Esta mañana cerca de una treintena de manifestantes se han plantado frente a la sede de Enresa, la empresa pública encargada del ATC de Villar de Cañas, a causa de las últimas adjudicaciones que se han realizado en el proyecto del cementerio nuclear. Según los manifestantes, estos nuevos contratos suponen “un derroche de dinero público”, puesto que el proyecto lleva meses paralizado a causa del Gobierno regional.

A la concentración han asistido diferentes colectivos ecologistas provenientes de todos los rincones de España. Entre otros, se encontraba el Movimiento Ibérico Antinuclear, la Plataforma Contra el Cementerio nuclear de Cuenca, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, el Foro Extremeño Antinuclear y Ecologistas en Acción, además de miembros de Equo y del Partido Castellano.

Los representantes de estas plataformas han exigido al presidente de la empresa, Juan José Zaballa, que ponga fin a las contrataciones y sea más transparente, además de solicitar que compareciera en el Congreso de los Diputados, donde parte de los partidos del hemiciclo se han mostrado contrarios al silo nuclear. Igualmente, le han recordado que el anterior presidente de Enresa, Gil-Ortega, por menos de lo que estaría haciendo Zaballa.

Tampoco faltaron críticas a causa de las formas con las que se habían llevado estos contratos. Como ha denunciado el portavoz Carlos Villeta a los medios de comunicación, “cinco de los seis últimos contratos” no se habrían licitado por un procedimiento abierto. El portavoz también expuso que la última de las adjudicaciones, que se trata de la de mayor importe, se habría realizado “mediante un procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, se trataría de una adjudicación “a dedo”.

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Este último contrato tiene un importe de 347.027 euros y contempla la ampliación de los trabajos de caracterización en los terrenos del ATC en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que emitió el CSN en julio de 2015 al informar a favor de la ubicación del ATC en Villar de Cañas, según la Plataforma. El resto de contratos son de diversos estudios y consultoría, explotación de la red de control piezométrico y el suministro de bombas de muestreo, con importes que van desde los 18.000 a los 49.761 euros.

Según los convocantes de la protesta hasta la fecha, Enresa ha licitado directamente o mediante convenio con otras instituciones 409,96 millones de euros en el ATC, de los que ha adjudicado 76,01 millones de euros de gasto. El último de los contratos se aprobó el 16 de este mes de marzo.

El Gobierno de Rajoy pretende blindar el cementerio nuclear

Para los convocantes, las últimas contrataciones de Enresa estarían vinculadas a los intereses políticos del Gobierno en funciones, presidido por Mariano Rajoy. Según las plataformas, el Ejecutivo estaría acelerando estas contrataciones de forma opaca y con escasas garantías para blindar el proyecto del cementerio nuclear e impedir la paralización definitiva del silo, o al menos conseguir para las empresas adjudicatarias grandes sumas de dinero en indemnizaciones.

El portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca señaló que es muy sospechoso “que tengan tanta prisa cuando el cementerio está paralizado por una ley regional”. Además, desde la plataforma consideran que el presidente de la empresa sigue las directrices del Gobierno de Rajoy.

Para terminar, el portavoz de la plataforma recordó que el ATC “no tiene concedidos ninguno de los permisos necesarios”. Asimismo, el portavoz ha detallado que “el plan urbanístico también está pendiente de realizarse y el plan de ordenación municipal está anulado por el gobierno regional”.