Los trabajadores exigen, por un lado, que Gobierno y directivos de Correos pongan freno al recorte de plantilla que está desmantelando el servicio postal público con 15.500 puestos destruidos en cinco años, 11.000 desde 2011, de ellos, 464 en Castilla-La Mancha, lo que supone un 20% de la plantilla. Desde el sindicato aseguran que esta situación “está arruinando el servicio postal público de Correos”.
Además, reclaman que desbloqueen la regulación laboral después de año y medio de parón en la negociación sin que hasta el momento ni empresa ni instituciones políticas hayan planteado propuestas reales y sólidas en pro de un acuerdo.
El responsable del Sector Postal de UGT en la región se ha mostrado optimista y ha señalado que “es una buena señal el anuncio del Ministro de Hacienda, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados en el marco de la sesión de control al Gobierno y en relación al conflicto laboral existente en Correos, con el anuncio de que está trabajando en una modificación legal para facilitar la transformación de los contratos temporales en fijos en las empresas públicas”.
Del Buey considera que “estas declaraciones indican un cambio y reafirman que vamos en el camino correcto para parar ya el ajuste salvaje de plantillas, para la convocatoria de la consolidación de empleo con la que cubrir el empleo estructural, la regulación de las bolsas de empleo que acabe con la absurda y discriminatoria rotación actual y regulación de un sistema de cobertura de contratación permanente y de refuerzo así como la efectividad de la Comisión Central de Empleo y participación sindical”.
“Las reivindicaciones de los empleados de Correos se centran en: la estabilidad y la consolidación de empleo, contra el bloqueo en la negociación, por la recuperación del poder adquisitivo, por un salario digno y contra los recortes de plantilla”, recuerda Del Buey.
Para el sindicato, la reducción de personal significa una clara precarización de las condiciones laborales y del servicio postal público a prestar, con la dinámica impuesta de recortes de plantillas vía amortización de puestos y reducción de la contratación que implica el aumento del estrés, el número de kilómetros a realizar, la polivalencia y la precarización del empleo que están padeciendo los trabajadores además de un peor servicio prestado a la ciudadanía en los términos y las garantías que la Directiva y las leyes al efecto determinan.
“La salida a este conflicto laboral y social, pasa por dar pasos firmes que permitan el avance en una negociación de la regulación laboral que incluya la paralización del recorte de empleo así como dotar de la plantilla suficiente, incremento salarial y regulación de la ultraactividad”, ha concluido José Manuel Del Buey.
