TOLEDO.- Orden de alejamiento y una sanción económica es la condena dictada por un juzgado toledano para la autora de una agresión a una maestra de un colegio público del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo.
Al juicio rápido, que tenía lugar este miércoles en el Palacio de Justicia, acudía acompañando a los testigos Julio César Casarrubios, presidente toledano de ANPE, sindicato independiente de maestros y profesores en la enseñanza pública, que ha detallado cómo la docente fue "amenazada de muerte" por la madre de un estudiante delante sus alumnos y de otros compañeros del centro.
Según ha desvelado Casarrubios, ya se habían producido otras tres agresiones anteriores, pero la víctima "ya no ha podido más", por lo que ha pedido que las sentencias deben ser "ejemplarizantes".
Los servicios jurídicos de la Consejería de Educación han asistido a la maestra víctima de estas amenazas, que tal y como ha señalado Casarrubios, se producen con una preocupante frecuencia.
Concretamente, se han puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación ocho casos de agresiones que no llegan a ser físicas, tal y como explicaba en declaraciones a la Cadena SER su responsable, José Manuel Almeida, sino que se trata de "grupos de Facebook o WhatsApp en los que se hacen comentarios no adecuados o de coacciones e injurias", algo que también se daba en el caso de Toledo que ha acabado esta semana en condena.
Aumento de estas situaciones ante las que ANPE ha mostrado su "más enérgica repulsa", al haberse incrementado "agresiones, insultos y vejaciones" a profesores en Toledo por parte de los padres y familiares de alumnos, algo "alarmante e indignante", con el "agravante que supone cuando se trata de familias, que en muchos casos, reciben ayudas por parte del Estado".
"Queremos lanzar un grito a la sociedad porque nos estamos cargando la línea de flotación de nuestra sociedad", ha reclamado Casarrubios, quien ha considerado que "no se puede agredir a quien está educando y encima recibiendo dinero público".
Así pues, el líder del colectivo docente en la provincia toledana ha asegurado que existe reincidencia con padres "que ya han agredido a docentes en casos mediáticos y que han vuelto a amenazar a otros profesores", por lo que ha denunciado que la Administración "tiene que hacer algo, porque la situación no cesa".
En este sentido, recuerdan en nota de prensa, que es "muy significativo" que se hayan registrado en los últimos quince días más de ocho casos en diferentes puntos de la provincia. Señalan así varios centros de Toledo, Talavera de la Reina, Ocaña, Ugena, Belvís de la Jara, Alameda de la Sagra y Carranque.
Una situación ante la que exigen a la Dirección Provincial y a la Consejería de Educación que "den todo el respaldo legal y apoyo necesario a los compañeros agredidos".
En este sentido, y aprovechando este miércoles la visita a Toledo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, desde el sindicato han solicitado que este tipo de agresiones que sufren los docentes no sean juzgadas como una falta, sino como un atentado contra la autoridad pública, tal y como recoge el artículo 550 del Código Penal.
Desde ANPE recuerdan que siempre estarán al lado de los docentes, "defendiendo sus derechos y luchando para prevenir este tipo de acontecimientos tan lamentables", especialmente a través del servicio del Defensor del Profesor.
Un servicio que en Castilla-La Mancha se encuentra en funcionamiento desde el año 2005, a través del cual se ofrece asesoramiento jurídico y psicológico para defender a todos los docentes ante estas situaciones de violencia y conflictividad, como es el caso de un profesor que recientemente ha solicitado ayuda porque "está acobardado, ya que han amenazado de muerte a sus hijos y se encuentra en tratamiento psiquiátrico", según ha contado Casarrubios.
