TOLEDO.-La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina, por la que se condenaba al alcalde de Lagartera, el popular José Vicente Amor Jiménez, a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Se le condena por un delito de prevaricación, al intervenir en tres expedientes administrativos, iniciados por la falta de clausura de dos granjas de cerdos por parte del Ayuntamiento.
Una sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra la que no cabe recurso, con la que desde el letrado José Antonio Bermúdez Alonso, que ha representado a los demandantes, considera que "se hace justicia".
En este sentido explica que los afectados por los olores, insalubridades y molestias que provocan ambas granjas, "lo único que desean es que se cumpla la legalidad y las sentencias judiciales", de modo que "de una vez por todas y sin más demora" se clausuren ambas granjas. Instalaciones que llevan ya siete años abiertas "sin deber estarlo", precisa el abogado, y que al final van a cerrarse por decisión de los tribunales, en lugar del Ayuntamiento, como debería haberse producido.
Y es que según recoge la sentencia, el regidor lagarterano, en el cargo desde junio de 2011, se habría servido de "argucias jurídicas y administrativas" para incumplir la orden de clausura de la granja porcina de un exconcejal de la localidad, dictada antes de su llegada al Consistorio, y que él mismo habría ratificado tan solo unos meses después de su toma de posesión, después de conocer un informe emitido por los servicios técnicos de la Diputación sobre el recurso interpuesto.
De este modo se daba firmeza a la resolución, a pesar de que el propietario de la granja, el exconcejal Andrés Igual Lozano, continuase realizando obras en ella. Trabajos que fueron denunciados por los vecinos, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, desde el que no se adoptaron medidas al respecto.
Se dejaron transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer la demanda contencioso administrativo para la declaración de lesividad, la cual no llegó a presentarse por parte del Ayuntamiento presidido por Amor Jiménez, hasta casi diez meses después de su acuerdo.
Esto hizo que en abril de 2013, los vecinos interpusieran una reclamación previa a la vía judicial, para que se procediera a la clausura de la granja. Una reclamación que tampoco tuvo respuesta por parte el Consistorio gobernado por el PP, por lo que en junio se optó por interponer un recurso contencioso administrativo que aún sigue tramitándose en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo.
Una serie de maniobras que dilataron la situación en el tiempo, obligando a varios vecinos a acudir a la vía judicial para materializar su clausura, algo que a fecha de hoy, aún no se ha producido. Todo ello a pesar de que en julio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso número 3 dictaba sentencia obligando a su "clausura inmediata".
Por su parte la declaración de lesividad también sigue su curso en los tribunales, en concreto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, después de que la petición de medidas cautelares, que contemplaban la suspensión del procedimiento, fueran denegadas en enero de 2014.
Una demanda de lesividad que también se dejó dilatar en el tiempo respecto a otra granja porcina, en la que también se pretendían realizar obras sin la preceptiva licencia. Trabajos para los que Amor Jiménez decretó el cese, pero tampoco movió ficha para declarar lesividad, lo que obligó a los vecinos a tener que acudir también a los tribunales.
Pero desde la firmeza de la resolución por la que se acordaba el cese de la actividad hasta la fecha, no se ha procedido a clausurar la granja, la cual sigue funcionando aun careciendo de la licencia para la actividad que desarrolla.
Considera probado el juez que el proceder del acusado se condujo "con conocimiento de que su inactividad administrativa provocaba el mantenimiento y uso de instalaciones que carecían de las licencias y autorizaciones necesarias para su funcionamiento". De este modo "contraviniendo el interés público y causando serio perjuicio a los vecinos afectados", recoge la sentencia. Vecinos que ante la "inactividad del Ayuntamiento" se vieron obligados a buscar el auxilio judicial que ahora les reconoce sus derechos, a pesar de lo cual la Alcaldía de Lagartera "no adopta los medios para su efectivo cumplimiento".
En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo desestima los cinco motivos expuestos por la defensa del regidor popular en su recurso de apelación, entre los que se apuntaba a un error en la valoración de la prueba; la vulneración del principio acusatorio; una falta de motivación de la resolución recurrida "por la falta de lógica del discurso argumental", así como una infracción del principio de intervención mínima y lo que consideraba la defensa una incorrecta aplicación del derecho.
Motivos todos ellos que desestima el juez, condenando además a José Vicente Amor Jiménez a las costas del proceso.
