Condenan al Ayuntamiento de Guadalajara por acosar bajo el mando del PP a una exconsejera socialista hasta hospitalizarla

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reconoce que Araceli Muñoz de Pedro sufrió una "persecución" por parte del Consistorio cuando trató de reincorporarse a su plaza de letrada municipal, teniendo que darse de baja y recibir atención psicológica.
Antonio Román, exalcalde de Guadalajara y actual senador del Partido Popular. ARCHIVO
photo_camera Antonio Román, exalcalde de Guadalajara y actual senador del Partido Popular. ARCHIVO

GUADALAJARA.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha confirmado después de un largo proceso judicial que Araceli Muñoz de Pedro sufrió acoso laboral "por sus ideas políticas" cuando en 2012 intentó incorporarse a su puesto de trabajo como funcionaria en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado entonces por Antonio Román, del Partido Popular.

De este modo, la Sala de lo Contencioso del TSJCM ha condenado al Ayuntamiento de la capital alcarreña a indemnizar con 13.709 euros a la empleada municipal, con plaza fija desde que aprobó una oposición en 1989.

Araceli Muñoz, que actualmente ejerce de consejera en el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, es una conocida política del Partido Socialista. Anteriormente, fue concejal en el Consistorio capitalino, y ejerció en varias ocasiones de consejera en la Junta, ocupando las carteras de Obras Públicas, Cultura y Trabajo. Entre 2008 y 2012 fue subdelegada del Gobierno en Guadalajara.

Aunque la sentencia es del 27 de mayo -y se ha dado conocer esta semana en una rueda de prensa-, los hechos se remontan al año 2012, cuando Muñoz, destacada política del Partido Socialista, dejó sus responsabilidades como subdelegada del Gobierno para volver a su puesto como letrada en el Consistorio. Un asiento que estaba sin ocupar y contaba con una partida económica en los presupuestos.

Fue entonces cuando comenzó una "persecución" por parte del equipo de Gobierno del PP. Según ha detallado, al volver a solicitar su incorporación como letrada en el Ayuntamiento, no fue reincorporada a su plaza. Tampoco se le asignó ningún otro puesto en la plantilla de funcionarios de la Corporación, ni siquiera en aquellos que estaban cubiertos por interinos y donde tenía prioridad.

La sentencia concluye que entre febrero y marzo de 2012, Muñoz "fue aislada, destinada a un puesto inexistente sin carga de trabajo" donde carecía de los medios materiales necesarios para desarrollar su trabajo.

También describe que "el propósito real" del Ayuntamiento entonces gobernado por el PP era "prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda por sus ideas políticas a la corporación".

"MI SALUD SE QUEBRÓ"

Muñoz ha reconocido que estos hechos, además de que el Ayuntamiento quisiera amortizar su plaza de letrada, fueron los que le llevaron a sufrir una crisis de ansiedad. "Ahí fue cuando mi salud se quebró", ha asegurado la funcionaria, que necesitó darse de baja para recibir asistencia psiquiátrica y psicológica.

Posteriormente, mejoró su estado de salud gracias a que la UGT, sindicato en el que está afiliada, le ofreció liberarse y encargarse de los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos. Un apoyo que ha agradecido la organización sindical.

Araceli Muñoz tomando posesión como miembro del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en 2019. Foto: Cortes de Castilla-La Mancha

Muñoz ha señalado directamente al antiguo regidor y a su teniente de alcalde, Jaime Carnicero, como "los detonantes" de sus problemas de salud, por los que incluso acabó siendo hospitalizada.

Desde 2012, ha entablado hasta cuatro procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento, y en todos ellos se le ha dado la razón. Para Muñoz, lo importante de la última sentencia del TSJCM es que se "reconoce" que había sufrido "mobbing" y que obligan a indemnizarla por los daños causados.

Muñoz de Pedro ha pedido al ahora senador -Antonio Román- y al portavoz del PP en Guadalajara -Jaime Carnicero- que se hagan cargo del pago de la indemnización "para evitar una carga al Ayuntamiento" y no sean finalmente los habitantes de la ciudad los que asuman los costes.

Finalmente, les ha instado a reflexionar sobre si forma de actuar "se ajusta a la ética moral que se exige para ejercer un cargo público".

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