GUADALAJARA.- Tiene 23 años, un 66 por ciento de discapacidad, sufre problemas de salud y ha sido desahuciada de la vivienda de protección oficial (VPO), ubicada en el barrio de los Escritores de Guadalajara, que hace cuatro años recuperó después de que ésta llevara al menos cinco vacía. Safira Sánchez de los Reyes, cuyos ingresos mensuales de 380 euros no le permiten acceder a otra vivienda, es la víctima de esta dramática situación, ante la que incluso se ha pronunciado la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un desalojo que se materializaba este lunes, a pesar de que decenas de personas se habían concentrado en las inmediaciones de la vivienda para tratar de impedirlo, y que terminaba con Safira sufriendo una crisis de ansiedad, y teniendo que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, donde poco después era dada de alta.
Lanzamiento que, según fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, se producía cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí presentes han entrado "por la fuerza" en la vivienda y han ejecutado la orden judicial que pesaba sobre la misma.
Entre quienes han intentado impedir que Safira se quede en la calle se encontraba el diputado y portavoz de Podemos en el Parlamento regional, David Llorente, quien ha criticado que se haya llevado a cabo el desahucio sin tener en cuenta la situación de la joven y su enfermedad.
Un desahucio con el que se estarían incumpliendo las medidas cautelares dictaminadas por Naciones Unidas. Así lo denunciaba en un comunicado Amnistía Internacional, que recuerda cómo el pasado 5 de septiembre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización de este desahucio.
El Comité solicitaba la suspensión del desalojo o, alternativamente, el otorgamiento de una vivienda adecuada a sus necesidades, para evitar posibles daños irreparables a esta joven, mientras el caso sigue siendo examinado.
Y es que, como recordaba el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez, "los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas, cuya competencia para adoptar medidas cautelares, a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima, ha sido aceptada por España".
En este sentido, apuntaba que España firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010, mediante el cual se reconocía la competencia de dicho comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el protocolo y para la adopción de las medidas provisionales que fuesen necesarias para evitar esos posibles daños irreparables a la víctima o víctimas de la supuesta violación, todo ello antes de pronunciarse sobre el fondo de un asunto. Esto, subrayaba Sánchez, exige que los órganos judiciales cumplan las medidas cautelares.
En concreto, el pasado mes de septiembre Naciones Unidas admitía a trámite la denuncia realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, en la que se instaba a España y al Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad, a otorgar una alternativa habitacional a Safira, o en su defecto, paralizar el desahucio.
Una decisión que finalmente adoptaba el comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ante la inacción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual había sido requerida en reiteradas ocasiones para cumplir con sus obligaciones, al ser España suscriptora de su tratado constitutivo.
Pero ni el Juzgado ni la Junta han acatado los términos de dicha comunicación, a pesar de las circunstancias económicas de esta joven, pensionista de la Seguridad Social y cuyos ingresos mensuales no llegan a cuatrocientos euros, impidiéndole así acceder a una vivienda a precio de mercado.
Desde Amnistía Internacional se ha pedido con anterioridad al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, que se realice una declaración o pronunciamiento público dirigiéndose a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de que cumplan las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas, en este caso, las medidas cautelares.
Medidas que establecen que si no se cuenta con esa vivienda alternativa para Safira, "no se puede realizar un desahucio".
Y es que, insiste, Safira se encuentra en una situación vulnerable y si no se le ofrece una alternativa habitacional su situación de desamparo se acrecentará, como así ha sido este lunes, al ser sacada de la vivienda que ocupaba hasta ahora.
Amnistía Internacional también se ha puesto en contacto con las autoridades competentes a nivel autonómico y local, recordándoles su obligación de facilitar una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo. Una obligación, recuerdan, que se deriva del derecho internacional y que afecta a todas las administraciones con competencia en materia de vivienda.
Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara el caso de Safira es una muestra más de "cómo los bancos han sido los grandes beneficiarios de la política económica" española.
En este sentido, detallan que Safira se ocupó de recuperar una VPO en el año 2014, después de que ésta al menos llevase cinco años vacía. Un inmueble, ubicado en la calle Salvador Allende de la capital guadalajareña, que había sido adquirido por el banco Kutxabank en una ejecución hipotecaria, y que a pesar de contar con protección oficial y tener la obligación de ponerla en circulación a los valores máximos establecidos, decidió retenerla y mantenerla vacía hasta que transcurriera el periodo de protección.
Así, una vez concluido ese periodo de exenciones fiscales, la entidad bancaria decidía denunciar a Safira para poder vender la vivienda a precio de mercado y así, subrayan desde la Plataforma, "continuar especulando" con el derecho a techo de los ciudadanos.
Un desahucio que ya tuvo una primera fecha de ejecución el pasado 25 de junio, y que fue paralizado tras una intensa campaña de acciones por parte del colectivo antidesahucios en la sucursal de Kutxabank.
Detectada entonces la situación de vulnerabilidad de Safira, el Juzgado remitió a la Junta de Comunidades la necesidad de que explorara alternativas para esta joven, en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno autonómico sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar.
Sin embargo, se volvió a poner nueva fecha para el desahucio, fijándola para el 11 de septiembre. Fecha que también se aplazó, hasta este lunes.
ALTERNATIVA DE LA JUNTA
A pesar de que la familia de Safira señala al Gobierno regional como culpable de haber dejado a una persona enferma como esta joven "en la calle", desde la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, su responsable, José Luis Vega, explicaba que el desalojo de esta vivienda no ha sido promovido ni dictado por la Administración regional, sino que es fruto de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propiedad de la vivienda.
Asimismo, ha detallado que en el momento en que se tuvo constancia por parte del juez de que se iba a proceder al desahucio, "nos pusimos en contacto con la afectada para otorgarle una solución habitacional".
En este sentido, Vega explica que "ella quería una vivienda", pero actualmente existe un registro de más de 2.000 personas demandantes de vivienda en Guadalajara y "la Administración no puede saltarse arbitrariamente este listado, porque sería una irregularidad".
De este modo, y según explica el responsable de la Junta castellano-manchega, a Safira se le habrían ofrecido varias alternativas, entre las que se encontraba una ayuda que le permitiera encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; un alojamiento temporal para situaciones de emergencia social, e incluso la acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, en el Albergue Betania, aunque hasta la fecha no había aceptado ninguna de las propuestas.
Por otra parte, el director provincial de Bienestar Social subrayaba que Safira "tampoco se había presentado a ninguna de las tres citas con servicios sociales a las que fue convocada", por lo que "las alternativas se tuvieron que enviar vía burofax a su abogado".
A pesar de todo, insiste Vega en que la Dirección Provincial de Bienestar Social sigue a su disposición "para ofrecerle todo el apoyo familiar y social posible".
Una versión muy distinta a la que manifestaba tras el desahucio la madre de Safira, Pilar de los Reyes, quien desconocía dónde va a pasar las noches su hija. "No sé si tendrá que dormir debajo de un puente" y "no sabemos qué vamos a hacer con todo lo que nos han dejado en la calle", lamentaba.
La progenitora se refería así a los enseres de su hija, como la nevera, un colchón, bolsas con diversos efectos e incluso algunos alimentos, que los agentes también habían sacado del domicilio a las zonas de la comunidad de vecinos donde se ubica esta vivienda.
"Esto es el Gobierno que tenemos en Castilla-La Mancha", denunciaba la madre, "que deja a personas enfermas en la calle", sentenció justo después.
