GUADALAJARA.- El Ayuntamiento de El Casar, un municipio situado en la provincia de Guadalajara que cuenta con poco más diez mil habitantes, seguirá en manos del Partido Popular gracias al apoyo de cuatro ediles tránsfugas de Ciudadanos, dos de los cuales conservarán su cargo en la Junta de Gobierno Local, contando asimismo con voz y voto.
Concretamente, dicho grupo de tránsfugas está encabezado por la exdiputada provincial de la formación naranja, en estos momentos como parlamentaria no adscrita, Yolanda Ramírez, quien actualmente mantiene con su apoyo el Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara, "a cambio de un sueldo de 50.000 euros". Fue el pasado mes de enero cuando Ramírez, tras abandonar su partido, se negaba a entregar el acta de diputada. Entonces, el Gobierno popular de la Institución aprobó, con los votos del PP y de la propia interesada, mantenerla con dedicación a tiempo completo. A lo que se opusieron con su voto tanto el PSOE como Ahora Guadalajara.
Junto a ella se encuentra Juan Gordillo, también elegido concejal de El Casar en las municipales de 2015, por Ciudadanos. Comenzó la legislatura siendo portavoz de C's en el Consistorio casareño, cargo en el que le sustituyó Ramírez a partir del mes de octubre del año pasado, tras su expulsión del partido en el mes de julio.
Completan el grupo de concejales no adscritos, aunque elegidos como integrantes de la candidatura de Ciudadanos, Carlos Ignacio Hernández y María Asunción López.
Para los socialistas se trata de "la cara B de un acuerdo provincial con varios escenarios", en los que, sin embargo, los protagonistas son los mismos actores: un grupo de tránsfugas de El Casar y un partido, el PP de Guadalajara. Una formación a la que acusan de "comprar voluntades" para asegurarse mayorías donde no las tiene.
Tanto Ramírez como Gordillo mantendrán su puesto en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad, al que accedieron tras el acuerdo de investidura suscrito entre C's y el PP.
Desde el PSOE consideran que al no formar parte ya del grupo municipal de Ciudadanos deberían haber dejado de formar parte del órgano de gobierno, pero una resolución del alcalde les mantiene como integrantes del mismo y además ven incrementadas sus competencias.
"Un vergonzoso apaño" para los socialistas, quienes denuncian que con esta actuación el alcalde de El Casar, José Luis González, incumple el pacto antitransfuguismo y el acuerdo nacional con Ciudadanos que le sirvió al PP para acceder al Gobierno central. Un pacto en el que se recoge el compromiso a impedir la utilización de tránsfugas en cualquier circunstancia, incluso para mantener "activamente" las mayorías de gobierno.
Asimismo, precisa que ambas formaciones no aceptarán en sus equipos de Gobierno a miembros de la Corporación "que se hayan convertido en tránsfugas" y rechaza la posibilidad de que por parte del alcalde "se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno". Justo todo lo contrario de lo que ha hecho el alcalde ‘popular’ de El Casar.
C’S ESTUDIA ACCIONES LEGALES
Sobre este asunto, el portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, opina que, al igual en la Diputación de Guadalajara, se trata de un "fraude a la democracia", ante el cual insta al PP y al PSOE en el ámbito nacional a que convoquen el pacto antitransfuguismo.
En cuanto a las posibles acciones legales, ha afirmado que los abogados del partido naranja estudian el caso de El Casar y el de la diputada Yolanda Ramírez, aunque mientras no cambie la ley y las actas no pertenezcan a los partidos, en vez de a personas particulares, "tenemos un problema de virtud democrática".
FACILITARON LOS DESAHUCIOS EN 2015
En diciembre de 2015 la polémica gestión de PP y C’s en este pueblo de Guadalajara saltó a la escena nacional después de que acordaran tumbar una moción con medidas para combatir los desahucios que fue aprobada dos meses atrás con los votos a favor de socialistas y agrupaciones de unidad popular, además de la abstención de la propia formación naranja.
El Ayuntamiento de El Casar volvió a facilitar así los desahucios, suprimiendo los incentivos para alquiles sociales, las sanciones a las viviendas desocupadas de forma permanente por los bancos y la obligación de la institución de no realizar transacciones bancarias con entidades financieras que ejecuten desahucios.
