Critican las pobres excusas del PP para mantener la simbología franquista en Cuenca

Los partidos políticos de la oposición y los colectivos republicanos han instado al Consistorio conquense a cumplir la Ley de Memoria Histórica, además de un acuerdo plenario de noviembre de 2014 donde se instaba al Obispado a retirar las referencias fascistas.

El Ayuntamiento de Cuenca prosigue con su extrema pasividad a la hora de cumplir la Ley de Memoria Histórica en la capital provincial. Aunque en noviembre de 2014 se acordó por unanimidad retirar la inscripción y la simbología dedicada a José Antonio Primo de Rivera de la fachada de la Catedral de Cuenca, el Consistorio se ha limitado a notificar un expediente al Obispado, permitiendo desde entonces que se conservara la fachada y que se exhibiera parafernalia nazi en la ciudad.

Esta actitud ha provocado la indignación de los partidos de la oposición, así como de los colectivos republicanos, que han instado desde entonces al Gobierno Municipal a cumplir con la legislación vigente y respetar la dignidad democrática.

Es el caso de Izquierda Unida, que en el pasado Pleno del 28 de abril preguntó al PP sobre la aplicación del acuerdo plenario. El joven edil de la formación izquierdista, Pablo García, recordó a Ángel Mariscal que no se avanzó en el acuerdo desde que se notificó al Obispado y este emitió respuesta.

Fue entonces cuando el concejal del Partido Popular, Pedro José García Hidalgo, dejó atónito a los asistentes del Pleno cuando aseguró que “el Ayuntamiento en su momento cumplió con su acuerdo”. El edil conservador dijo que el Obispado respondió que no habían sido ellos los que instalaron los símbolos falangistas, y pidió a los responsables que instalaron esos elementos que fueran ellos los que los retiraran. García Hidalgo aseguró en ese momento que no se sabía “quién instaló esos elementos”.

Sin embargo, desde IU se desmintió rápidamente el argumento del PP. Pablo García recordó entonces que “el Obispado dijo que los instaló el Ayuntamiento”. García declaró que, si era así, “es tan fácil como coger el acuerdo plenario y proceder a retirarlos. Ni más ni menos”.

Tras estos, el Equipo de Gobierno del PP se escudó en una serie de excusas para evadir las afirmaciones del concejal izquierdista, primero asegurando que las palabras que atribuyó al Obispado no eran ciertas y después, defendiendo que la retirada de esos símbolos podía afectar al patrimonio de la catedral. Para terminar, Mariscal dijo que “en todo caso está en una propiedad que no es del Ayuntamiento”.

Los republicanos aseguran que las declaraciones del PP les causan "vergüenza ajena"

Las palabras de los miembros de la formación conquense del PP también recibieron las críticas de la asociación “Ciudadanos por la República”, que calificó las declaraciones vertidas por los populares como una “tomadura de pelo”. En un comunicado, el colectivo aseguró que las explicaciones del concejal le producen “estupor y vergüenza ajena”, al igual que las declaraciones del alcalde, que han interpretado como “torpes excusas”.

Desde la plataforma se ha recordado que los acuerdos de noviembre de 2014 “son jurídicamente vinculantes, que se caracterizan por su ejecutividad inmediata y ejecutoriedad, y, que, en caso de incumplimiento, se prevé la ejecución forzosa de los mismos a través de medios como la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas al particular incumplidor”.

Igualmente, el colectivo ha esgrimido más información sobre la legislación vigente, que, “en relación a los elementos franquistas ubicados en edificios de propiedad privada, el Ayuntamiento tienes competencias propias en materia de disciplina urbanística para retirar dichos elementos mediante un procedimiento forzoso”.

Por otra parte, la asociación ha criticado la “inacción” Gobierno local explicando que “infringe el Dictamen de 22 de julio de 2014 del Relator Especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, D. Pablo de Greiff” y que “sería constitutiva de delito en países de nuestro entorno, como Alemania Francia o Italia”.

Finalmente, Ciudadanos por la República señaló que el partido que fundó José Antonio Primo de Rivera, “se caracterizó desde su fundación por el empleo de la violencia extrema y fue punta de lanza de la represión causada tras el golpe de Estado de 1936, durante la Guerra Civil y la ulterior posguerra”.

Esos hechos llevaron a que en la actualidad continúen desaparecidas 143.353 personas en fosas comunes dispersadas por todo el país. Unas cifras que sitúan a España como el segundo país con más desaparecidos, por encima de las dictaduras del cono sur y solo superada por Camboya, un país que sufrió la colonización francesa, la dictadura pro estadounidense de Lon Nol y el régimen de los Jemeres Rojos.

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