En nuestro país, la edad para la participación política y la mayoría de edad ha ido cambiando a lo largo de la historia, desde los 25 años de las Partidas, pasando por los 23 años de la redacción original del Código Civil, hasta llegar a los 18 años actuales.
El límite legalmente establecido para la mayoría de edad de los ciudadanos se estableció en 1978 (Real Decreto-ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad). En la misma línea, el artículo 12 de la Constitución Española de 1979 establece que “los españoles son mayores de edad a los dieciocho años”. Y es la ley Orgánica del Régimen electoral General de 1985 la que recoge, salvo excepciones, el derecho al sufragio activo y pasivo de aquellas personas que son mayores de edad conforme establece la propia Constitución y el Código Civil.
Treinta y ocho años después, son muchos los movimientos sociales que apuestan por anticipar la edad de voto a los 16 años, tal y como ocurre en otros países de Europa, como Austria o Chipre y de América Latina, como Argentina, Cuba, Ecuador o Bolivia.
Desde hace unos meses, el Consejo de la Juventud de España, promueve una campaña denominada “15 propuestas Juventud Necesaria”. Además de la petición de dedicar un 1% de los Presupuestos Generales del Estado a políticas integrales de juventud, esta iniciativa destaca la necesidad de una mayor participación cívica de los jóvenes, reduciendo, entre otras medidas, la edad para ejercer el derecho al sufragio activo a los 16 años.
Los que apoyan la reducción de la edad para votar, fundamentan su petición en varios puntos de interés:
A. Dada la actual desafección de los jóvenes en relación a la política, adelantar la edad para votar puede ser una herramienta de ‘enganche’ con la vida pública. Votar a una edad más temprana implica una mayor oportunidad en la participación y una forma de incrementar el compromiso cívico y político de la juventud.
B. La participación política debe ser posible al igual que lo es la aplicación del derecho en otros ámbitos. Hoy en día encontramos multitud de excepciones a la regla general de los 18 años de edad, como poder trabajar con autorización paterna, casarse, usar armas de fuego, conducir una motocicleta o ingresar en prisión.
Los detractores, por su parte, esgrimen argumentos relacionados con la madurez, la fácil manipulación, la escasa educación cívica y el desinterés que los jóvenes muestran por la política.
En España hay más de 7 millones de jóvenes entre los 15 y los 30 años. En nuestra Comunidad, el número de jóvenes ronda los 297 mil jóvenes entre los 16 y los 29 años, lo que supone una cifra de en torno a 43.000 jóvenes que accederían el derecho al voto en nuestras cinco provincias si se modificará la ley electoral. La cifra no es muy alta por el descenso de población joven en cada cohorte generación, pero no por ello es despreciable.
Si esas personas jóvenes pudieran vota, ¿a quién votarían? Podríamos extrapolar los datos postelectorales de las pasadas elecciones del 20 de diciembre, no así los resultados de las elecciones de junio dado que aún no tenemos esas encuestas poselectorales, parece claro es que a los jóvenes les gusta el pluripartidismo, parece que son más progresistas, que liberales o conservadores y están votando a los partidos no tradicionales de forma especialmente numerosa.
En el caso de Castilla-La Mancha este fenómeno es similar, no obstante a falta de alguna análisis profundo del nuevo comportamiento electoral de las personas de nuestra región, estos datos son debatibles por dos factores: en primer lugar por las cifras de apoyo electoral de los partidos emergentes, que son sustancialmente diferentes al de otras regiones, y por otro lado la importancia del voto rural, que determina pautas de comportamiento político diferentes, como ya señalaban los profesores Almond y Verba.
Una vez más, el debate está servido. Es evidente que en cada cita electoral -y este año llevamos ya unas cuantas-, el adelantamiento de la edad de participación es un tema muy recurrente, que, al menos, debe servirnos para reflexionar sobre este elemento fundamental de la ciudadanía y el protagonismo de la juventud en la vida española.