Perseguidos, víctimas de decisiones "infundadas y arbitrarias", así es como se sienten desde hace dos años algunos miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Toledo. Una "permanente injusticia" de la que responsabilizan al Arzobispado, y ante la que una vez más vuelven a rebelarse, haciendo pública la situación en que se encuentran.
Una "persecución inquisitorial" que denuncian en un comunicado suscrito por un exhermano mayor y tres candidatos a ocupar ese cargo, una de las cuales, María Dolores Mateo, no habría podido acceder a él a pesar de haber ganado las dos últimas elecciones, debido a la "animadversión" del párroco de la iglesia de Santa Justa y Rufina –sede canónica de la Hermandad- hacia ella.
Una denuncia con la que pretenden, según explican en un comunicado, dar a conocer los "tejemanejes" que un sector del clero toledano está empleando contra ellos, después de haber estado aguantando dos años "con el máximo respeto" decisiones "arbitrarias" que por su parte se han dictado.
Aseguran que desde la jerarquía eclesiástica se les ha impedido desarrollar las actividades propias de una asociación de fieles como la suya, "pisoteando" además los derechos que les ofrecen "tanto las leyes civiles como las eclesiásticas". Desde la Hermandad de las Angustias denuncian así la convocatoria "caprichosa" de elecciones, para después "jugar al despiste y mofarse de los resultados", argumentando que estos deben ser refrendados –por el Arzobispado- lo cual hace que sean elegidos desde la legalidad, "pero no desde la legitimidad".
Una situación que viene de hace un par de años, cuando en 2015 se convocaron unas elecciones. Un proceso que fue suspendido mediante un decreto del Arzobispado, a raíz de un informe presentado por el entonces provicario general de la Archidiócesis -al que Rodríguez Plaza nombró delegado episcopal para realizar una visita canónica a la Hermandad y analizar la situación de la misma- y según el cual en la hermana mayor electa no concurrían "las cualidades requeridas" para el cargo. Un decreto que terminaba también con las actividades religiosas de la Hermandad. Desde este momento quedó encomendada a un consiliario, nombrado directamente por el arzobispo.
Una sucesión de hechos que llevó a Mateo a emprender una cruzada pública en defensa de su honor y su legitimidad en el cargo de hermana mayor, al haber sido elegida democráticamente por una amplia mayoría de los hermanos y que le llevó a presentar sendos escritos ante la Nunciatura Apostólica y el Defensor del Pueblo. Meses de acusaciones y polémicas -ante las que se vio también obligado a emitir algún comunicado desmintiendo las críticas que se le hacían- que decidía zanjar el arzobispo con la convocatoria de un nuevo proceso electoral y la sustitución del anterior consiliario con el que María Dolores Mateo había tenido serias tensiones.
Pero en esta nueva convocatoria volvía a ocurrir lo mismo. Por segunda vez volvía a salir elegida como hermana mayor María Dolores Mateo, y aunque desde el Arzobispado se consideró aptos a todos los candidatos, cinco meses más tarde "volvieron a saltarse sus propias leyes" y nombraron una gestora, presidida por el párroco de Santa Justa y Rufina.
Estos miembros de la Hermandad insisten en que al producirse elecciones en el seno de la Hermandad, "no hay ninguna autoridad que pueda enmendar el resultado" sin tener una causa "justa", y en caso de que existiera, tendrían que impugnar los resultados, algo que en ninguno de los dos casos han hecho.
De ahí que aseguren que la segunda votación que "obligaron a realizar" es nula a todos los efectos, y por ende, nulos todos los decretos y decisiones sobre la elección de hermano mayor hasta el momento. Y es que, continúan, la designación del comisario no se debió efectuar tras el resultado de las elecciones de 2015, momento a partir del cual todo lo sucedido responde a "una intromisión injustificada" de ese grupo de la Iglesia toledana en los asuntos de la Hermandad.
De toda esta situación responsabilizan al párroco, pero también al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, "por consentirla".
Los firmantes de este escrito, el exhermano mayor José María Romero y los tres candidatos a ello, Eugenio Arribas (exvicehermano mayor), María Dolores Mateo y María Luisa Magán, defienden que hasta ahora se han ido aceptando estas situaciones confiando en que pudieran resolverse "por la vía del diálogo y los buenos acuerdos". Una disposición que no han encontrado por la otra parte, haciendo evidente "lo que les cuesta entrar en el Concilio Vaticano II", demostrando una vez más que se encuentran "más cómodos con los tiempos de la Inquisición y del más lejano Concilio de Trento", en el que se castigaba el pensamiento "de forma desmedida e ignominiosa". Castigos a los que aún no han llegado a sufrir aunque, advierten, "falta poco para la mazmorra".
Desde el Arzobispado, por el momento, prefieren no pronunciarse sobre estas acusaciones.
