Imagen de archivo de una persona contabilizando dinero en efectivo. EFE

TOLEDO.- El Ejecutivo castellanomanchego ha aprobado un nuevo paquete de ayudas directas para empresas y trabajadores autónomos afectados por la pandemia de la covid-19 por valor de más de 206 millones de euros y a las cuales tendrán acceso cerca de cuatrocientos grupos de actividad.

Una medida a la que ha dado luz verde hoy el Consejo de Gobierno, adelantándose así a que finalice la tramitación en el Congreso del Real Decreto del que emanan estas ayudas directas. Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha subrayado que el Ejecutivo regional "no ha querido esperar" a la finalización de los trámites parlamentarios

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para que esta "ambiciosa" línea de ayudas entre de lleno en el circuito empresarial, de pymes y autónomos de la región.
Una decisión que adelantarse que también han adoptado otras comunidades autónomas, siendo no obstante Castilla-La Mancha, con el decreto aprobado hoy, la que "mayor carácter aperturista" presenta al incorporar 300 grupos de actividad (CNAE) más a los 95 contemplados inicialmente por el decreto estatal.

De este modo, ha subrayado Franco, esta línea de ayudas directas podrá tener como posibles beneficiarios empresas y autónomos encuadrados en un total de 395 actividades, las cuales -ha precisado- se han negociado en el marco del diálogo social, "escuchando las sensibilidades y adaptando nuestro decreto a la realidad del tejido productivo de la región".

En este sentido, la consejera ha detallado algunos de los sectores que se incorporan "de manera novedosa" en Castilla-La Mancha respecto a las indicaciones marcadas en el Real Decreto, entre los que se encuentran los del calzado, el vitivinícola, peluquería estética o las explotaciones ganaderas.

Una ampliación de sectores beneficiarios de estas ayudas en la que además se ha tenido en cuenta el número de trabajadores afectados por ERTE en sus empresas, así como el peso que representan en el tejido productivo de la región. Según Franco, la decisión cuenta "con un amplio consenso" y se ha intentado "dar voz a todos los sectores que lo están pasando mal y necesitan una mirada sensible por parte del Gobierno autonómico".

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, anunciando la aprobación del decreto de ayudas directas. Foto: Esteban González

DE 3.000 A 200.000 EUROS

Respecto a la cuantía de las ayudas, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha recordado que ésta viene marcada por el Real Decreto, el cual establece que oscilarán entre los 3.000 y los 200.000 euros, siendo requisito imprescindible acreditar una caída del 30 por ciento en las operaciones, en el volumen de negocio anual declarado o que se haya comprobado por la propia Administración a través de la declaración del IVA de 2020 respecto a 2019.

Asimismo Franco ha señalado que se establecen dos modelos "bien diferenciados" para acceder a estas ayudas. Por una parte para aquellas empresas o profesionales que decidan aplicar el régimen de estimación objetiva, tendrán acceso a ayudas de hasta 3.000 euros; y por otra, el resto de empresas que acrediten una caída del 30 por ciento en su facturación, las ayudas podrán ser de entre 4.000 y 200.000 euros, modulándose también en función del tamaño.

De este modo, las empresas de hasta 10 trabajadores tendrán ayudas que cubrirán hasta el 40 por ciento de las pérdidas declaradas, mientras que aquellas con más de 10 trabajadores podrán acceder a ayudas que supongan hasta el 20 por ciento de las pérdidas.

Se trata de ayudas finalistas, ha subrayado la consejera, que se abonan de manera anticipada y que podrán dedicarse tanto al pago de deudas como a pagos a proveedores devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Asimismo, también se podrán dedicar a costes fijos, como los salarios, que estén aún pendientes de pago, y a deuda financiera.

Pero recibir estas ayudas también implica una serie de obligaciones para las empresas y profesionales beneficiarios, los cuales según establece el Real Decreto, no podrán repartir beneficios ni este año ni el próximo; deberán mantener viva su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán aprobar incrementos en las retribuciones a la alta dirección de las compañías durante los próximos dos años.

La consejera de Economía ha explicado que en los próximos días se publicará el decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, momento desde el cual se abrirá el plazo de un mes para presentar las solicitudes.

Desde el Gobierno regional esperan que estas ayudas puedan llegar a más de 50.000 empresas y trabajadores autónomos de la región, lo que supondrá "una fuerte inyección a nuestro tejido empresarial" que permitirá afrontar "con mayores garantías" la recuperación.