TOLEDO.- La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía de Toledo las actuaciones realizadas sobre las prácticas laborales irregulares e incumplimientos salariales del modisto Alejandro de Miguel, al apreciar un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Prácticas irregulares que se habrían producido en el atelier que el diseñador posee en la localidad toledana de Miguel Esteban, además del cual cuenta con dos puntos de venta situados en Toledo y Ciudad Real.
El afamado diseñador, cuyas creaciones visten caras tan conocidas como las Campos, la televisiva Irma Soriano, Marina Danko o Marisa Jara, se enfrenta así a un informe que remite al artículo 311 del Código Penal, que castiga con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, a quienes "mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
A raíz de una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras en noviembre de 2016, la Inspección pudo constatar diversas prácticas "anómalas" e incumplimientos en materia salarial por parte de la empresa del modisto castellano‑manchego. Por ello, el pasado mes de julio requería a Grupo de Confección Cadenas S.L., propiedad de De Miguel y su familia, el abono a sus trabajadoras de las deudas no prescritas, que oscilaban entre los 3.500 y 6.500 euros a cada una de ellas.
Un requerimiento que el modisto atendió, realizando los correspondientes ingresos mediante transferencia bancaria, de modo que la Inspección de Trabajo pudiera comprobar el cumplimiento de lo solicitado. Sin embargo, posteriormente exigió a las trabajadoras la devolución del dinero nada más recibirlo en sus cuentas, lo cual hicieron todas menos una, que fue inmediatamente despedida.
Según relata el sindicato que promovió la denuncia, De Miguel junto con sus hermanas y su madre, la cual figura como administradora de la empresa, aunque es el propio diseñador quien en todo momento representa a la mercantil, convocaron a esta trabajadora para exigirle la devolución del dinero.
Una conversación que fue grabada por la trabajadora despedida, y en la que se puede escuchar al modisto y a sus familiares reclamarle el dinero que le habían ingresado por requerimiento de la Inspección, subrayando en varias ocasiones que el resto de sus compañeras ya lo habían devuelto.
Hechos que, una vez conocidos, llevaban a Comisiones Obreras a ampliar su denuncia inicial ante la Inspección de Trabajo, aportando el 11 de septiembre la grabación facilitada al sindicato por la trabajadora y su transcripción.
De este modo, la Inspección de Trabajo considera avalada la "licitud" de esta grabación mediante diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y por ello ha dado traslado de la misma a la Fiscalía de Toledo.
Junto a este registro sonoro, desde la Inspección también se requirió a una entidad bancaria información sobre los movimientos de cuentas de varias de las trabajadoras que habían percibido el ingreso por parte de Alejandro de Miguel, "a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente, devolvérselo al empresario", al poderse estar ante un posible delito del artículo 311 del Código Penal.
Los extractos bancarios muestran cómo las trabajadoras retiraron "de inmediato" de sus cuentas el dinero que les acababa de ingresar el diseñador.
De este modo, comprobados los hechos denunciados por el sindicato y revelados por la grabación aportada por la trabajadora despedida, la Inspección ha decidido remitir el caso a la Fiscalía, con las actuaciones practicadas y las pruebas acumuladas que apuntan a un delito penal.
Ahora, el Ministerio Fiscal deberá estudiar los posibles delitos cometidos y las pruebas de las que dispone para demostrarlo, y en su caso formular la correspondiente denuncia penal contra el responsable de la empresa Grupo de Confección Cadenas S.L.
Desde la Inspección también se precisa que, aunque Alejandro Jiménez Tirado (nombre real del diseñador Alejandro de Miguel) no es el administrador de la empresa, "se entiende" que "es realmente el dueño de la misma", y quien ha actuado y adoptado las decisiones irregulares, por lo que debe ser él quien responda personalmente de las posibles penas derivadas de la conducta presuntamente delictiva.
Y es que, el informe remitido a la Fiscalía por la Inspección también aporta los movimientos de la cuenta bancaria del modisto, que permiten comprobar cómo "realiza transferencias a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio fuera de la propia cuenta de la mercantil".
Por todo ello, señala la Inspección, "se entiende que Don Alejandro es el responsable principal de tener a los trabajadores en condiciones inferiores a las que se establecen legalmente, exigir la devolución del dinero trasferido y de adoptar medidas sancionadoras de despido en caso de no atender sus exigencias, mediante supuestas amenazas y coacciones".
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
Pero a este nuevo paso de la Inspección se llega tras largos meses en los que se han ido sucediendo incumplimientos y sanciones. Así, tras las impuestas el pasado verano, la Inspección ha podido seguir constatando los incumplimientos laborales y salariares por parte del diseñador, a raíz de lo cual se han emitido los correspondientes requerimientos y posteriormente impuesto las sanciones correspondientes al afamado modisto.
Relatan desde Comisiones Obreras cómo, entre las prácticas "habituales" de Alejandro de Miguel se encuentra el abono de nóminas de cerca de 200 euros menos de lo establecido en el convenio, a pesar de lo cual las trabajadoras "debían firmar que reciben mensualmente el salario de convenio"; el impago de varios pluses y de las pagas extraordinarias, e incluso el impago del mes de vacaciones, argumentando que "por tradición, aquí las vacaciones no se pagan", tal y como se puede escuchar al propio diseñador comentar en la grabación facilitada a la Inspección. Incumplimientos todos ellos que afectan a la plantilla al completo, aunque si bien se agravan en el caso de algunas trabajadoras.
De forma paralela, desde el sindicato también se tramita la demanda de nulidad del despido de la trabajadora que se negó a devolver a la empresa el dinero ingresado por requerimiento de la Inspección, así como el de otra trabajadora despedida previamente y a la que, presuntamente, De Miguel habría obligado a firmar la recepción del dinero del finiquito, aunque luego no se lo ingresó.
AGRADECIMIENTO A LA INSPECCIÓN
Desde Comisiones Obreras agradecen "profundamente" la actuación "encomiable, rigurosa y exhaustiva" de la Inspección de Trabajo en la investigación de las prácticas irregulares y presuntamente delictivas del empresario Alejandro de Miguel, que se han realizado durante más de un año.
En un comunicado, señalan que la crisis económica y la degradación del marco laboral en España, "a base de reformas legales encaminadas a desmantelar los mecanismos de defensa y protección de los derechos de los trabajadores" han propiciado, facilitado e incluso alentado "la extensión de los abusos empresariales, hasta rebasar incluso el Código Penal".
Situaciones contra las que el sindicato no va a dejar de luchar, en un combate contra estos empresarios que "abusan de sus trabajadores y denigran a todos los demás", en el que es fundamental el "compromiso" de la Inspección de Trabajo, pero también del conjunto de los poderes públicos y los empresarios honestos.
