Imagen de julio de 2020, cuando la Policía clausuró un asentamiento de temporeros en Albacete por la covid-19. EFE/Archivo
Publicidad

ALBACETE.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Albacete una organización que se servía de empresas agropecuarias para explotar laboralmente a trabajadores, temporeros del campo, en su mayoría de origen marroquí.

La organización estaba encabezada por dos familias y contaban con el apoyo del responsable de una gestoría especializada en trámites de extranjería, desde la cual presuntamente se captaba a las víctimas.

En el marco de esta operación, que se ha saldado con la práctica de tres registros y 11 detenciones, se ha podido detectar la existencia de casi un centenar de víctimas.

Según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa, las investigaciones daban comienzo en octubre de 2020, cuando se localizaban varios domicilios en un pueblo de Albacete que estaban siendo utilizados para registrar y empadronar a un elevado número de ciudadanos.

Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes pudieron constatar que estas personas eran captadas por el responsable de una gestoría especializada en trámites de extranjería que, en connivencia con dos familias asentadas en la localidad, había utilizado la dirección de un domicilio y de un supermercado, propiedad de esas familias, para inscribir y registrar de manera fraudulenta a casi un centenar de ciudadanos extranjeros. Con esta inscripción y registro se daba cumplimiento a uno de los requisitos necesarios para poder tramitar la regularización de su situación en España.

Asimismo, explica la Policía Nacional, una de las familias investigadas ponía a disposición de la organización tres de sus empresas del sector agropecuario para facilitar contratos de trabajo a esos ciudadanos, cumpliendo así con otro de los requisitos.

Sin embargo, las víctimas eran explotadas laboralmente en fincas de la organización, en las que eran controlados por capataces de su misma nacionalidad.

Detalla la Policía cómo algunos de estos trabajadores se alojaban en las propias fincas, donde vivían en condiciones infrahumanas.

Las investigaciones realizadas llevaron al registro de dos domicilios y una granja porcina, en los que se intervenían 1.100 euros y abundante documentación probatoria, y se procedía a la detención de un total de 11 personas, de las cuales una ha ingresado en prisión. A todos ellas se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, así como pertenencia a organización criminal y falsedad documental, entre otros.