ALBACETE.- El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, tendrá que declarar como investigado por presunta prevaricación administrativa, en relación al nombramiento del jefe provincial de Servicio de Extinción de Incendios (SEPEI) el próximo 12 de abril.
Cabañero ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, después de que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictara una providencia pidiendo una investigación penal sobre lo sucedido. Una citación que se habría establecido el pasado mes de diciembre, no siendo sin embargo hasta este miércoles cuando se daba traslado a la Diputación.
Los hechos investigados se remontan a 2015, cuando Santiago Cabañero, como presidente de la Diputación de Albacete, firmaba el decreto por el que se cesaba al anterior jefe del SEPEI, José Ovidio García, y se nombraba a su sustituto, José Ferrer. Decisiones ambas que fueron denunciadas desde el sindicato CSIF ante los tribunales, consiguiendo una sentencia a su favor en primera instancia.
La Diputación Provincial recurrió esa sentencia y de nuevo la justicia volvía a dar la razón al sindicato, anulando así el nombramiento de Ferrer como jefe de servicio. Decisión adoptada por la Sección 2ª del Juzgado Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al entender que el nombramiento podría considerarse "una resolución arbitraria" dictada "a sabiendas de su injusticia y constitutiva de un posible delito de prevaricación administrativa".
El TSJ argumentaba su decisión considerando que el nombramiento de Ferrer se justificó por parte de la Diputación como una atribución "temporal" de funciones, "sin realizar un concursillo previo", algo a lo que obliga el Acuerdo Marco de la Diputación. Esto, según el tribunal, supondría una ilegalidad administrativa.
En su providencia el TSJ justifica el posible delito de prevaricación porque la Institución provincial fue avisada de esta ilegalidad hasta en cuatro ocasiones, sin que pudiera remedio a la misma. La primera advertencia llegaba precisamente desde un juzgado de Albacete, tras recurrir el sindicato CSIF el cese de Ovidio.
Tras esta sentencia, la propia Diputación emitía un decreto recomendando seguir el procedimiento establecido en el Acuerdo Marco, y después el propio interventor formuló un reparo al nombramiento de Ferrer señalando que además de no contar con el informe del Servicio de Recursos Humanos, debía realizarse el 'concursillo'. El cuarto y último aviso llegó por parte del sindicato, que presentó un escrito solicitando que se siguiera el procedimiento legal establecido.
Por ello, el TSJ pedía el testimonio de particulares para "depurar" posibles responsabilidades penales y remitía el caso al Juzgado de Instrucción a la Fiscalía provincial que instruyen la causa.
UNA OPORTUNIDAD PARA EXPLICARSE
Una citación que el presidente de la Diputación albaceteña recibe como "una oportunidad para explicar, con las garantías jurídicas oportunas, que no existió prevaricación administrativa".
Así lo ha señalado en un comunicado, en el que desde la Institución provincial se subraya que, "como no puede ser de otra forma", Cabañero acudirá al juzgado para aportar "la pertinente documentación" que figura en el expediente del nombramiento que se cuestiona, "así como a responder cuantas preguntas le sean planteadas al respecto".
Cabe recordar que el presidente de la Diputación de Albacete decidía no recurrir la decisión adoptada el pasado octubre, señalando entonces su deseo de "aclarar la situación". Tras conocerse la decisión del TSJ de abrir una investigación sobre la existencia de un delito de prevaricación, Cabañero se mostraba tajante y aseguraba que no había "nada que temer" porque "todo" se había hecho de forma legal.
