TOLEDO.- El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) quiere que se supriman los símbolos franquistas que aún perviven en el ámbito judicial, empezando por la Orden de San Raimundo de Peñafort, y que en el proceso de valoración, información y otorgamiento de las distinciones al mérito en Justicia se excluya la participación de cualquier cargo de carácter religioso, como es el caso del arzobispo de Toledo, que hasta ahora valora las propuestas.
El prelado toledano forma parte, desde la creación de la Orden, de la Junta de Gobierno de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la subsecretaria del Ministerio, el presidente y el fiscal del Tribunal Supremo, el director general de los Registros y del Notariado, un representante de la Real Academia de Jusprudencia y Legislación, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, ejerciendo como secretario de este órgano un letrado del Cuerpo Superior de Abogados del Estado.
Junta de Gobierno que es, tal y como establecen las normas estatutarias de la Orden, que fueron aprobadas en marzo de 1945, la encargada del régimen y observancia de las mismas, así como de "informar las propuestas de concesión de cualquiera de las clases de esta condecoración". Un órgano en el que todos sus miembros, como recogen esas mismas normas, tiene "voz y voto".
Peticiones que el sindicato ha trasladado a Dolores Delgado, a través de una carta, en la que exponen su planteamiento para que sea estudiado y comience con la supresión y transformación democrática de símbolos y distinciones "cuyo origen y sentido fue el enaltecimiento del régimen franquista" y que "perviven en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del Ministerio de Justicia".
En este sentido, cabe recordar que el decreto por el que se aprobaba la creación de la condecoración de la Cruz de San Raimundo de Peñafort fue dispuesto el 23 de enero de 1944 por el dictador Francisco Franco.
Un decreto en el que se argumenta la creación de esta distinción señalando que en la España "liberada de las potencias del mal" había llegado "el tiempo esplendoroso en que las leyes van dando permanencia y sentido de profundidad humana al magno proceso heroico de nuestra liberación nacional". Es por ello que, continúa el decreto, "en este triunfante repecho de paz, pleno de fecundantes promesas patrias", se quiere "enaltecer con generoso aliento la milicia de los hombres del Derecho y cuantos contribuyen a dotar al país de una inquebrantable base jurídica y una prestigiosa estructura legal".
Se crea así la Cruz de San Raimundo de Peñafort "rememorando las excelsas virtudes de un español benemérito, confesor de Reyes y de Papas, canonista insigne, escrutador iluminado de las más vastas perspectivas del Derecho y de la moral".
Elementos que llevan al sindicato a remitir también esta petición a la Dirección General de Memoria Histórica, dependiente del departamento que dirige Delgado.
Los letrados de la Administración de Justicia subrayan cómo el pasado 25 de octubre el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que abogaba por una cultura de la memoria común "que rechace los crímenes fascistas del pasado", ante el auge de la violencia neofascista en Europa.
Del mismo modo, recuerdan en su comunicado que el propio Congreso de los Diputados aprobó la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una iniciativa que lidera el Gobierno de Pedro Sánchez.
Consideran que en el sector de la Administración de Justicia española aún son numerosos los símbolos que tuvieron su origen en la dictadura franquista para la exaltación de los valores de dicho régimen. Uno de ellos es la Orden de San Raimundo de Peñafort, una distinción que tiene como finalidad "ensalzar los valores totalitarios y la concepción del derecho propia de la dictadura fascista implantada en España tras la Guerra Civil".
Por ello creen que es "inaceptable" que desde el Ministerio de Justicia se participe directa o indirectamente en el mantenimiento de estos símbolos, más aún cuando en otros ámbitos, como el militar, se han ido suprimiendo este tipo de condecoraciones.
Mantener este tipo de reconocimiento, señalan, es "contrario al principio constitucional que configura España como un estado aconfesional".
Aunque piden la supresión de estas distinciones, también precisan que la misma no implica que se deban retirar todas las otorgadas anteriormente, puesto que "no afecta a la naturaleza de los méritos de las personas y juristas que hayan sido condecoradas durante los distintos gobiernos democráticos".
Entre los reconocidos con esta distinción se encuentran el utraderechista Blas Piñar (1970), Manuel Fraga en su etapa de ministro de la dictadura (1963), el arzobispo de Toledo Enrique Pla y Deniel (1944), el presidente de Gobierno del régimen Carlos Arias Navarro (1962), el fundador del Opus Dei José María Escrivá de Balaguer (1954), además de la polémica magistrada apartada de la 'Gurtel' por su afinidad con el PP, Concepción Espejel (2013); la actual ministra de Defensa, Margarita Robles (2013); la que fuera fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal (2016), el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido (2013); los exministros del PP Federico Trillo (1996), Ángel Acebes (2004) y Rafael Catalá (2004), o la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (2002).
Es por ello que desde el sindicato de letrados se propone al Ministerio la derogación del decreto por el que se regula la Orden de San Raimundo de Peñafort, para que su condecoración sea suprimida, y que la distinción ministerial sea sustituida por una condecoración civil, aconfesional y "compatible" con los valores y principios democráticos constitucionales.
