TOLEDO.- La empresa Amiab y el ministro Montoro despiden con 68 euros a los cuatro trabajadores que, hasta ahora y durante los primeros quince días que lleva vigente el contrato, limpiaban la sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda, y del Tribunal Económico Administrativo regional, ubicada en el antiguo edificio del Banco de España en Toledo. 

Despidos a precio de saldo que, si bien son legales –la reforma laboral del PP así lo permite-, con los que esta empresa, amparada por el Gobierno de España que le adjudicó el contrato, va a dejar en la calle a estos trabajadores. 

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La empresa reconoce que los despidos son improcedentes, y por ello pagará a cada trabajador 68 euros, que se sumarán a los 104 que les corresponden de la liquidación. Así, estas tres mujeres y un hombre, se verán en la calle con solo 172 euros en el bolsillo. Cuatro trabajadores que han realizado un trabajo excelente, tal y como habría admitido la propia empresa, pero que no ha sido suficiente para que Amiab decida 'deshacerse' de ellos. 

Tras esta decisión, que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda, se encuentra la necesidad de la empresa de contratar a personas con discapacidad para la prestación del servicio y así poderse beneficiar de las subvenciones del propio Gobierno de España para este tipo de contrataciones. Única forma ésta de poder cumplir con el contrato adjudicado por un importe de 31.887 euros, cuando el pliego de condiciones situaba el presupuesto base de licitación en 61.500 euros y el valor estimado del contrato se situaba en 123.000 euros. 

En el precio ofertado, esos menos de 32.000 euros, la empresa debía incluir –tal y como recoge el pliego-, no solo los salarios, vacaciones y pagas extraordinarias, sino la Seguridad Social, las sustituciones por enfermedad y vacaciones, los uniformes (obligatorios para todos los trabajadores también según el pliego de condiciones), así como los seguros, impuestos, gastos o tasas originados por el servicio, incluido el IVA. 

Una oferta que el Ministerio de Hacienda no pudo dejar pasar, al ser la mitad del precio de licitación. Un ahorro que la adjudicataria que costeará el propio Gobierno, al subvencionar las contrataciones de los trabajadores con discapacidad que la empresa va a asumir para la realización de los trabajos, y que le ha hecho jugar con ventaja respecto al resto de licitadores interesados en la prestación del servicio. 

Un contrato cuya finalidad es el permanente mantenimiento de las instalaciones administrativas en condiciones óptimas de limpieza que permitan un desarrollo normal y decoroso de la actividad que se lleva a cabo en la sede de la Delegación Especial de Hacienda. Un edificio de cinco plantas, que cuenta con una superficie de casi 2.000 metros cuadrados y una zona de jardín, cuyo cuidado y mantenimiento también se encuentra contemplado en las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. 

Toda una serie de variadas prestaciones, entre las cuales curiosamente también se encuentra la "retirada y destrucción de documentos" o la "limpieza de banderas", de cuya organización y especificaciones se recogen con detalle en dicho pliego. Un documento en el que además se señala que los trabajadores asignados al servicio deberán ser "siempre los mismos, salvo en caso de enfermedad, vacaciones o causas de fuerza mayor". Debiendo toda modificación de plantilla ser "autorizada previamente" por la Administración. 

 Asimismo establece que "antes de proceder a la sustitución de cualquiera de los miembros del equipo de limpieza, la empresa adjudicataria solicitará por escrito permiso para ello, dejando la decisión aplazada hasta que se pronuncie favorablemente el órgano de contratación". Algo que, en este caso ya ha debido de plantearse, al haber comunicado ya a los trabajadores actuales su despido. 

"VERGONZOSO"

Desde el sindicato Comisiones Obreras se preguntan "qué pasa con los derechos" de estos trabajadores, valorados exactamente en 68 euros, los cuales "se pagan y sanseacabó". Así lo denuncia el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios, Carlos García Montoya, para quien es "vergonzoso" lo que está sucediendo. 

Y es que, considera inconcebible que Hacienda emita un pliego "razonable" que valora el servicio en 61.000 euros y sin embargo, adjudique el servicio por la mitad. Un pliego en el que advertía que los trabajadores deberían ser "siempre los mismos" y que las modificaciones de plantilla deberían autorizarse de forma previa, lo cual hace admitiendo cuatro despidos improcedentes, que se saldan con 68 euros cada uno y sin más derecho que les asista. 

"Así de fácil y de barato resulta despedir en España", lamenta García Montoya, quien subraya que además sea en este caso "por iniciativa y con el visto bueno del Ministerio de Hacienda", en favor de una empresa que "además de la reforma laboral del PP juega con el respaldo del dinero público".