Los dependientes denuncian que el nuevo decreto matiene los recortes de Cospedal

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha explicado que no puede apoyar el nuevo decreto de prestaciones y ha presentado 25 alegaciones al nuevo texto normativo.

Las personas dependientes se han mostrado insatisfechas con el nuevo decreto de la comunidad autónoma. La plataforma ha declarado que no puede apoyar esta ley mientras no se elimine el carácter excepcional de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar.

La plataforma expone que este es el pilar básico de las personas dependientes y han recordado que los cuidadores familiares se entregan los 365 días del año. También han expuesto que esta excepcionalidad fue impuesta por el Gobierno de Cospedal para dinamitar el Sistema de Atención de Dependencia y que actualmente más de 10.000 familias han perdido su prestación bajo “este mantra de la excepcionalidad”.

Los miembros de la plataforma además se han mostrado en contra de que el trabajador social tenga que justificar en su informe esta excepcionalidad, ya que consideran que esta “debe ser una prestación más” y que se debe tramitar como el resto de servicios.

Igualmente, la asociación ha pedido que se devuelvan los derechos económicos que les arrebató el Partido Popular en julio de 2012. La plataforma comentó sus prestaciones fueron recortadas “de forma inmisericorde” en un 15% y consideran “irrenunciable” que el Gobierno de Page les devuelva esta ayuda económica.

La Plataforma ha ofrecido además datos económicos para demostrar la completa viabilidad de estas medidas. La organización expone que “lo puesto sobre la mesa supondría únicamente 24 millones de euros, bastante menos que los 60 millones anuales que se han dejado de percibir”.

En la plataforma entienden que devolver estos derechos supondría “una posición coherente” con los que los socialistas han manifestado durante los anteriores cuatro años en la oposición. Para finalizar, la plataforma ha reiterado que enviará una solicitud de reunión urgente al presidente Emiliano García-Page para demostrarle el “inmenso beneficio para la vida digna de los dependientes” que supondrían estos aspectos.

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