dentro de Castilla-La Mancha, en la zona de Valdepeñas, por ejemplo, las empresas de Félix Solís y de García Carrión controlan conjuntamente hasta un 90% del mercado con esa denominación de origen, lo que genera condiciones de oligopolio y abuso en los precios de compra. Esta situación ha hecho estallar la huelga entre los pequeños viticultores y vendimiadores de la zona, que apenas pueden cubrir los costes de producción. En Valdepeñas, parafraseando a Steinbeck, las uvas de la ira están engordando en las almas de las personas y se vuelven cada día más pesadas, listas para una vendimia en la que sólo la organización y la lucha permitirán cosechar justicia y dignidad.
Frente a estos problemas del sector, es necesario promover un cambio de modelo. Para ello, debe apostarse, en primer lugar, por la especialización en producción de calidad y generación de valor añadido, reforzando y reorientando las actividades de I+D+i y transferencia de tecnología desde centros adscritos a la Consejería de Agricultura como el IVICAM, que ha sido virtualmente desmantelado; garantizando una inspección y un control transparente y efectivo por parte de los consejos reguladores de calidad; y velando por el prestigio de las denominaciones de origen, lo que está estrechamente ligado a la protección del territorio y el medio ambiente y no, por el contrario, a convertir nuestra región en un basurero nuclear o en una escombrera como producto de la extracción de gas mediante fractura hidráulica.
En segundo lugar, debe impulsarse la producción agroecológica, que, como sabemos, reduce la demanda de agua y fertilizantes e incrementa la fertilidad natural y el rendimiento sostenible de la tierra. La agricultura ecológica no sólo es respetuosa con el medio ambiente, sino que constituye también en sí misma un sector generador de valor añadido y de demanda creciente, si cuenta con el apoyo necesario.
En tercer lugar, debe apoyarse el cooperativismo agrario, favoreciendo la participación de los socios, en particular de las mujeres y la juventud en los órganos de dirección, la profesionalización en la gestión, el desarrollo de infraestructuras y servicios y la incorporación de valor añadido. Las cooperativas, como también sabemos, son empresas con un mayor arraigo en el territorio y favorecen una distribución más amplia e igualitaria del ingreso.
Por último, pero no menos, debe promoverse la comercialización local y regional a través de circuitos cortos, lo que permite reducir las emisiones de CO2 debidas al transporte, minimizar el número y poder de los intermediarios, acortar las grandes diferencias entre precios de origen y de venta, retener una mayor parte del valor añadido en manos de los productores y ofrecer precios más asequibles a los consumidores, favoreciendo también así en conjunto una distribución más equitativa del ingreso. En este sentido, es necesario aplicar con rigor la ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de valor, para lo cual sería conveniente crear un instrumento autonómico eficaz que permita vigilar, denunciar y sancionar comportamientos abusivos de los grandes procesadores y distribuidores.
Hablemos, pues, no sólo de grandes ferias nacionales o internacionales, sino también de ferias comarcales que pongan en relación directa a productores y consumidores y que contribuyan al aprecio, la valoración y la demanda local de la producción autóctona. Y exijamos sobre todo, más allá de la controversia partidista en torno cumbres y ferias, la implementación de medidas necesarias para impulsar un modelo justo, avanzado y sostenible en un sector estratégico para el desarrollo de nuestra región.