GUADALAJARA.- Una década de polémica, sentencias judiciales, proyectos de obras a medida y reivindicaciones vecinales en torno al Palacio del Infantado de Guadalajara terminaba este lunes con la compra por parte del Estado -por 853.000 euros, según el dato adelantado por El País- a la Casa Ducal el derecho de uso con reserva de espacio que mediante sentencia judicial se le otorgaba hace diez años.

Se pone así punto y aparte a este ajetreado capítulo en la historia del emblemático edificio que alberga hoy el Museo de Guadalajara, en el que se había proyectado la construcción de un dúplex de lujo para los titulares del ducado valorado en medio millón de euros, con el que el Gobierno de Rajoy pretendía saldar el pretendido derecho de habitación del entonces duque del Infantado Íñigo de Arteaga y Martín.

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Un empeño personal de quien era ministro entonces de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo -también primo del duque-, quien se encontró con la oposición de los vecinos de Guadalajara, la Plataforma Abraza el Infantado y con varios informes negativos en contra -los cuales habían tratado de mantenerse ocultos-, los cuales obligaron al gobierno municipal del popular Antonio Román a negar la licencia de obras hace algo más de año y medio.

Transcurrido este tiempo y con interlocutores nuevos por ambas partes -al frente del Ministerio el socialista José Guirao y por parte de la Casa del Infantado la duquesa y escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar- se ha conseguido finalmente desbloquear la situación y llegar a un acuerdo económico para que el Estado pueda hacer uso de la totalidad del inmueble con pleno derecho.

Una salida que no convence a algunos, quienes consideran que el derecho otorgado en su día a la Casa Ducal era ”retórico” y por tanto no se debía pagar tanto por ello, pero que satisface la reivindicación de un Palacio público y abierto.

Con este acuerdo se pone fin a un largo proceso administrativo y judicial que comenzaba en el año 1960, cuando el Palacio del Infantado fue cedido gratuitamente al Estado -se encontraba entonces prácticamente en ruinas tras haber sido bombardeado durante la Guerra Civil- estableciendo en dicho acuerdo un derecho de uso para la familia.

Años después, ya con el edificio completamente restaurado y convertido en uno de los atractivos de Guadalajara, el entonces duque reclamaba aquel supuesto derecho habitacional, ratificado por sentencia judicial en 2009, y desde el Ejecutivo de Rajoy se asumía sin rechistar la petición, proyectando la construcción de un 'pisito' de 340 metros cuadrados en el torreón emplazado en la zona norte del Palacio, hasta entonces empleada como depósito documental del Archivo Histórico Provincial.

Un dúplex que contemplaba un salón comedor de más de 100 metros cuadrados, dos amplios  dormitorios, cocina, baño y aseo, así como una despensa, trastero y recibidor, complementados con una entreplanta de 80 metros cuadrados. Distribución proyectada atendiendo los deseos de la propia familia del duque, que pretendía utilizar esta vivienda en pleno corazón de Guadalajara con carácter 'ocasional'.

Proyecto que llegó a ser denunciado en el  Senado por el Partido Socialista, pidiendo la reconsideración de una iniciativa que pretendía ahondar en el uso elitista de este inmueble -como ya sucediera con la fiesta privada organizada por el PP en octubre de 2014- y que suponía una nueva hipoteca para el futuro del museo provincial más antiguo de España.

Iniciativas parlamentarias que tampoco llegaron a buen fin, al seguir empeñado el Gobierno del PP en mantener este 'regalo' a la familia del duque.

Diatribas que ahora parecen tocar a su fin con la firma de este acuerdo de adquisición del derecho de uso y vivienda que ostentaba la duquesa del Infantado, que se salda con el pago por parte del Estado de 853.000 euros, cantidad que habría sido fijada mediante la valoración económica del espacio de acuerdo con los parámetros técnicos y oficiales de tasación, contando asimismo con la aprobación, tanto del procedimiento como de la valoración resultante, del Ministerio de Hacienda.

Una cantidad que para algunos podría ser excesiva, al considerar que desde el departamento dirigido por Guirao se podría haber ”apretado” algo más. Una idea sobre la que se ha preguntado a través de las redes sociales la Plataforma Abraza el Infantado -impulsora de numerosas acciones de protesta y movilizaciones para reclamar un Palacio público, vivo y abierto-, que si bien considera una ”excelente noticia” que finalmente se pueda hacer uso de la totalidad del inmueble con pleno derecho sobre el mismo, también plantea si el precio pagado por ello es justo o injusto.

Un montante económico que no será lo único que reciban, puesto que el Ministerio de Cultura acompañaba este acuerdo con el compromiso de reservar un espacio del Museo para explicar y documentar la relación de la Casa del Infantado con el Palacio y la ciudad de Guadalajara.

Tras la firma de este acuerdo, el Museo de Guadalajara, gestionado por la Junta de Comunidades, podrá disponer de la totalidad del Palacio para la programación correspondiente de sus actividades, para uso y disfrute de los ciudadanos, refrendándose como bien patrimonial cultural de todos los españoles y, concretamente, de la ciudad.

Entre los asistentes a la firma celebrada en el Ministerio, se encontraba el consejero de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Ángel Felpeto, quien agradecía al Ministerio y a la duquesa -tal y como señalaban en nota de prensa desde la Junta- este ”esfuerzo de generosidad” con el que se pone fin ”a un conflicto en la ciudad” y posibilita que el Museo pueda ser ”de acuerdo con el futuro Plan Director, un espacio expositivo completo y sin controversias”.