TOLEDO.- Orden de alejamiento y una sanción económica es la condena dictada por un juzgado toledano para la autora de una agresión a una maestra de un colegio público del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo.
Al juicio rápido, que tenía lugar este miércoles en el Palacio de Justicia, acudía acompañando a los testigos el presidente del sindicato ANPE Toledo, Julio César Casarrubios, quien ha detallado cómo la maestra fue "amenazada de muerte" por la madre de un alumno delante de otros compañeros y alumnos.
Los servicios jurídicos de la Consejería de Educación han asistido a la maestra víctima de estas amenazas, que tal y como ha señalado Casarrubios, se producen con una preocupante frecuencia.
Concretamente se han puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación ocho casos de agresiones que no llegan a ser físicas, tal y como explicaba en declaraciones a la SER su responsable, José Manuel Almeida, sino que se trata de "grupos de Facebook o WhatsApp en los que se hacen comentarios no adecuados o de coacciones e injurias" como en el caso de Toledo.
Aumento de estas situaciones ante las que ANPE ha mostrado su "más enérgica repulsa", al haberse incrementado "agresiones, insultos y vejaciones" por parte de los padres y familiares de alumnos que están sufriendo los docentes de la provincia de Toledo.
En este sentido, recuerdan en nota de prensa, que es "muy significativo" que en los últimos quince días se hayan registrado más de ocho casos en diferentes puntos de la provincia. Señalan así varios centros de Toledo, Talavera de la Reina, Ocaña, Ugena, Belvís de la Jara, Alameda de la Sagra y Carranque.
Una situación ante la que exigen a la Dirección Provincial y a la Consejería de Educación que "den todo el respaldo legal y apoyo necesario a los compañeros agredidos".
En este sentido y aprovechando este miércoles la visita a Toledo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, desde el sindicato han solicitado que este tipo de agresiones que sufren los docentes no sean juzgadas como una falta, sino como un atentado contra la autoridad pública, tal y como recoge el artículo 550 del Código Penal.
Desde ANPE recuerdan que siempre estarán al lado de los docentes, "defendiendo sus derechos y luchando para prevenir este tipo de acontecimientos tan lamentables", especialmente a través del servicio del Defensor del Profesor.
Un servicio que en Castilla-La Mancha se encuentra en funcionamiento desde el año 2005, a través del cual se ofrece asesoramiento y defensa a todos los docentes ante estas situaciones de violencia y conflictividad.
