Se retira el recurso que Cospedal interpuso contra la Dependencia estando ya cesada

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha asegura que como consecuencia de la aplicación ilegal de esta Orden, más de 5.000 personas murieron esperando a ser atendidas.

Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha anuncian que hoy les ha sido notificado, por parte del Tribunal Supremo, de la retirada efectiva por parte del Gobierno de Castilla-la Mancha del recurso que interpuso el anterior Ejecutivo de Cospedal, una vez ya había sido publicado su cese, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaro ‘nula de pleno derecho’ la que en materia de prestaciones en dependencia había sido aplicada, de forma inmisericorde, durante los dos últimos años.

Aseguran que como consecuencia de la aplicación ilegal de esta Orden, más de 5.000 personas murieron esperando a ser atendidas, 5.458 expedientes se quedaron en el cajón esperando a ser valorados, 10.000 familias fueron despojadas de su prestación económica para cuidar a su familiar gran dependientes, a más de 10.000 dependientes les arrebataron el derecho a ser atendidos y se produjeron casi 3.000 exclusiones del servicio de teleasistencia.

En este sentido, expcan que con la retirada efectiva del recurso interpuesto por Cospedal, queda en un mal recuerdo toda su política hacia los más débiles y frágiles de nuestra sociedad, por lo que se ven avaladas todas las denuncias que esta plataforma ha sacado a la luz pública, y refrenda por tanto, lo que esta asociación ha venido diciendo durante todo este tiempo: “Las resoluciones adoptadas por la expresidenta Cospedal eran ilegales”.

Desde este momento, afirman que “la legislación que regula la prestaciones y servicios a los que tienen derecho las personas en situación de dependencia es la Orden de 23 de Diciembre de 2010, mucho más beneficiosa y sensible con las necesidades de este colectivo”.

La retirada efectiva del recurso ante el Tribunal Supremo, que implica que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sea firma, hace que el nuevo ejecutivo del García-Page tenga que revisar todos las modificaciones o nuevas resoluciones de P.I.A. (Plan Individual de Atención a los dependientes) hechas desde el 8 de Agosto de 2013, unas 15.000, con un coste estimado de unos 17 millones de euros.

Para finalizar, desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha esperan con atención el comienzo de oficio de todas esas reposiciones de prestación y servicios que nunca debieron ser revisadas o retiradas, por lo que se ponen a disposición de la Consejería de Bienestar Social que dirige Aurelia Sánchez Navarro para comenzar a elaborar de forma urgente una nueva normativa que respete el ‘Pacto por la Dependencia’ que esta asociación planteó a todos los grupos políticos que concurrieron en las pasadas elecciones y que fue aceptado y firmado por los mismos, a excepción del PP.

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